El editorial del diario La Nación se ocupó del caso de la finca Tres Pozos. Asegura que los miembros de la comunidad que ocupan las tierras aducen argumentos absurdos, denuncia influencia K y pide el desalojo de los mismos.
El diario fundado por Bartolomé Mitre se ocupó de lo que viene ocurriendo en la provincia y por el cual Juan Manuel Urtubey pidió un jury de enjuiciamiento a la fiscal interviniente. La Nación respaldó el reclamo de las entidades agropecuarias que se mostraron alarmadas por la ocupación en Salta del campo Tres Pozos cuyo conflicto comenzó el 28 de octubre en el campo de 1400 hectáreas del departamento de San Martín donde “una veintena de individuos, que aún permanecen allí, esgrimen argumentos absurdos para reclamar las tierras. “Es de sobra conocida la invocación de títulos supuestamente ancestrales, sobre todo en el sur patagónico, para apoderarse de lo que otros tienen bajo dominio legal argentino”, enfatiza el escrito.
A continuación, el editorialista amplifica las razones de los declarados propietarios de la finca que aducen que no se trata sólo de wichis, sino también de miembros de una comunidad conocida como Wellayec, asentada en territorio boliviano, y que hay, además, criollos involucrados en la operación. Luego el medio recordó que en “nombre de la familia propietaria del fundo, a la que pertenece, Huberto Bourlon denunció el delito en sede fiscal. La actuación de la funcionaria no sólo decepcionó por su lentitud, como suele ocurrir en no pocas situaciones de esta naturaleza; también ha llamado la atención del gobierno provincial, que pedirá el jury de enjuiciamiento para la fiscal Lorena Martínez. Se trata, desde su perspectiva, de establecer si existió de parte de ella incumplimiento «de los deberes inherentes al cargo».
Tras ello, el escrito defiende los títulos de propiedad de la familia Bourlon del que se dice que están en “orden legal como los que le fueron transmitidos hace muchas décadas por la familia Leach, que los poseía desde 1890. Los Bourlon han debido afrontar otros problemas parecidos al actual en los últimos diez años, lo cual no es llamativo a la luz de la política que estimularon no pocos funcionarios del kirchnerismo. ¿Estaría, entretanto, el gobierno de Salta en condiciones de negar que en la provincia se encuentran afectadas a usurpaciones otras fincas rurales, algunas de ellas de verdadera magnitud, cuyos propietarios por alguna u otra razón -la del temor, en primer lugar- no formulan las denuncias pertinentes?”