El recorte de pensiones por invalidez afecta la cobertura de remedios y tratamientos. Las bajas, que aún siguen sin restablecerse en su gran mayoría, generan complicaciones incluso más graves.
El recorte en las pensiones por invalidez no se circunscribe a dejar de percibir 4000 pesos mensuales de la asignación por este derecho, sino que incrementa las barreras para el acceso a la salud. Mientras que el Ministerio de De-sarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, continúa con la purga del padrón y no restablece las más de 175 mil pensiones no contributivas caídas, algunos beneficiarios de esta cobertura por invalidez, que representan el 72 por ciento de los casos, deben afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales. Esto sucede porque al darse de baja o suspenderse ese ingreso, también se interrumpen los planes de cobertura que brinda el Ministerio de Salud, tales como tratamientos de diálisis para las personas con insuficiencia renal crónica y farmacológicos inmunosupresores para pacientes trasplantados. “De no haber sido dadas de baja las pensiones no contributivas, el tratamiento a personas con diagnóstico de esquizofrenia, insuficiencia renal crónica y niños o jóvenes con discapacidad serían cubiertos por el Programa Federal Incluir Salud (PFIS)”, señala un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria.
A partir de distintos programas de inclusión para los más vulnerables, el gobierno anterior había elevado de 350 mil pensiones no contributivas (en su mayoría graciables) que había en 2003 a 1,6 millones a fines de 2015, principalmente mediante la incorporación de personas con invalidez, aunque también de adultos mayores y madres de siete o más hijos. Sin embargo, con el cambio de administración y la decisión de recortar presupuesto en todas las áreas de gobierno, la cartera de Desarrollo Social suspendió y eliminó más de 175 mil pensiones. El primer guadañazo fue el año pasado, con 90 mil pensiones, de las cuales la mayoría pasó a ser baja definitiva.
Se suman 83.133 entre bajas y suspensiones realizadas durante el primer semestre. Desde Desarrollo Social confirmaron que se repondrán las de este año mientras se haga la auditoria, aunque hasta el momento sólo se volvieron a dar de alta 24.600 sobre un total de 175 mil recortes. Las del año pasado no fueron incluidas en la revisión. Según pudo saber este diario, se analizarán casos sólo de este año de hipoacusia, retraso madurativo, VIH, síndrome de down y enfermedades terminales, temas delicados para la opinión pública en un año electoral. Fuentes de la cartera de Stanley no dieron precisiones de si restablecerán todas las pensiones caídas ni de cómo lo instrumentarán.
A partir de los cambios hasta 2015, las pensiones no contributivas asisten en su mayor parte (72 por ciento) a personas con discapacidad. Les siguen las otorgadas a madres de siete o más hijos (22 por ciento), especiales y las graciables (5 por ciento) y por vejez (1 por ciento). Estas últimas se fueron remplazando por otras políticas de inclusión jubilatoria, explicó el presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, Nicolás Kreplak, médico sanitarista y ex viceministro de Salud. En lo que va de este año se registraron suspensiones en enero de 4700 pensiones por invalidez; en febrero hubo suspensiones y bajas a 10.900 y 6700 beneficiarios respectivamente; en marzo, a 7000 y 2000; en abril, a 2900 y 2240; en mayo 13.509 y 5300; y en junio de 13.482 y 2975. En total, son 52.491 pensiones por invalidez suspendidas y 19.215 dadas de baja.
Pese a que el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), Guillermo Badino, justificó el recorte diciendo que existen distintos tipos de discapacidad y que una persona con síndrome de down puede trabajar, el Indec revela otra cosa. El Censo Nacional de Hogares y Viviendas de 2010 asegura que el analfabetismo es tres veces mayor al de la población total, un alto porcentaje de desocupación, y una tasa de fecundidad por encima de la que se presenta para el resto de las mujeres del país, entre otros indicadores. El gobierno también se escuda en un decreto de 1997 para justificar el recorte preventivo mientras exige que se pruebe la situación de indigencia de la familia. No obstante, la población con discapacidad está amparada por un marco superior, de rango constitucional: la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (13 de diciembre de 2006), según señala el informe de la Fundación.
Trasvasando todo marco legal, el gobierno de Mauricio Macri dejó no sólo sin el ingreso de la pensión sino también de cobertura a pensionados por invalidez, sobre los que paradójicamente recayó el mayor recorte, mientras los trámites de alta están casi paralizados.
La titularidad de una pensión por invalidez implica la cobertura médico asistencial por Ley 24.734, que el Estado garantiza a través de la implementación del PFIS del Ministerio de Salud y del PAMI (una proporción menor). El PFIS brinda cobertura con ciento por ciento de gratuidad para todas las prestaciones del Programa Médico Obligatorio, y garantiza el acceso a otras asistencias que son necesarias para el desarrollo de la vida del beneficiario, pero que por su alto costo les resultarían prohibitivas. Por ejemplo, una persona con diagnóstico de esquizofrenia tiene un gasto de bolsillo mensual de entre 16.333 y 39.091 pesos por medicación antipsicótica, psicoterapia individual y asistencia ambulatoria. Una persona con insuficiencia renal debe pagar por mes entre 28.210 y 33.341 pesos por tratamiento de diálisis y transporte, mientras que alguien con discapacidad motriz, sensorial o mental tiene un gasto de bolsillo todos los meses de 22.830 y 38.894 pesos.
De esta manera, las personas con discapacidad no sólo perdieron un ingreso de auxilio sino el acceso a prestaciones de básicas (Ley 24.901) como estimulación temprana, educación especial, servicio de integración en escuela común, rehabilitación profesional y formación laboral, centro de día, centro educativo terapéutico, centro de rehabilitación, residencias, pequeños hogares y hogares, entre otras. Estas prestaciones son requeridas en más de un 70 por ciento por personas de entre 0 y 24 años de edad, y en muchos casos las familias renuncian al ingreso de la pensión pero solicitan que se mantengan estos tratamientos. Según confirmó este diario, el hachazo en las pensiones incluyó en todos los casos la suspensión de estas prestaciones sanitarias asociadas.
Fuente: Página 12