La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario además ordenó al gobierno porteño, que los trabajadores usen cascos para evitar accidentes.
La Justicia rechazó las apelaciones realizadas tanto por el Gobierno porteño como por las empresas de delivery a través de aplicaciones móviles y, en cambio, les dio un plazo para que las partes normalicen la actividad.
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario le dio 60 días a la Ciudad para que se pronuncie sobre el pedido de las compañías para inscribirse Registro Único de Trabajadores en Motovehículos y Ciclorodados (Rutramyc) para conseguir la habilitación para poder prestar el servicio de envío puerta a puerta.
Los camaristas Carlos Balbín, Fabiana Schafrik y Mariana Díaz además instaron al Gobierno porteño para que realice cursos de capacitación para los conductores de las bicicletas y las motos y controle que los mismos circulen con cascos y ropa con bandas reflectivas, según publicó IJudicial, el sitio del Poder Judicial porteño.
En la misma resolución, los magistrados les dieron un plazo de 10 días a los responsables de las apps de delivery para anotarse en el Rutramyc para que las autoridades de ese registro las habiliten a operar en la ciudad de Buenos Aires.
Los camaristas fallaron así luego de que algunas de las empresas realizaron un amparo contra el Gobierno porteño para que el Estado las habilitara a prestar el servicio de mensajería urbana y reparto domiciliario de alimentos a partir de la Ley 5526.
