El principal operador judicial del Gobierno de Mauricio Macri, Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, acusado de la persecución a los accionistas del Grupo Indalo, tiene prohibida la salida del país. Quien impartió esa orden fue la jueza federal, a cargo, María Romilda Servini.
La medida de impedirle salir de la Argentina había sido solicitada la semana pasada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, apoderados del querellante Carlos Fabián de Sousa, víctima de los aprietes que se investigan en este expediente, en el que se encuentran imputados otros miembros de la llamada mesa judicial, como el extitular de la AFIP, Alberto Abad.
Servini consideró que existía «un riesgo concreto de parte del imputado, no sólo de poder sustraerse del accionar de la justicia, basado en los contactos que tiene en los distintos estamentos de poder, y el arraigo en el exterior del país, sino también su intento de entorpecer en su momento el trámite de este expediente», por lo que decidió suspender la salida del país de Rodríguez Simón. Pero la resolución habría demorado demasiado… Rodríguez Simón habría salido del país con destino a Ururguay.
En el texto de ocho páginas, la magistrada explica que «durante la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente en nuestro país, Rodríguez Simón habría viajado a Uruguay, aún con las restricciones que en ese momento estaban vigentes en ambos países, por motivos de trabajo, lo cual demostraría que podía trabajar y tenía arraigo fuera del territorio nacional».
En el expediente «se investigan diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, a cargo de Mauricio Macri por entonces, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional».
En esas circunstancias, «se comprobó que Rodríguez Simón participó de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios, Federico de Achával y Ricardo Benedicto, en las que les manifestó las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno y que, en caso de no ser acatadas les traería consecuencias negativas tanto a sus empresas como a ellos mismos».
La denuncia que dio origen a esta causa fue presentada por De Sousa cuando todavía estaba detenido, al igual que López, cuando el juez Julián Ercolini les adjudicó una maniobra con el impuesto a los combustibles líquidos en relación a su empresa Oil Combustibles, caso que ahora está en juicio. Por este tema, los empresarios estuvieron dos años privados de su libertad.
Cuando Cristóbal López declaró ante la jueza Servini como testigo, describió los aprietes y diálogos incluso con el propio Macri. «Necesito el canal para ir por Cristina», le dijo Macri. «¿Qué significa ir por Cristina?», preguntó López. «Hay que meterla presa», dijo Macri. «No, contés conmigo. No soy amigo de Cristina, pero la aprecio y creo en el proyecto del kirchnerismo», fue lo último que López pudo decirle a Macri, de acuerdo al relato del empresario, que describe un encuentro entre ambos el 25 de octubre de 2015, a las 11 de la mañana, antes de las elecciones.
El primer listado con un entrecruzamiento de llamadas, que son 10.738 en total, que entregó el año pasado la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) a Servini muestra 59 comunicaciones de «Pepín» Simón con el actual presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz (que se extienden hasta 2018 inclusive), 38 con su ex socio en el estudio jurídico, Gabriel Bousat, 17 con el supremo Horacio Rosatti (estos llamados serían en los meses previos a su nombramiento en el alto tribunal), 160 con el exministro de Justicia Germán Garavano, 50 con Presidencia de la Nación, 20 con la secretaría Legal y Técnica, 40 con el ex secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, 18 con el Consejo de la Magistratura (no se sabe aún con cuál de sus miembros), el exjefe de asesores José Torello, 15 con el estudio Tonelli, 140 con un número que estuvo a nombre de la jefatura de Gabinete, que podría haber utilizado Mario Quintana.