La jueza federal María Servini consideró «arbitraria» la intervención del Partido Justicialista en Salta y ordenó restituir a sus autoridades. Sin embargo, el Congreso Nacional del PJ desoyó el fallo y ratificó la medida por abrumadora mayoría.

 

La interna del Partido Justicialista sumó un nuevo capítulo de tensión institucional luego de que la jueza María Romilda Servini declarara la nulidad de la intervención del PJ de Salta. La magistrada consideró que la medida, tomada por el Consejo Nacional del partido en febrero, fue “arbitraria” y carente de fundamentos legales suficientes.

El fallo ordenó restituir de inmediato a Esteban Amat Lacroix y demás autoridades elegidas en 2023 para conducir el partido hasta 2027. Según Servini, no se acreditaron “anormalidades institucionales” que justificaran la intervención, y enfatizó que la potestad de adoptar una medida de esa magnitud pertenece exclusivamente al Congreso Nacional del PJ.

Sin embargo, pocas horas después del fallo, el propio Congreso Nacional del justicialismo, presidido por Cristina Kirchner, convalidó la intervención en una reunión realizada por videoconferencia. La decisión fue respaldada por 453 congresales frente a apenas 38 votos en contra.

Desde el entorno de Amat Lacroix se denunció una maniobra política impulsada desde Buenos Aires para forzar un alineamiento interno en el PJ salteño. El dirigente sostuvo que fue desplazado por haber apoyado a un sector opositor en la interna nacional, a pesar de haber cumplido con todas las obligaciones partidarias.

En la misma sesión del Congreso del PJ se discutieron las situaciones de otros distritos intervenidos, como Jujuy y Misiones, y se aprobó la normalización del partido en Corrientes. También se trataron cuestiones contables y se analizó el pobre desempeño electoral del espacio en varias provincias durante el último mes.

El episodio deja abierta una disputa jurídica y política de alto voltaje. Mientras la Justicia ordena la restitución de autoridades electas, el partido ignora la resolución y consolida una lógica centralista en la toma de decisiones, acentuando las tensiones entre las estructuras provinciales y la conducción nacional.