El ex Subsecretario de Defensa Civil, Víctor Ola Castro, fue imputado por la muerte de los cuatro brigadistas en Guachipas. Otros dos ex funcionarios también siguieron la misma suerte.
Los otros dos funcionarios son el jefe de la Brigada Forestal, Roberto Durnelli; y de Defensa de Ambiente, Víctor Dagúm. La acusación penal sobre ellos y sobre Víctor Ola Castro es por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
FM Profesional informo que tras la reapertura de la causa penal, las fiscales Gabriela Romero Nayar y Mónica Poma reunieron documentación que permitió establecer la comisión de ese delito.
Como se recordará, la investigación se inició tras la muerte de Víctor Humberto Ferreira, Mauricio Miguel Valdez, Matías Daniel Vilte y Martín Robinson Albarracín, quienes murieron en un incendio forestal ocurrido el 28 de octubre de 2014 en el paraje Las Juntas, en la localidad de Guachipas.
Inicialmente, la investigación fue dirigida por el fiscal penal de Cerrillos, Gabriel Portal, quien archivó las actuaciones. Después de la presión de los familiares y un pedido de juicio político que fue desechado, Portal decidió apartarse de la causa. Fue entonces cuando el Procurador General de la Provincia designó a Romero Nayar y a Mónica Poma al frente de la investigación.
“Las fiscales sostuvieron que se pudo establecer que las víctimas fatales del incendio era denominados como “combatientes”. Ferreyra, según lo informado por Ola Castro al Ministerio de Seguridad, era jefe de dicha cuadrilla. Asimismo, las fiscales pudieron determinar que Valdez y Vilte era personal contratado, mientras que los otros dos eran de planta permanente”, precisa la emisora.
Si bien se pudo comprobar, que las víctimas fatales del incendio habían sido capacitadas para combatir incendios, Romero Nayar y Poma determinaron que Valdez y Vilte “aparecen vinculados a la administración mediante contratos de locación de servicios para el Programa de Rescate de Espacios Públicos, también suscriptos por Ola Castro”.
Al examinar los contratos, las fiscales advirtieron que “las funciones asignadas para uno y otro programa son sustancialmente diferentes”. En los casos de Vilte y Valdez, señalaron, se pudo establecer que tenían “como misiones y funciones tareas de desmalezamiento, limpieza y disposición final de la maleza, obligaciones de capacitación y seguridad personas y realizar tareas conjuntas y coordinadas con la Brigada de Incendios Forestales”.
En vista de esta irregularidad, detectada en la documentación que las fiscales reunieron al ser designadas, determinaron que “prima facie” existen elementos para imputar a Ola Castro, Durnelli y Dagúm el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, cuya pena va de un mes a dos años de prisión.
