Mientras Urtubey pretende regalar siete hectáreas a Los Profesionales, el PO repudia los desalojos de originarios en el Norte provincial.
La antítesis es total. Por un lado los legisladores del PO, denunciando el atropello que está a la vista. Por el otro lado el gobernador interpone un proyecto en la Cámara de Diputados, para que dócilmente los legisladores le entreguen -sin costo alguno- al club los profesionales siete hectáreas. Esas tierras parecen ser imprescindibles para cumplir con la necesidad de ampliar una exclusiva cancha de golf. Donde hay una necesidad hay un derecho.
Paralelamente, los troskos repudiaron lo que Cuarto Poder denunció semanas atrás, a través del ejercicio de la Libertad de Prensa.
Los diputados denunciaron el desalojo de la comunidad “El Quebracho”, del Pueblo Weenhayek, de tierras que ancestralmente ocupan. El verdadero drama del interior salteño, donde los pueblos originarios, arrancados de sus tierras, recuerdan a los brasileños de aquel «Movimento dos Trabalhadores Rurais», que conmovía con el rostro de sus niños descalzos.
El reclamo de los legisladores del PO fue que se haga efectivo el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, tanto de los desalojados, como de otras 26 comunidades que en su mayoría tiene tenencia precaria de la tierra.
Como siempre ocurre en estos casos el IPPIS, no sabe no contesta, cuando debiera encabezar los reclamos de los Pueblos Originarios.
En un comunicado el PO destacó: “que una vez más la justicia salteña viola y desconoce el derecho colectivo de los Pueblo Originarios establecido en la Constitución Nacional, la Ley N° 26160, que fue sancionada en 2006 y publicitada como parte de la “reparación histórica” para los pueblos originarios (freno a los desalojos y censo catastral de territorios indígenas), el Convenio de la OIT y la declaración Universal de los Derechos de los Pueblo Indígenas de las Naciones Unidas. Que esta medida tomada por el Estado provincial pone en evidencia la orientación social de quienes gobiernan. Pues mientras cientos de familias son desalojadas de sus tierras, en forma inmediata, estos latifundios se convierten en productores de materias primas, como la soja y el poroto en beneficios de unos pocos o son objeto de la especulación inmobiliaria”.
Por último el documento político denuncia que “lo que está sucediendo con las comunidades “El Quebracho” solo sería una decisión ejemplificadora para el resto de las 26 comunidades ubicadas sobre la ruta 86, ya que la mayoría de ellas solo poseen un “comodato» con plazos establecidos y en algunos casos vencidos, lo que demuestra la precariedad en las que se encuentran sobre la tenencia de la tierra. De allí la necesidad de la unidad y organización de todas las comunidades originarias y de los vecinos en general que tienen irresuelto el problema de la tierra y la vivienda”.