El conflicto habitacional en Anta que derivó en la toma de tierras de una multinacional española tocó una fibra sensible del romerismo. Por tradición ideológica o interés empresarial, cuando se trata de tierras el clan Romero muestra los dientes. (Nicolás Bignante)

 

Cuando el apellido Romero aparece ligado a algún asunto relativo a tierras el desenlace parece cantado de antemano. Más aún, si en el medio afloran sospechas de negocios e intereses de vieja data. El conflicto por la ocupación de tierras pertenecientes a la firma La Moraleja S.A. en el municipio de Las Lajitas y las consecuencias derivadas de la misma, parecen encuadrar perfectamente en la descripción. 

El nerviosismo y la irritación romerista resultan bastante sencillos de palpar en las páginas del matutino de mayor tirada provincial. Su cada vez menos habitual tono denunciante reaparece excepcionalmente en ocasiones en que las necesidades ambientales, habitacionales o sociales se interponen al desenvolvimiento del negocio familiar. Extensas editoriales y notas de opinión en abierto apoyo al desmonte indiscriminado constituyen un claro ejemplo de ello.

Fue así que en la semana que pasó, el diario del clan Romero se ocupó con entusiasmo de denunciar la toma de unas cinco hectáreas en Las Lajitas por parte de 350 familias sin techo. Al margen de las siempre presentes maniobras punteriles, la realidad se corresponde con el enorme déficit habitacional del departamento de Anta y de la provincia en su conjunto, estimado según las proyecciones estadísticas en 72 mil familias. 

Pero ocurre que, en el caso citado, no se trata de terrenos cualquiera. Pertenecen nada menos que a la segunda firma agroindustrial más importante de la región y a la sexta a nivel país. Un latifundio de casi 300 kilómetros cuadrados dedicados al cultivo hortofrutícola que exporta sus cítricos a la Unión Europea y que mantiene un supercontrato con Coca-Cola por un periodo de 20 años para suministrarle jugo de limón. La relación de la firma europea La Moraleja S.A. con la familia Romero quedó expuesta en las portadas de los principales diarios españoles en 2013, durante el escándalo por lavado de dinero que involucró al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. 

A ocho años de aquella revelación, que incluyó amenazas por parte del senador a medios locales que replicaron la noticia, el clan Romero da una nueva muestra de que las preocupaciones del emporio español pueden también ser las propias. Al menos así lo reflejaron los escribas del matutino familiar en un artículo titulado: «vergonzoso accionar político tras una usurpación en Las Lajitas», en el que se apunta a dos legisladores del Partido Justicialista como instigadores de la toma: el diputado Marcelo Paz y el senador Marcelo «Teno» García. Según se afirma en la publicación, «se los ve a ambos en el asentamiento, sobre un escenario y con altavoces, hablando de garantías y soluciones habitacionales para la gente que se agolpaba en el lugar». En tiempo récord, el episodio que bien pudo encuadrar en el deber elemental de los representantes de tomar contacto con los reclamos populares, quedó en manos del Ministerio Público. 

A escasas horas de que el diario de la familia Romero publicara una suerte de escuchas a los dirigentes mencionados, la Delegación de Fiscalía Penal de Las Lajitas tomó intervención y citó a los legisladores a una audiencia de imputación. 

«Nos parece que es intempestivo el llamado a la audiencia de imputación en base a versiones periodísticas. En ningún momento es instigador ese audio. Nosotros fuimos elegidos por el pueblo y tenemos la obligación de escuchar a esta gente», manifestó a este medio el senador Marcelo García. «La gente nos envió mensajes y nos llamó para hablar y pedirnos una solución. De esta manera nos acercamos recién el sábado a la noche. Planteamos que la solución sería la compra de los terrenos por parte del gobierno y si no hay acuerdo o la empresa no quiere vender, habría que hablar de una expropiación. Yo presenté el proyecto el día martes y la diputada Navarro, que también se apersonó en el lugar, lo presentó el día lunes en la cámara de diputados», narró el legislador. 

Curiosamente, sólo dos de los cuatro dirigentes que se hicieron presentes en la toma fueron llamados a la audiencia de imputación. La citación no llegó a los diputados Pedro Sandez (8 de octubre) y Alejandra Navarro (ex Partido de la Victoria y actual candidata de Unidos por Salta, frente del que también forma parte Juan Esteban Romero). «Los cuatro legisladores nos presentamos ahí, todo lo que se habló está filmado, pero resulta que a los que se acusa de instigadores de la toma de terrenos es a los legisladores del PJ», agregó García. 

 

Exprópiese

 

Con un proyecto de expropiación esperando a ser tratado en la legislatura, la empresa de capitales españoles prometió la cesión de 5 hectáreas, con la condición del desalojo absoluto del predio. De concretarse, la donación se haría a la municipalidad, que además deberá lotear y sortear los terrenos, así como realizar la apertura de calles y la tramitación de servicios de electricidad y agua.

Sin perjuicio de ello, la iniciativa de los legisladores anteños deberá ser analizada por el senado y propone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción del inmueble identificado con matrícula N° 18.002 del departamento de Anta, para ser destinado exclusivamente a la adjudicación de lotes a familias de escasos recursos.

Además, delega en la Dirección General de Inmuebles la mensura, desmembramiento y parcelación del inmueble; en el Instituto Provincial de vivienda la verificación del cumplimiento de los requisitos de los adjudicatarios y dispone que los inmuebles se escrituren a favor de éstos a través de Escribanía de Gobierno. 

 

Romero y La Moraleja

 

A comienzos de 2013, los diarios El País y El Mundo de España plasmaron en sus portadas los lazos que presuntamente vinculaban al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, actualmente condenado a 29 años de prisión por corrupción, con el fundador de finca La Moraleja S.A. Ángel Sanchís Perales. El primero llevó las cuentas del partido de José María Aznar hasta 2009, mientras que el segundo fue diputado por Valencia en la denominada Alianza Popular, un frente electoral de orientación franquista. 

En el marco del escándalo por la investigación penal que llevaba adelante la justicia de España por desvíos millonarios de fondos del Partido Popular, se abrieron sospechas en torno a una empresa del ex-gobernador Romero. Se trata de la Compañía Agroindustrial Iberoamericana S.A., una firma que los Romero constituyeron en Madrid, España, y que aparece como una de las tres sociedades de Estancia El Carmen S.A., la empresa receptora de todos los negociados que involucran al ex gobernador con tierras del estado. En el país europeo se sospecha que la firma fue creada para poder sacar el dinero acumulado tras numerosas operaciones inmobiliarias que perjudicaron a la provincia. El domicilio fijado por la familia Romero para la empresa fue Lavalle 86, donde también funcionan: Fideicomiso Inversores Noa, MJM Consultores, Romar Inversiones S.A., Constructor del Valle S.A. y Estancia de Cafayate S.A., todas ellas del grupo Romero. 

La publicación de El Mundo recuerda que el exgobernador de Salta, Juan Carlos Romero, «hizo asfaltar toda la carretera frente al cortijo, siempre rodeado por vigilantes jurados armados». Recuerda también los lazos que vinculan a Romero con el Partido Popular y el hecho de que el exmandatario salteño fue invitado «varias veces» por la fundación Ortega y Gasset en Madrid.

De acuerdo a la investigación de la justicia española, Bárcenas y Sanchís llevaron a cabo «una mezcla de capital» en las cuentas de la empresa La Moraleja para ocultar unos seis millones de euros en Estados Unidos. Sanchís, en su indagatoria, apeló a un increíble argumento: afirmó que las transferencias correspondían al pago de un asesoramiento de Bárcenas para la venta a nivel mundial de los limones que se cosechan en La Moraleja.