Oscar Ossola afirmó que el Obispo recibía solo $50,000 al mes como sueldo del gobierno nacional.
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció el pasado martes la conclusión del «proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares» a los fondos establecidos en la ley 21.950.
Esta ley, promulgada en 1979, establece que los «arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías (circunscripción territorial bajo la autoridad de un obispo) y exarcados (territorios) del Culto Católico Apostólico Romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos».
Durante el gobierno de Mauricio Macri, y por iniciativa de Marcos Peña, se llegó a un acuerdo con la institución religiosa para llevar a cabo una renuncia progresiva a los aportes estatales que establecía esta ley.
En cuanto a los números en Salta, el vocero de la Iglesia comentó: “En Salta el impacto es mínimo porque en el mes de diciembre se recibieron alrededor de 180 mil pesos en la Arquidiócesis de Salta, incluyendo el sueldo del obispo que no llegaba a los 50 mil pesos, 10 seminaristas, por los cuales se aportaba también creo que 4.500 o 5.000 pesos o sea que 50 mil pesos mensuales y parroquias de frontera, más carenciadas y ahí era un poquito más, que tampoco superaba los 10 mil pesos para cada parroquia”, explicó al Nuevo Diario el portavoz de la Iglesia sobre el impacto de la medida.
Oscar Ossola indicó que desde ese año se han llevado a cabo campañas dentro de la comunidad católica para desmitificar la idea de que el Estado Argentino sostiene económicamente a la Iglesia Católica.
“Esto es absolutamente falso, estos aportes, como estamos indicando, es mínimo lo que se daba y era exclusivamente para esos tres grupos. El 95% de las parroquias de Salta no reciben absolutamente nada del Estado, solo ese porcentaje mínimo de las de frontera”, afirmó el párroco, entrevistado por El Nuevo Diario.
En cuanto al funcionamiento previo de este sistema, Ossola afirmó que el aporte mayor que se percibía correspondía a los obispos, que no llegaban a 140 en todo el país. En el caso de los seminaristas, afirmó que sus haberes eran equivalentes a los de los trabajadores estatales en el escalafón más bajo.
El padre hizo hincapié en que, desde la discusión sobre la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se ha trabajado en desmitificar ciertos mitos en torno a los fondos que ingresan a la Iglesia.
En ese sentido, desmintió que el Estado argentino pague a la institución por cada uno de los bautizados que se registran en la fe cristiana, una información que destacó se difundió a partir de partidos políticos de izquierda.
“Se quiso mostrar con mentiras que la iglesia tiene una situación privilegiada”, manifestó el portavoz católico.