Trabajo precario y violencia laboral son parte del combo que les toca vivir a las y los trabajadores de la Secretaría de Trabajo de la provincia. El Director de Fiscalización y Control, Diego Leyria, y el Director de Inspectores, Miguel Makluff, se encuentran en el ojo de la tormenta. Exigen que sean removidos o bien que presenten sus renuncias.

                                                                                                       Por Marco Gotte

Tres delegadas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Secretaría de Trabajo han hecho público este mes un petitorio donde demandan al Ejecutivo provincial que resuelva una serie de situaciones laborales irregulares en esta dependencia estatal. En su momento trabajadoras y ex delegadas de la Unión de Trabajadores del Personal Civil de la Nación (UPCN), impulsaron medidas similares.

Lo cierto es que el hartazgo entre las y los trabajadores de las oficinas de calle Simón Bolívar, entra en momentos de ebullición más o menos de manera cíclica y no es para menos con los maltratos a los que son sometidos por parte de sus superiores inmediatos.

“Somos todos los trabajadores los que estamos cansados de esta situación, nos organizamos en la Asamblea de los Trabajadores de la Secretaría de Trabajo y Empleo, participamos más, participamos menos, pero todos queremos que se termine esta situación, tanto la que tiene que ver con Leyria y Mackluff, que están dónde están porque son personal de planta política, y que exigimos que sean removidos; pero también queremos que se solucione la situación de los que están contratados o no están en planta permanente” nos plantea una trabajadora que prefirió mantenerse en el anonimato.

Paradójica-mente la dependencia del Estado provincial que se supone debiera combatir el trabajo en negro y precario en el ámbito privado, en su propia planta de 140 empleados registra por lo menos a unos 26 de ellos en condiciones de precariedad.

En el documento difundido recientemente desde la Asamblea de Trabajadores plantean que “hay 4 inspectores de Higiene y Seguridad que son monotributistas. Cobran sueldos más bajos que los que fija la escala salarial para igual tarea. Desde diciembre de 2018 no se les renovó el contrato, a pesar de que continúan cumpliendo su función por menos sueldo y sin cobertura de ART”.

Por otra parte, señalan que alrededor de 18 trabajadoras que se desempeñaban con anterioridad en programas sociales como el “Ellas hacen”, o “Ellas trabajan”, no se les permitió rendir su pase a planta permanente en 2015 pese a que se les había prometido. Además, otros cuatro trabajadores tendrían designación temporaria con contratos que se les renuevan cada cinco meses.

“También solicitan la adecuación de una tasa arancelaria de trabajos internos”, nos señala otra trabajadora y ex delegada gremial y nos explica que la otra parte del petitorio tiene que ver “con denuncias que se fueron acumulando y que vienen de hace unos seis o siete años”.

Denuncias por violencia laboral y por violencia de género que involucran como victimarios al contador Diego Leyria y Miguel Makluff, y como víctimas a trabajadoras y trabajadores bajo su supervisión.

Detrás de estas denuncias hay unes nueve trabajadores, que sumados a los demás presentan una situación que no es nada alentadora: se conocen por lo menos 35 trabajadores sobre un total de 140, que tienen condiciones de trabajo precarias y/o han sido violentados por sus superiores.

Como si fuera poco, los victimarios gozan de impunidad para manejar a su antojo las relaciones al interior del organismo: “que le hagamos todas las denuncias que queramos porque a él lo protege un alto Funcionario de Gobierno”, señalan los trabajadores que habría declarado el mismísimo contador Leyria, y según manifiesta una fuente off the record nuestro funcionario estrella estaría amparado bajo las alas del Jefe de Gabinete y pre-candidato a gobernador, Fernando Yarade.

Lo que callan las paredes

“Diego Leyria y Miguel Makluff tienen desde 2012 a la fecha 9 denuncias y son encubiertos por Funcionarios de su gobierno”, reza el cartel que está pegado en el ingreso a la secretaría. Según informan los trabajadores, Leyria que viene de desempeñar tareas en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), también administra las finanzas del Sindicato Único de Trabajadores de Control, Admisión y Permanencia de la República Argentina (S.U.T.C.A.P.R.A). “Ellos toman muchos servicios de seguridad en los eventos que organiza el Estado, por eso creemos que Leyria tiene vínculos estrechos con funcionarios del gobierno provincial”, señala nuestra fuente.

Federico Lobos Albornoz es el Representante General del S.U.T.C.A.P.R.A y según trazan nuestras fuentes el sindicato que dirige se encontraría alineado con las 62 Organizaciones Peronistas, lógicamente en el sector dirigido por Gustavo Sotos de U.P.C.N, que como ya reseñamos en un número anterior de Cuarto Poder, es el ala urtubeycista del sindicalismo local.

1 Comentario

  1. TODAVIA EL SR. MAKLUFF SIGUE EN LA SECRETARIA EN UN LUGAR DE ARCHIVO ESCONDIDO!!!! DEBERIAN DESPEDIRLO POR TANTA VIOLENCIA DE GENERO Y JUSTICIA CON EL MAFIOSO DE LEYRIA!!!!

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