En Las Lajitas una niña es obligada a maternar y Mariana Reyes manifestó que es la menor la que “quiere continuar con el embarazo».
La Supervisión de Salud Adolescente del Ministerio de Salud de Salta registró que hasta julio último se registraron 122 niñas y adolescentes de hasta 15 años que están llevando adelante embarazos. En el norte salteño se notificaron 71 casos. Sin embargo son datos parciales por lo que las cifras serían mucho mayores.
Uno de los casos que tomó notoriedad pública hace semanas fue el de una niña de 12 años de Las Lajitas, en el departamento de Anta, que no contó con la correcta aplicación del protocolo de la ILE. El caso pudo conocerse gracias a la intervención de militantes feministas del lugar que alertaron sobre la violencia que padece la menor hoy cursando un embarazo producto del abuso de un hombre de 27 años.
Pese a la compañía de las militantas, se supo que la niña recibió nulo acompañamiento de los organismos encargados de velar por los derechos de las mujeres en la provincia.
Por otro lado feministas alertaron que desde un primer momento la Secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes estuvo al tanto del caso, también informaron que profesionales de salud de la zona se manifestaron objetores de conciencia y maniobraron para que la niña continúe con la tortura de maternar a los 12 años.
Para avalar la negativa que existe aún en Salta en el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo, la secretaria Reyes manifestó en una nota en el diario de Romero (quien votó en contra del proyecto de Aborto legal) que en la provincia es un derecho que está vigente más allá que Salta no haya adherido al último protocolo del Ministerio de Salud de la Nación.
Dijo además que fue la niña, en absoluto estado de vulnerabilidad, quien decidió continuar con el embarazo.
Cerrano siempre del lado del bien
Fue la senadora MC Gabriela Cerrano quien salió a criticar duramente las palabras emitidas por Reyes: “Para la Secretaría de Derechos Humanos, las que naturalizan la maternidad infantil son las propias niñas. Esta barbaridad fue expresada por la secretaria Mariana Reyes en una entrevista al Tribuno el 11/10, cuando le consultaron por el caso”, señaló.
“La intervención de la asesora de menores, la psicóloga y las responsables del área de la mujer de Quebrachal y de Joaquín V González, también fue en el mismo sentido de los objetores, porque concluyen en que la niña habría manifestado que quiere continuar con el embarazo y no vieron que la niña, además, vivía en un contexto de violencia familiar. Su padre fue excluido del hogar por darle una paliza días después de dar la conformidad para que su hija continúe con el embarazo.
Los que naturalizan la maternidad infantil son los funcionarios del Estado que intervinieron en este caso, no la niña. Una niña violada por un adulto, violentada por miembros de su propia familia, profesionales médicos y funcionarios objetores, no tiene la posibilidad de decidir libremente la maternidad. Si incluso le ocurriera a una mujer adulta, eso implicaría ir en contra de todo su mundo y del Estado”, mencionó.