Tras el anuncio macrista de eliminar las retenciones a las mineras, empresas de Japón, Francia, Corea, China y Australia proyectan instalarse en Salta, Jujuy y Catamarca. «La guerra del litio» afectará a las comunidades originarias.
“Más allá de los eufemismos, en las últimas semanas se potenciaron las señales de inversores extranjeros para la para el desarrollo de proyectos mineros en Salta, Jujuy o Catamarca enfilados específicamente hacia un producto muy apreciado por la industria mundial: el litio”, informa el diario La Nación en su edición de hoy.
El anuncio que desató ese proceso fue el del 12 de febrero pasado cuando Mauricio Macri anunció la eliminación de las retenciones a las exportaciones en el sector minero e instó a «desarrollar» la producción.
Ante ello, empresarios de Japón, China, Corea del Sur, Australia y Francia, entre otros, libran una guerra silenciosa que se desató por un producto que se usa como materia prima para la elaboración de baterías de celulares, automóviles a electricidad y aparatos electrónicos.
Según pudo saber LA NACIÓN, el Presidente recibió el lunes pasado a empresarios de la gigante surcoreana Posco que prometieron una millonaria inversión en Salta para los próximos 10 años con la intención de extraer 40.000 toneladas de litio. Pero el de Corea del Sur, no fue el único gesto que recibió el Gobierno del sector minero mundial: también hubo contactos recientes de la Casa Rosada con empresarios japoneses y australianos de la empresa Orocobre Limited que desarrolla proyectos de producción de litio para Toyota Tsusho y Jemse en Jujuy. Además, un grupo de empresarios jujeños se reunió hace 10 días con el embajador de China, Yang Wanming, con la idea de desarrollar un proyecto minero conjunto.
La visita del presidente de Francia Francoise Hollande que llegará pasado mañana y se reunirá con Macri también trae novedades en materia minera. En la comitiva francesa hay empresarios del grupo minero francés Eramet, que en sociedad con la empresa pública argentina Remsa de Salta prevé invertir 260 millones de dólares en un yacimiento de litio.
“Según estimaciones de la Secretaría de Minería, en la Argentina habría más de 128 millones de toneladas de carbonato de litio para la producción de baterías de litio. Basta un ejemplo para graficar la dimensión de este negocio: con la producción de litio en la Argentina en los próximos cuatro años la industria japonesa abastecería casi toda su demanda para la producción de baterías para celulares y autos eléctricos en todo el mundo”, precisa el medio nacional.
Hay otras razones de peso que exceden a Macri en esta suerte de guerra por el litio. Una de ellas tiene que ver con que la explotación del litio a privados no está autorizada en Bolivia por el rechazo que hubo de las poblaciones del Salar de Uyuni y por la política nacionalista de Evo Morales. Y Chile no entrega más concesiones de litio al momento. “Así, la Argentina quedó como el país más apetecible de atraer inversiones en el denominado «triangulo del litio» del mundo”.
Entre las provincias involucradas se destaca la nuestra por el intento de atraer inversiones. El secretario de minería de Salta, Ricardo Salas, expresó a LA NACIÓN que «más allá de las leyes nacionales que se deben cumplir, Salta cuenta con un programa de acompañamiento a las empresas que buscan invertir en litio». Así, Salas destacó que en Salta la empresa pública Remsa aporta concesiones mineras que posee y acordará la oportunidad de completar los trabajos exploratorios y pasar a la etapa de producción con una participación en la rentabilidad del negocio.
Desde Jujuy, el gobernador Gerardo Morales dijo a LA NACIÓN que su provincia ofrece beneficios impositivos en los primeros años y el Estado comparte negocio con algunas empresas. A la vez, Morales dijo que en los próximos años se van a liberar más zonas de extracción de litio en Jujuy.
Claro que no todo brilla en medio del mundo del litio. Además de los reclamos ambientalistas que elevaron varias ONGs, existen problemas sociales con las comunidades indígenas que se encuentran cerca de los salares donde las empresas extranjeras ya están asentadas o tienen proyectos por desarrollar. Este tema puede tornarse un dolor de cabeza tanto para el Gobierno como para los empresarios ávidos de ganancias. Una de las demandas ya llegó a la Corte.