El juez Daniel Rafecas los embargó por $1.000.000. El primero en sospechar fue el gobernador de Salta, quien luego advirtió a un funcionario nacional, cuya identidad también era usurpada.

El diario Infobae publica hoy una historia que podría parecer, tranquilamente, un episodio de Los Simulares: dos personas mandaban mensajes de WhatsApp y audios a distintos dirigentes políticos del peronismo a los que les recomendaban a dos “operadores políticos”. Los mensajes eran enviados como si fueran Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro. Y las recomendaciones eran para que los contrataran a ellos: Rubén Camargo y Gustavo Laureiro.

Ni Máximo y Wado sabían nada de esto.

Los estafadores son vecinos de Escobar. Tienen 56 y 61 años respectivamente. Camargo alguna vez fue empleado de la Municipalidad de Escobar. Laureiro trabajó en una época en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Eran amigos, se distanciaron y hace unos años volvieron a verse. Ambos tenían contactos con diferentes dirigentes del Frente de Todos. Ambos fueron procesados por el juez Daniel Rafecas porque se hicieron pasar por el diputado nacional y el ministro del Interior para conseguir “ventajas políticas y económicas”.

La denuncia fue presentada por el ministro del Interior en mayo de 2020 luego de que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, le preguntara cuál era el número de teléfono de Máximo Kirchner. La pregunta se fundó en que había recibido mensajes, teóricamente del diputado del Frente de Todos, para que recibiera a dos personas de su confianza. Había comenzado allí una clásica comedia de equivocaciones, montada para hacer negocios políticos.

El supuesto Kirchner le había dicho a Sáenz que iba a recibir un mensaje de Sergio Lanziani quien fue secretario de Energía hasta agosto de 2020. Sáenz recibió el mensaje de Lanziani que decía que los recomendados por Kirchner también estaban respaldados por de Pedro.

Ante lo informado por Sáenz, de Pedro llamó a Lanziani quien le ratificó que le había mandado un mensaje al gobernador salteño para recomendar a los dos “operadores políticos”. Lo curioso es que Lanziani le dijo a de Pedro que había recibido un mensaje de quien él creía que era de Pedro y que avalaba el contacto. Es decir que de Pedro se enteró que un falso de Pedro había dado su bendición para que a través de Lanziani el salteño tomara contacto con los recomendados.

Cuando de Pedro le explicó a Lanziani que no era él quien le había mandado esos mensajes, el ex secretario de Energía le dijo que había tenido varias comunicaciones con ese número. Y al indagar un poco más se dio cuenta de que el mismo número correspondía a (los falsos) De Pedro y Kichner. Es decir que los impostores habían hablado durante meses con Lanziani.

De Pedro hizo la denuncia que le tocó por sorteo al juez Rafecas quien delegó la investigación en la fiscalía a cargo de Federico Delgado. Se produjeron allanamientos y cruces telefónicos. Cuando pidió las indagatorias de los imputados Delgado había comprobado que las gestiones de los falsos Kirchner y de Pedro habían rendido sus frutos.

Según se determinó en la investigación, el intendente de Zárate, integrante del Frente de Todos, Osvaldo Caffaro, de estrecha relación con Lanziani, había contratado a la consultora “Cónsul Nacional”, perteneciente a Laureiro, para las elecciones generales del año 2019. El municipio de Zárate a su vez contrató a Camargo como asesor para el programa de reordenamiento de los Jubilados y de quienes perciben Asignación Universal por Hijo. En tanto la secretaría de Energía, cuando estaba a cargo Lanizani, cedió 100 camas durante la pandemia en favor de la sede de Nucleoléctrica Argentina S.A. situada en Zárate, en un acto al que asistieron los imputados. Finalmente, a partir de las recomendaciones que luego se supieron que eran falsas, Lanziani entregó credenciales de la secretaría de Energía y permisos para circular durante la pandemia a los dos imputados. También había empezado un proceso para contratarlos.

Luego de enumerar todas las pruebas halladas en la investigación el juez concluyó que: “…de acuerdo con todo lo expuesto, puede tenerse por acreditada la modalidad de acción de los imputados, consistente en comunicarse con importantes actores políticos a nivel municipal o nacional, haciéndose pasar por un funcionario público de alto rango en el Gobierno Nacional, a los efectos de solicitar reuniones/peticiones/otorgamiento de cargos y/o credenciales, siempre en favor de ellos mismos, es decir, Laureiro y Camargo”.

Rafecas les fijó un embargo de $ 1.000.000.