Después de la muerte de Thiago y el asesinato de Anahí, el gobierno le sacará a Marianela Cansino la Dirección General de Niñez y Familia que pasará a depender del Ministerio de la Primera Infancia con el rango de Secretaría. Breve reseña de los casos que conmocionaron a la provincia y desnudaron la falta de gestión.

La Dirección General de Niñez y Familia ya no depende de Derechos Humanos. Marianela Cansino se queda sin una de sus patas más flojas, que evidenciaban lo que los propios trabajadores de esa cartera califican como la peor gestión de los últimos años en el Ministerio. El caso de Rebeca Anahí Girón fue la gota que rebasó el vaso y aunque la renuncia de Cansino que muchos reclaman no llega, sí se confirma que la Dirección General de Niñez y Familia deje depender de Cansino.

La intención del gobernador sería que la Dirección que dependía del ministerio de Derechos Humanos que conduce Marianela Cansino, pase a depender ahora del Ministerio de la Primera Infancia a cargo de Carlos Abeleira y tenga el rango de Secretaría de Niñez y la Familia. Sobre la persona que ocuparía ese organismo, las versiones indican que recaería en el concejal electo Gustavo Serralta conocido en el ámbito político por su cercanía con Carlos Abeleira.

Lo seguro, hasta ahora, es que el anuncio es un reconocimiento a los graves problemas de gestión de la que adolece el ministerio de la contadora Marianela Cansino. Conviene recordar el respecto que en menos de tres meses fallecieron dos personas que dependían de Niñez y Familia. Si bien los casos fueron diferentes (Thiago Quipildor murió por una enfermedad, Anahí Girón fue asesinada), distintos informes publicados por Cuarto Poder revelaron irregularidades que podrían haber contribuido a los trágicos desenlaces.

Entre sus objetivos, la Dirección debe planificar, ejecutar y evaluar las políticas concernientes a la niñez, adolescencia y familia, teniendo como eje central de sus acciones a la Ley Nº 26.061 de Protección Integral. Posee programas y subprogramas, entre los que se encuentran Centros de Inclusión Transitoria, Centros de Desarrollo Infantil, Fortalecimiento Familiar y Comunitario y Sistemas Alternativos.

Un informe interno del Ministerio de Derechos Humanos actualizado hasta junio de este año, revelado por Cuarto Poder en julio, daba cuentas de las irregularidades y las necesidades de los empleados de Niñez y Familia. Allí se revelaban las diferentes falencias de la Dirección y se advertían las dificultades que atraviesan los empleados para poder cumplir los objetivos planteados. El texto anticipó, de alguna manera, lo que sucedió con Thiago. La falta de recursos, de personal y de respuestas parecieran justificar lo que se dice puertas adentro del Ministerio: la gestión de Marianela Cansino es la peor de los últimos años.

Sistemas Alternativos, el subprograma que asistía a Thiago y en el que todavía se encuentran sus tres hermanos, es el encargado de proporcionar a los niños y adolescentes una permanencia temporal en ámbitos familiares llamados Pequeños Hogares. Tras la separación del cargo de los equipos técnicos señalados como responsables, todos los casos quedaron a la deriva hasta que se designaron nuevos profesionales que tienen contrato hasta diciembre de este año.

Hasta la muerte de Thiago, ocurrida el 8 de julio de este año, el subprograma contaba con cuatro profesionales para atender a 160 chicos distribuidos en distintos lugares de la provincia. Un promedio de 40 personas por profesional.

Sistemas Alternativos, según se señala en el texto, contaba con “reducido personal” desde 2013. En 2009 había cinco psicólogas y cinco trabajadoras sociales, además de un equipo técnico destinado a Tartagal. En el informe se remarcaba la necesidad de cubrir los cargos de profesionales, designar especialistas en los hogares del interior y conseguir vehículos para tener una movilidad acorde sin estar sujetos a la disponibilidad de los autos y camionetas del Ministerio, que en muchas oportunidades están detenidos durante casi todo el día, a disposición de funcionarios de mayor peso.

“Desde el subprograma se realizaron acciones y medidas paliativas que son a corto plazo y con desgaste de los adultos responsables, ya que la problemática de base -económica y de recurso humano- no depende de este subprograma. Es necesario tomar medidas reales y efectivas para garantizar el adecuado funcionamiento de los dispositivos, ya que de continuar con la problemática del recurso humano, es imposible continuar sosteniendo los Pequeños Hogares”, finalizaba el análisis sobre Sistemas Alternativos.

Según el informe, otro subprograma, el de Centros de Inclusión Transitoria (CIT), cuyo objetivo es brindar atención y espacio a víctimas de abuso, violencia, abandono y otros casos de vulnerabilidad, alberga a 105 niños, niñas y adolescentes que están distribuidos en ocho hogares de la ciudad y son asistidos por 15 profesionales. Cada lugar cuenta con un licenciado en Trabajo Social y un licenciado en Psicología, excepto la residencia “Encuentro”, que trabaja con 11 adolescentes varones y posee un solo profesional. Cinco hogares sobrepasan su capacidad: uno tiene la cantidad justa de chicos y dos aún poseen vacantes. Ninguno tiene un responsable institucional. El promedio general es de 7,13 chicos por profesional. En el Hogar Cuna, donde hay 35 niños entre 0 y 6 años, el promedio es de 14/1. Aunque no figure en el informe, se sabe que existe una operadora con quince bebés a cargo, cuando debería ser una cada dos.

Los ocho CIT cuentan con 84 operadores repartidos en tres turnos, los siete días a la semana, durante las 24 horas. Se trata de un número escaso de trabajadores según el informe, que expresa: “Se considera necesario contar con más agentes por dispositivo para dar respuesta y no alterar el normal funcionamiento del mismo. Se hace notar que los CIT deberían contar con 42 operadores por turno, por lo tanto, se requiere un total de 126 operadores”.

El subprograma Centros de Desarrollo Infantil (CDI) brinda atención integral ejerciendo una función preventiva, promotora y reparadora a niños y niñas que necesiten cuidados temporales. Hay 2.374 chicos de seis meses a cuatro años de edad en los 35 CDI de toda la provincia. Los profesionales designados para trabajar en los 3 equipos técnicos que los asisten son, en total, siete.

En Capital, Metán, La Merced, El Carril, Orán y Pichanal existen 15 CDI de los llamados Institucionales. Seis de ellos necesitan jefes que deben ser designados. Además, hay otros 20 puestos vacantes. El informe asegura que la tramitación de las designaciones se realizó en tiempo y forma y hasta la fecha no se cubrieron los cupos. Agrega que la designación “es imprescindible para el buen funcionamiento”.

El subprograma cuenta con 31 cuidadoras infantiles que se desempeñan en distintos CDI de capital e interior. Estas mujeres firmaron un convenio de trabajo conjunto con la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y no cobran un peso por su labor.

El programa Fortalecimiento Familiar y Comunitario, que debe trabajar para transformar las relaciones familiares que están debilitadas, muestra las carencias de manera muy contundente. El informe asegura que de 2.314 causas presentadas, 1.504 fueron respondidas por los 8 profesionales encargados. 810 quedaron en la nada. El texto calcula que cada trabajador atendió un promedio de 188 casos durante el segundo semestre del año pasado. El análisis realizado por los redactores concluye que hubiesen hecho falta seis personas más para poder cubrir los restantes.

Las 1.504 causas, vistas desde el punto de vista de los servicios sociales brindados por cada profesional (acompañamiento familiar tres veces por semana, citaciones, consultas vecinales, relevamientos), muestran que cada trabajador, en seis horas diarias de trabajo, realizó, durante el mismo lapso de tiempo, un promedio de 691,6 servicios.

El informe también señala que el programa Fortalecimiento Familiar no cuenta con vehículo propio para poder cubrir todos los casos del territorio provincial, lo que dificulta la implementación de las estrategias de intervención y de seguimiento. Entre el 27 de febrero y el 2 de junio de este año hubo 52 casos sin abordar por falta de movilidad. Agrega que la incorporación de los profesionales y los vehículos es algo que se necesita de manera urgente.

En agosto de este año, Cuarto Poder publicó otro informe interno de Derechos Humanos en el que se remarcaban las mismas necesidades. La diferencia era que la fecha de publicación del texto enviado a las autoridades del Ministerio era mayo de 2014.

El Caso Anahí

En la edición del sábado pasado, Cuarto Poder reveló nuevos documentos. Esta vez, se trataba de notas de los equipos técnicos del subprograma Sistemas Alternativos en los que se sugería que Anahí Girón, una adolescente de 17 años que dependía de un CIT, debía ser trasladada a un lugar con mayor seguridad debido a sus adicciones y a su tendencia a la fuga. Las sugerencias no fueron tenidas en cuenta. La joven apareció estrangulada el 19 de septiembre.