La cantidad de cosas que ahora prohíbe el gobierno muestra que había un despilfarro y descontrol graves.
El gobierno oficializó hoy recortes en el estado. Como mínimo, muchos de esos gastos se podrían catalogar de innecesario o de superfluos.
La resolución firmada por Dib Ashur dice: “Resulta necesario adoptar medidas que demarquen la racionalidad en el uso eje los recursos por parte del Estado Provincial, entendiendo que la única forma para que la ciudadanía toda pueda usufructuar los réditos de una mejora en su nivel de vida es de la mano de un gobierno austero que priorice el bienestar de sus habitantes por encima del de sus funcionarios” (sic).
¿Esto quiere decir que con el gobierno anterior se priorizó el bienestar de los funcionarios, por encima de la población?
Algunos ítems interesantes: parece que antes les pagábamos las prepagas a algunos funcionarios, porque la resolución recalca que “toda contratación adicional de obra social y/o coberturas de salud, distintas a las previstas en el artículo 5° de la Ley N° 7.127, que sea requerida por el personal, incluidos Directores, Gerentes, Presidentes y similares autoridades superiores de Organismos Autárquicos, Sociedades y Empresas del Estado, será a cargo exclusivo del agente que la solicite”
Otra confesión interesante se deja entrever en la siguiente parte del decreto: “el personal en ningún caso podrá cobrar concepto y/o adicional, un importe superior al establecido para el cargo de Ministro del Poder Ejecutivo”.
Es decir, había gente que cobraba en concepto de adicional un importe superior al establecido para el cargo.
El gobierno también prohíbe, desde ahora, todo tipo de afectación, adscripción, prestación y/o comisión de servicios de la totalidad del personal del Poder Ejecutivo, Organismos Descentralizados, Organismos Autárquicos, Sociedades y Empresas del Estado cualquiera fuera su modalidad de contratación.
Chau horas extras:cada organismo deberá realizar acuerdos con los agentes de sus dependencias, relativos al cambio de horario habitual de prestación de sus servicios, en miras a asegurar el funcionamiento ininterrumpido del servicio a su cargo, ello con el fin de evitar horas extras y/o jornadas extraordinarias y/o jornadas extendidas.
Menos viajes: las comisiones de servicios a realizarse fuera del país y aquellas a realizarse dentro del territorio nacional, que requieran el pago de pasajes vía aérea, solo podrán efectuarse con previa autorización de la Secretaría de Finanzas.
Son vehículos del estado, no de los empleados:
El gobierno suspende desde ahora el uso de los vehículos que integran el Parque Automotor del Poder Ejecutivo cuando su uso no esté relacionado a cuestiones de servicio, debiendo implementarse un programa que garantice la utilización eficiente, el control y el monitoreo permanente del destino público asignado a dichos vehículos. “Sólo se reconocerán gastos en combustible en la proporción que resulte razonable de acuerdo al rendimiento litro/kilómetro recorrido según el vehículo que se trate, con excepción de lo previsto en las Resoluciones 172D/19 y 479D/19 del ex Ministerio de Economía, o las que en el futuro las reemplacen”, señala la resolución. Para controlar esto, el responsable del Parque Automotor solicitará al Secretario General de la Gobernación, el inicio de los sumarios correspondientes, para deslindar responsabilidades en los casos de siniestros, robos, hurtos, deficiencias de mantenimiento y/o utilización que ocasionen mayores erogaciones a la Provincia.
Desde ahora queda prohibido el pago de comidas y/o refrigerios con cargo para el Estado Provincial por el desempeño de funciones o tareas en extensión horaria.
También quedan prohibidos los gastos de recepción, cortesía, homenaje, impresión de tarjetas de salutación, agasajos y similares que no sean canalizados a través de la Dirección General de Ceremonial y Audiencias, los que deberán contar con la previa autorización del Ministro del área o del Secretario General de la Gobernación, según corresponda.
El decreto señala que la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación tendrá a su cargo el otorgamiento de subsidios y/o ayudas económicas debidamente justificadas, con destino a Fundaciones, ONG y demás instituciones de similares características que cuenten con personería jurídica.
Por otra parte se suspende hasta el 31 de diciembre del 2020 la adquisición de bienes de uso con recursos de cualquier origen; asimismo se suspende hasta la misma fecha la emisión de cheques diferidos.
El decreto puede ser una sutil forma de decirles a los exfuncionarios urtubeicistas, ahora reciclados, que se acabó la joda.