Durante la última semana los vecinos del municipio de Salvador Mazza, al norte de la provincia, sufrieron cortes de todos los servicios, a pesar de ser de las localidades que más pagan en sus boletas de EDESA, GASNOR y telecomunicaciones.
José Veronelli
Los tarifazos brutales que vienen sufriendo los argentinos y argentinas desde enero de este año han escalado exponencialmente y Salvador Mazza no es la excepción, siendo Salta, después de Buenos Aires, como la más castigada por los aumentos en los servicios públicos.
La retirada del Estado en estos territorios tan complejos y humildes reproduce la lógica de la desigualdad castigando a los más humildes dentro de los humildes. Gustavo Subelza hace poco opinó sobre el paso por Salta de la Ministra de Seguridad de la Nación, dejó claro que la frontera de Salvador Mazza es más peligrosa que la de Orán.
Como defensa a su cuestionable gestión municipal, Subelza señala que el gobierno de Milei no aporta ni recursos ni refuerzos en materia de seguridad y que Salvador Mazza tiene abierto más de 150 pasos ilegales que traen inseguridad al pueblo en un contexto de cortes de luz y poca capacidad de la policía local.
Durante la última semana los habitantes de Salvador Mazza estuvieron sin agua y sin luz por varios días con cortes que llegaban a durar 12 horas. Para la oposición local es una medida consensuada con los narcotraficantes para circular por la ciudad sorteando los controles y “perdiéndose en el campo”.
“Hay abiertos 150 pasos ilegales que traen inseguridad al pueblo de Salvador Mazza, tenemos un estado nacional totalmente ausente y las Fuerzas Federales hacen lo que pueden con lo que tienen” declaró hace poco Gustavo Subelza. También se despegó del conflicto con las empresas y repasó la gestión que llevan a cabo para “sacar adelante” a Salvador Mazza.
Sobre la terrible condición de la terminal del pueblo afirmó que están instalando una nueva comisaría en la “nueva” terminal de ómnibus que deberá estar lista el 30 de agosto. Prometiendo que la nueva terminal tendrá una sede del Registro Civil, La Comisaría y nuevas instalaciones para los viajeros. La mayor parte de la obra pública la está absorbiendo con la caja de la intendencia, algo entendible ya que a pesar de la crisis S.M. tiene buenos índices de recaudación fiscal, por el solo hecho de ser frontera.
En la misma línea el intendente prometió a su pueblo que recuperaría los radares que retiró el gobierno de Macri en 2017, tanto de Salvador Mazza y la zona norte de Tartagal, algo que habilitó el narcotráfico aéreo sin el miedo a ser detectados y dejando toda la responsabilidad del aire a los destacamentos de Gendarmería.
Los controles de ruta también han disminuído por el recorte en las horas extra y los servicios de las Fuerzas de Seguridad. Siendo casi un justificativo de cómo una parte de los efectivos se han volcado a otras actividades, incluso delictivas como el caso de Aguaray.
La fafafa y la maria
Hace poco tiempo Gendarmería secuestró más de 400 kilos de cocaína transportados en un móvil de Infantería de la Policía de Salta. Sobre el caso, Gustavo Subelza arremetió contra el Gobierno Nacional culpando del abandono que sufre el municipio por parte de Seguridad de la Nación y afirmó que “los encargados de responder a esto serán los de Seguridad y su Ministerio” mostrando su fuerte disconformidad con la gestión nacional.
Para la oposición, los intendentes del norte están gestionando con desidia, llevando una campaña maquillada sin mejorar las condiciones de vida a sus habitantes ni a las instituciones que se desarrollan en sus territorios. Sumado a esto, también acusan a intendentes como Subelza, Lara Gros hijo o Hernandez, de hacer la vista gorda con el crimen organizado recordando el antecedente del Narcojuez Reinoso, suegro de uno de los intendentes.
El norte de Salta se está convirtiendo en tierra de nadie y el único que saca rédito de esto es el narcotráfico, cooptando los espacios de necesidad que el Estado dejó vacantes. Desde el acceso al crédito, al trabajo, hasta incluso la pequeña infraestructura que antes generaba el Estado, hoy lo está financiando el crímen organizado a través del lavado de dinero.
Una aclaración
El comercio irregular, los bagayeros, la logística de mercadería de primera necesidad son una costumbre en las fronteras, una forma de ganarse la vida que muchas veces el Estado no regula o no tiene la capacidad para hacerlo. En ninguno de los casos mencionados estamos hablando de un crimen, sino de actividades no registradas, irregulares o ilegales según los parámetros de un Estado que no contempla las relaciones y las economías cotidianas.
Salvada esa cuestión es que uno de los problemas más críticos de Salvador Mazza y muchas de las fronteras en todo el mundo es la explotación de las prohibiciones. La permisividad o imposibilidad de los Estados de contener los crímenes y delitos que se comenten en beneficio de grandes “empresarios” y delincuentes.
No podría existir el lavado de activos sin su respectiva creación, un círculo, un negocio que deja como resultado una ganancia que no se puede justificar legalmente. Para los grandes jugadores y ladrones de guante blanco el lavado ya no es un problema, porque compartimentan sus ganancias ilegales a través de “gerentes” y lo convierten en offshores o empresas financistas del exterior de sus propias empresas locales.
El problema, en última instancia, es la presencia tibia, el Estado bobo que no resuelve y que permite que los interesados en que exista un Narco Estado en Argentina, pueden usar para mostrar lo ineficiente y corrupto que es. Pero no existiría funcionario corrupto si no hubiera un empresario y/o narco que lo tiente, y esa parte de la historia casi siempre queda escondida.