La grave crisis sanitaria que vive el país ya no se puede silenciar y comienzan a detonar en distintos ámbitos las minas que sembró el gobierno en estos años de gestión; una de ellas fue el comunicado que hicieron público en los últimos días numerosas organizaciones regionales de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa). (Verónica Lía Caliva) 

El documento, titulado “La FeSProSa necesita un urgente cambio de rumbo”, expresa la preocupación por el alejamiento de la actual conducción de los objetivos fundacionales y por la falta de democracia en este organismo de segundo grado que nuclea a los profesionales de la salud.

La Federación, fundada hace catorce años “luego de profundos debates acerca de la imprescindible necesidad de contar con una herramienta de alcance nacional que organice  y fortalezca la pelea en defensa del Derecho a la Salud y los derechos de lxs trabajadorxs que asumió representar”, está atravesada por la crisis del sector. La salud pública es una de las áreas más sensibles y que más sufre el ajuste del que es víctima.

Tal como lo plantean en su Estatuto Fundacional las y los profesionales sanitarios construyeron un camino al calor de luchas que iniciaron en la última etapa menemista contra  “las llamadas ´reformas´ del estado y del sector salud en particular – estrategia impulsada por los organismos financieros internacionales (FMI – Banco Mundial) y ejecutada por los gobiernos locales-, que apuntan a una creciente destrucción de la salud pública a cargo del estado, a su privatización y al cercenamiento de los derechos laborales, todas conquistas logradas a través de años de lucha de nuestro pueblo”, la situación señalada se repite ahora en clave macrista.

Según denuncian las y los trabajadores, el ajuste sanitario tiene un común denominador: desfinanciación de la salud pública, desborde asistencial, tercerizaciones, arancelamiento abierto o encubierto, pérdida del poder adquisitivo del salario, inexistencia o incumplimiento de las carreras profesionales, precarización laboral y persecución gremial, entre otros problemas. Lo sucedido en Santa Victoria Este en nuestra provincia pone al rojo vivo la situación (Véase La Salud en tiempos de Crisis), con un ministro que debe salir a rendir cuentas y reconocer que ningún centro de salud cuenta ni siquiera  con las vacunas del esquema básico.

Ante estas situaciones históricamente los profesionales de la salud salen a la lucha y se organizan, como el resto de los trabajadores, para defender sus derechos y la salud pública. Por ello se han manifestado múltiples conflictos gremiales en respuesta a los efectos del ajuste y aunque “con muchas desigualdades y particularidades, se fue desarrollando un proceso de organización sindical de los profesionales del equipo de salud, fueron incorporándose nuevas regionales que conformaron la identidad con que se la ha conocido, fruto de un rico proceso que puso en alto la participación, la forma democrática en la toma de decisiones y la representatividad de sus regionales”. Pero, lamentablemente y a pesar de los esfuerzos del trabajo colectivo “en los últimos años, aquellos principios fundacionales se fueron dejando de lado. La progresiva concentración de las decisiones fundamentales en un grupo reducido y el debilitamiento de la democracia sindical, pegaron un salto a caballo del traumático proceso electoral de 2016 donde se alcanzó un acuerdo de última hora para conformar un Consejo Ejecutivo que contuviera a lxs dirigentes más representativos de cada regional.

Contrariamente a lo declamado, el funcionamiento posterior de la Federación fue cada vez menos democrático”, según evalúan dirigentes de regionales como CICOP Buenos, Asociación Sindical de Profesionales de la Salud -el gremio decidió mantener la sigla histórica “CICOP”-; la APUAP, Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy; APSADES, la Asociación de Profesionales de la Salud de Salta; la  Asociación de Profesionales y  Técnicos del Hospital Garrahan; UTS, Unión de Trabajadores de la Salud de Córdoba; SIPRUS, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud, Regional Rosario; y APS, Asociación de Profesionales de Salud de La Matanza, ente otras organizaciones sindicales de salud pública.

La dirigencia crítica y comprometida con sus afiliados y con el derecho de toda la ciudadanía al acceso de una salud pública de calidad entiende que “la llegada al poder de la Alianza Cambiemos no hizo sino profundizar la crisis, tomando decisiones que no sólo afectan la calidad de vida de amplios sectores de la ciudadanía, sino también avanzando sobre lo público con el intento de implementar en forma más efectiva la Cobertura Universal de Salud. A ello se le agrega la degradación del Ministerio de Salud para convertirlo en Secretaría y la asignación de presupuestos paupérrimos, así como la subejecución y reasignación de partidas en programas y sectores”, y ven con mucha preocupación que, ante una nueva elección de la conducción para los próximos tres años, se intenta persistir en el mismo camino, aislando a aquellas regionales que entienden de otro modo las prácticas políticas al interior de las organizaciones sindicales.

Con este panorama, parece ser que la única alternativa es la apertura de un debate amplio, democrático, fraternal y profundo sobre todas estas cuestiones, “bregando por la mayor participación de las bases de todas las regionales, con el propósito de recuperar los principios con los que fue fundada nuestra Federación y avanzar hacia su fortalecimiento institucional, construyendo la unidad y el consenso de todas las provincias  para estar a la altura de las difíciles circunstancias que nos toca atravesar”.

Por estas horas será clave lo que decidan en la última reunión del Consejo Ejecutivo Nacional y la tarea que asumirá una comisión específica en busca de abordar de modo profundo la severa crisis en curso en la FeSProSa, incluyendo temas centrales que hacen a resolver la grave problemática, tales como la democratización en la toma de decisiones, el debate de las grandes temáticas sanitarias y gremiales nacionales, y la reformulación de un estatuto sindical que dé cuenta de las representaciones que la componen y las políticas que se impulsan.

Involucrarnos en los vaivenes de las políticas públicas y sus consecuencias nos compete a todas y a todos, por algo fundamental, resguardar el derecho a la salud, a través de la defensa del carácter público, gratuito e igualitario de cada centro de salud y de cada hospital o puesto sanitario. Se trata de la vida o la muerte de cualquiera de nosotr@s.