El 25 de agosto se produjo una represión en el asentamiento de San Calixto ampliación Parque la Vega, en la noche, sin aviso ni orden judicial. (Gabriela Hernández)
“Es como si te asentarán un cigarrillo prendido” contó Juan un pibe de 15 años que tenía manos y brazos lastimados por balas de sal, varios de sus compañeros fueron heridos con balas de goma, Juan como los cientos de personas que se encontraban en el asentamiento, salieron a defender como pudieron el lugar que después de 100 días ya consideran su casa. La policía solo les permite ingresar comida, no los dejaban ingresar plásticos, carpas o abrigo, solo tenían que estar con lo que llevaron cuando se asentaron, tampoco dejaban ingresar más personas o salir, incluso una mujer relató que los tenían como si fueran presos o animales.
Más de una hora sonaron los disparos que se escucharon a kilómetros, los vecinos sin tomar precaución salían de sus casas a ver que sucedía mientras que en el asentamiento se aislaba a los niños en el comedor comunitario y se impedía la exposición de los abuelos los cuales no dudaron en enfrentarse con la policía también.
El gas lacrimógeno de la policía volaba por los aires sin considerar que dentro de las casas los vecinos también podrían ser afectados. Las mujeres fueron baleadas en el pecho, un hombre quedo con un ojo dañado y hubo personas que no resistieron y sufrieron ataques de nervios, otros acostumbrados a la represión creaban escudos y arrojaban materiales a los oficiales que no dejaban de disparar.
Al final llegaron los medios, entrevistaron a las personas heridas y filmaron las casas mientras los vecinos explicaban que la policía se enojó porque quisieron ingresar cartones para mejorar las condiciones en las viviendas.
“El pueblo unido jamás será vencido” gritaban y aplaudían cuando se ganó la batalla y la policía cesó con los disparos y se retiraron, algunos niños del lugar fueron en un acto de desesperación refugiados por sus madres en la carpa policial que vigila el asentamiento las 24hs del día todos los días. La policía no quiso hacer entrar ambulancias para que atiendan a los heridos de forma inmediata, las personas ensangrentadas eran asistidos por estudiantes de enfermería o enfermeras del mismo asentamiento.
Se hizo presente en el lugar el diputado nacional Juan Ameri, algunos no lo reconocieron y pensaron que era alguien del gobierno o un dirigente político, por lo que fue increpado por la aún nerviosa multitud, este se dispuso a hablar con la policía y pedir explicaciones de lo sucedido.
“Nos tomaron los datos diciendo que nos iban a dar una solución, pero al final nos engañaron y nos pusieron en una lista negra para que ya no recibamos ningún beneficio, hay una mujer acá que desde el 95 espera una respuesta del IPV”.
Uno de los pedidos de la gente del asentamiento es la realización de un censo por parte de una entidad pública del gobierno que pueda registrar a las familias del lugar y que determine cuál de las familias son las que en verdad necesitan un terreno, también afirman que están dispuestas a pagar un costo accesible para su situación económica y no que solicitan algo “gratis”.
Más de 100 días asentados
Pasan los días y la vida en el asentamiento ya se hace cotidiana, se levantan, van al trabajo (primero no los dejaban salir ni a trabajar), juntan comida para mantener el comedor comunitario y descansan en sus camas de tarimas o de tierra. En el lugar ya hubo 8 nacimientos que fueron asistidos en primera instancia por los que se encontraban ahí, también hubo complicaciones con las personas que sufren de convulsiones y tuvieron ataques. Los referentes solicitan al gobierno que tome medidas para protegerlos de la pandemia como la donación de alcohol en gel y otros elementos de protección.
En cuanto a las situaciones de violencia género se optó por echar a los violentos o acosadores del lugar para proteger la integridad de toda la comunidad.
Las familias más humildes no pudieron anotarse en los últimos planes de ayuda social que lanzó el gobierno ya que no contaban con acceso a internet ni siquiera dispositivos electrónicos para ingresar, algunas personas se acercaron a anotarlos, pero les pedían requisitos como ser miembros de una organización.
En Salta hubo gente que en situación de calle fueron estafadas y no cobraron el IFE, sus datos fueron robados por personas desconocidas o dirigentes políticos.