Organizaciones sociales, ambientales, pueblos originarios y colectivos culturales convocaron a una movilización en el centro de la ciudad para rechazar las modificaciones que se impulsan sobre la Ley Nacional de Tierras Rurales.
Diversas organizaciones sociales, ambientales, culturales y representantes de pueblos originarios realizarán este jueves 6 de agosto una marcha en la ciudad de Salta para expresar su rechazo a las reformas que se impulsan sobre la Ley Nacional de Tierras Rurales (Ley 26.737). La convocatoria fue difundida bajo el lema «Por una Argentina de los argentinos» y tendrá como punto de encuentro la plaza 9 de Julio, desde las 17.
La jornada comenzará a las 16.30 con una asamblea abierta en la plaza principal, donde se debatirá sobre el alcance de la normativa vigente y las modificaciones que actualmente se encuentran en discusión. A las 18 está previsto el inicio de la movilización hacia la Legislatura de Salta, donde continuará la actividad con distintas propuestas abiertas al público.
Los organizadores también convocaron a participar de un banderazo y un wipalazo como parte de la manifestación. Una vez concluida la marcha, se desarrollará un festival artístico y cultural que incluirá una muestra de tapices titulada Tapices para la Resistencia, de Romina Campos, una feria de productos, servicios, comidas y trueque, además de un espacio de difusión sobre la Ley de Tierras y una campaña de recolección de firmas para un proyecto destinado a proteger el agua dulce de la provincia.
La programación también contempla un ritual a la Pachamama con sahumado, la construcción colectiva de una apacheta y presentaciones musicales, danzas y otras expresiones culturales que se extenderán durante la tarde y la noche, en el marco de una jornada de protesta y concientización impulsada por las organizaciones convocantes.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, regula la titularidad de las tierras rurales en Argentina y establece que la propiedad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal. Además, creó un registro específico para el control de esos inmuebles. Los convocantes sostienen que las reformas que se analizan podrían flexibilizar esos límites y afectar la protección del territorio y de los recursos naturales.