Campesinos poseedores de tierras desconfían del gobierno y reclaman a legisladores provinciales una ley para regularizar su propiedad sobre la tierra que habitan y trabajan. (Claudia Álvarez Ferreyra)
El gobierno provincial anunció esta semana que realizarán inversiones productivas para el desarrollo de “puesteros y pastajeros” que se encuentran en el predio de la empresa estatal de Salta Forestal y señalaron que regularizarán situaciones relacionadas a la posesión de las tierras. La Asociación de Criollos Unidos por Nuestra Tierra, sostiene que no se consultó con quienes son en realidad “los poseedores de tierras” y desconfían del gobierno porque en la información difundida por la prensa oficial no explican cómo planean hacerlo y no existe ninguna formalidad.
Por primera vez el gobierno publica que cobraron el canon a las empresas Cresud y Anta del Plata a las que concesionaron 44.000 hectáreas agrícolas en el departamento Anta y Rivadavia para su explotación. Esto después de haberle condonado 10 años de deuda a la anterior firma Eco Desarrollo. María Montenegro es la presidenta de la Asociación de Criollos Unidos por Nuestra Tierra, remarca la falta de garantías legales del gobierno que les aseguren que les van a regularizar la situación en cuanto a la titularización de las tierras que poseen y producen desde antes de la creación de Salta Forestal. “Salta Forestal fue creada en 1974 y hay puestos de 1930-1940. No es que la gente hace usurpación”, remarcó la referente.
Montenegro quien además es concejal del PJ en Joaquín V. González plantea que los legisladores de la provincia deben trabajar en un proyecto de ley para la regularización dominial. En cuanto a esto menciona que legisladores de Anta vienen acompañando algunas reuniones pero no se han comprometido a presentar un proyecto concreto y son los únicos con potestades para hacerlo. Anta tiene 3 diputados: Alejandra Navarro (FPV), Marcelo Paz (PJ) y Pedro Sandez (bloque 17 de Octubre) y 1 senador: Ernesto Gómez.
En el marco del proceso de regularización de la situación de la empresa que concesiona un total de 44.000 hectáreas agrícolas en el departamento Anta y Rivadavia, se cobraron en percepción de arriendos hasta 2018, $107.806.568,65.- a las empresas Anta del Plata y Cresud. Aún queda pendiente el ingreso de alrededor de $82.000.000, correspondientes a la campaña 2019, los cuales se deben abonar este año.
El gobierno detalla que a través de Anta del Plata ingresaron $53.806.568,65.- por los períodos 2016-2017 y 2017-2018. Está pendiente el monto por la cosecha de 2019, calculado en alrededor de $35.000.000 por el poroto, y por maíz $22.300.000 que se debe cancelar a fines de septiembre según protocolo. Por su parte Cresud abonó $54.000.000.- por los períodos 2017-2018 y parte de la campaña 2019 que ya se cosechó, y están pendientes $25.000.000.- aproximadamente por cosecha de maíz de la campaña 2019, que deben abonarse a fines de setiembre. También existe un reclamo pendiente de $23.000.000.- por un descuento de flete y comisión que realiza la empresa, el cual la provincia considera inadecuado. Y además existen litigios por $40 millones de pesos más.
Del monto cobrado, se descontarán los gastos operativos de Salta Forestal y el 50% volverá a la empresa para comenzar a ejecutar los proyectos mencionados, el otro 50% se distribuirá en los municipios de acuerdo a la Ley Nº 7623, modificada por Ley Nº 8087.
El pasado 16 de julio se realizó una reunión en la que el directorio de Salta Forestal hizo una propuesta a los poseedores de tierras. Estuvieron presentes, técnicos del INTA, de la Secretaría de Agricultura Familiar, legisladores de Anta y el presidente del directorio de Salta Forestal, Ramiro García Bes. La propuesta que se esbozó implicaría que los productores se trasladen sin ninguna garantía legal a otras tierras. No plantea ningún compromiso por escrito que brinde seguridad a los poseedores de que les van a respetar sus derechos posesorios otorgándoles los títulos de propiedad. “No hay una ley que diga que se va a regularizar. Son palabras nada más. La supuesta intención tiene que tener un soporte legal y ser clara. Los pequeños productores ya pasaron por diferentes situaciones de maltrato”, señala una fuente consultada que prefiere reservar su nombre.
Para Montegro el anuncio oficial “es una movida política, estamos en época de campaña. El gobernador quiere ser vicepresidente. O es campaña o quieren dejar todo arreglado para el gobernador a futuro”. También señaló que “El que no conoce bien el tema va a decir ‘¡qué bueno!, van a invertir en la gente de campo’ pero recién ahora y después de muchísimos años de tener agua con arsénico en la zona, el gobierno se plantea hacer algo. Recién ahora promocionan que van a hacer mejoras cuando hay gente viviendo hace 80 años”.
