La Justicia Federal consideró probado que René Esteban Locascio Terán y Ramón Antonio Díaz Romero fueron ejecutados mientras dormían y que el supuesto enfrentamiento informado por las fuerzas de seguridad fue una maniobra para encubrir el crimen.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a prisión perpetua al exinspector de la Delegación Salta de la Policía Federal Argentina (PFA), Juan Carlos Alzugaray, por el homicidio agravado de los militantes René Esteban Locascio Terán y Ramón Antonio Díaz Romero, asesinados el 20 de abril de 1975 durante un allanamiento ilegal en una vivienda de la localidad de San Lorenzo.
La sentencia coincidió con el pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal, que sostuvo durante el juicio que las víctimas fueron ejecutadas mientras dormían y que el supuesto enfrentamiento armado difundido en aquel momento fue una puesta en escena para ocultar un operativo represivo en el marco del terrorismo de Estado previo al golpe de 1976.
El tribunal consideró los hechos como delitos de lesa humanidad
El fallo fue dictado por los jueces Gabriela Catalano, Diego Matteucci y Abelardo Basbús, quienes declararon a Alzugaray coautor funcional del delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Además, calificaron los hechos como delitos de lesa humanidad, por lo que resultan imprescriptibles.
Los magistrados dispusieron que el exintegrante de la Policía Federal continúe cumpliendo la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 30 de julio.
Alzugaray ya había sido condenado en otras causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad. La más reciente fue en agosto de 2024, cuando recibió una pena por la aplicación de tormentos.
La fiscalía: «Fueron ejecutados por la espalda mientras dormían»
Durante los alegatos, el fiscal general Carlos Martín Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila sostuvieron que el procedimiento policial fue una emboscada cuidadosamente planificada para asesinar a los militantes y simular luego un enfrentamiento armado.
«La evidencia demuestra que las víctimas no hicieron un solo disparo. Tampoco utilizaron la granada que llevaban consigo. Si realmente hubiera existido un enfrentamiento, lo esperable habría sido que intentaran defenderse, pero eso nunca ocurrió», afirmó Amad durante el juicio.
El representante del Ministerio Público Fiscal agregó que «todo fue una operación mascarada para matarlos» y aseguró que los dos militantes «fueron ejecutados cuando dormían», sin posibilidad alguna de defenderse.
Un operativo planificado para ejecutar a las víctimas
La investigación reconstruyó que el 20 de abril de 1975 efectivos de la Delegación Salta de la Policía Federal irrumpieron en una vivienda ubicada sobre la calle Lugones, en San Lorenzo, donde Locascio Terán y Díaz Romero permanecían ocultos.
Según quedó acreditado durante el debate oral, la casa ya estaba siendo vigilada antes de la llegada de las víctimas y el objetivo del operativo no era detenerlas, sino asesinarlas y presentar posteriormente los hechos como un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y supuestos guerrilleros.
La fiscalía indicó que, tras un atentado ocurrido días antes en Jujuy contra un directivo de la empresa Ledesma, las fuerzas represivas identificaron a ambos militantes como integrantes de Montoneros y organizaron el procedimiento que terminó con sus muertes.
Testimonios clave durante el juicio
El juicio oral comenzó el pasado 10 de junio y contó con testimonios considerados determinantes para reconstruir lo ocurrido.
Entre ellos, declaró la propietaria de la vivienda donde se produjo el doble homicidio, quien relató las amenazas y torturas sufridas tras su detención. También prestó testimonio un hombre que se encontraba detenido en la Jefatura de Policía de Salta y aseguró haber escuchado al entonces jefe policial Joaquín Guil ordenar: «No los quiero vivos», cuando le informaron que las víctimas estaban rodeadas en San Lorenzo.
Por estos mismos hechos ya habían sido condenados anteriormente el exjefe de la Policía de Salta, Miguel Raúl Gentil, y el excomisario general Joaquín Guil, considerados autores mediatos del doble homicidio.
Con esta nueva sentencia, la Justicia Federal sumó otra condena por delitos de lesa humanidad cometidos en Salta y avanzó en el juzgamiento de los responsables de los crímenes perpetrados durante el accionar represivo del Estado en la antesala de la última dictadura militar.