El Observatorio Lucía Pérez contabilizó las denuncias por violencia de género efectuadas a funcionarios públicos. Te contamos quienes son los salteños y qué cargos ocupan.
Por Andrea Sztychmasjter
Los recientes fallos judiciales de jueces de Salta en materia de violencias de géneros han dado solo una muestra de lo arraigadas que se encuentran las prácticas patriarcales que muchas veces disfrazadas, otras evidentes y públicas, dan cuenta de situaciones abusivas y de uso de poder por parte de quienes ostentan cargos públicos, quienes además abusándose del puesto que ocupan dan vía libre para que las actitudes y hechos violentos continúen.
El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa.
El Observatorio Lucía Pérez realizó un registro autogestivo que intenta compilar la información necesaria para trazar un panorama que permita comprender por qué el Estado sigue eludiendo esa responsabilidad. En Salta, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres tampoco ha realizado acciones concretas que tiendan a contemplar estas situaciones y se ha convertido en un simple aparato institucional coaptado por el gobierno de quien recibe directivas y dinero.
El Registro del Observatorio Lucía Perez contempla las denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.
Un monitoreo federal sobre el grado de cumplimiento de la Ley Micaela en los poderes judiciales dio cuenta que solo 7 provincias completaron algún tipo de capacitación de género, Salta no se encuentra entre ellas, pero sí en la lista de provincias que directamente no respondió ningún dato de manera oficial respecto a las capacitaciones brindadas al personal judicial.
A la salteña
Pese al retaceo de la información, el Observatorio Lucía Pérez informó que 305 funcionarios fueron denunciados por violencia de género en la Argentina, 86 pertenecen al Poder Ejecutivo, 67 al Poder Judicial y 43 al Poder Legislativo. En Salta, señalan hay 21 funcionarios acusados, pero aquí te presentamos a 27 en total en lo que va del año.
Poder Legislativo
La lista del observatorio comienza con el caso del concejal de “Salta Independiente” Ricardo Ernesto Colque Domínguez. Ante la difusión pública de un hecho de violencia protagonizado por el edil contra su novia, la Fiscalía inició de oficio una investigación y tras la remisión del informe de actuación, la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 5 Liliana Jorge, citó a audiencia de imputación al involucrado.
En un comunicado del partido Sí-Salta Independiente, firmado por Felipe Biella, Bernardo Biella y Paula Benvides, se hizo público que el partido le pidió la renuncia a su banca.
También se encuentra el diputado Daniel Sansone denunciado por la abogada Liliana Mazzone. Movimientos de mujeres sostienen que debe ser destituido. La jueza de violencia familiar y de género, Carolina Cáceres Moreno, resolvió que Sansone no puede acercarse a por lo menos 300 metros “del domicilio particular o laboral de la víctima” y dispuso una consigna policial para que realice rondas periódicas en ambos puntos restringidos para velar que el acusado cumpla con la perimetral.
En la localidad de San Lorenzo, la concejala Costanza Guyot denunció violencia de género por parte del edil José María Conde y, además, sugirió que es víctima de violencia política e institucional del propio Concejo Deliberante y del Municipio.
Guyot realizó una denuncia en la Policía y se presentó ante el Polo Integral de las Mujeres. Y ahora reclama “un apercibimiento para el concejal Conde y la capacitación en perspectiva de género, prevista en la Ley Micaela, para todos los miembros y empleados del Concejo Deliberante.
Juan Emilio Ameri, en plena pandemia, el ex legislador besó los pechos de la mujer que era su pareja mientras por Zoom se debatía en el Congreso. Ameri presentó su renuncia y fue imputado por el fiscal general Francisco Snopek, de la Unidad Fiscal Salta, por el delito de “estorbo del acto funcional”, es decir, por el entorpecimiento de la sesión legislativa. El juez federal de Revisión de Salta Alejandro Augusto Castellanos determinó que el caso debía ir a juicio oral y público. Había una cuestión de competencia entre la justicia federal salteña y la de CABA, pero el juez de Casación Mariano Borinsky resolvió que el juicio se debe hacer en la ciudad de Buenos Aires
El exlegislador Martín Grande fue denunciado por la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, por violencia de género luego de que el legislador se refiriera a ella como “atorranta” durante una entrevista radial. En la misma comunicación, el diputado también calificó a la fiscal como “ineficiente” e “incapaz”. Poco después, cuando en la provincia comenzaron a arreciar los repudios de instituciones y funcionarios por sus declaraciones, Grande ensayó una disculpa a través de su cuenta de Twitter: “Hoy en una entrevista radial traté a la fiscal Simensen De Bielke de atorranta ««atorrante» es un americanismo que significa ‘vago’, ‘holgazán’, ‘desvergonzado'» no fue la palabra más adecuada, pido disculpas públicas a la Fiscal”.
Aparece en la lista el abogado Matías Sanz Navamuel, quien se encuentra con arresto domiciliario, con requerimiento de juicio por violencia de género en perjuicio de tres mujeres. Sanz Navamuel se desempeña como asesor de la Cámara de senadores.
Raúl Romeo Medina Secretario legislativo de la Cámara de diputados y Miguel Mena Asesor jurídico de la Cámara fueron denunciados por la trabajadora Liliana Hermosilla. La jueza Noemí Valdez, resolvió una medida cautelar donde los funcionarios nombrados tienen prohibido realizar cualquier tipo de acción o actos de violencia de género que afecte la integridad psicofísica de Hermosilla en el contexto laboral, bajo apercibimiento de desobediencia judicial.
El diputado Gustavo Orozco fue acusado por la fiscalía interviniente como autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencias e imposición de torturas en concurso real en carácter de coautor; privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencias, apremios ilegales agravados por la violencia en concurso real con imposición de torturas en carácter de coautor y además fue denunciado por su expareja.
El concejal de Orán Lucas Tevéz, imputado por abuso sexual simple en perjuicio de la ex secretaria de prensa de la institución, también aparece en la lista del observatorio porteño-.
Poder Judicial
En la lista aparece el fiscal general federal Francisco Santiago Snopek denunciado por su esposa y por la defensora pública Clarisa Galán Muñoz por hostigamiento psicológico y simbólico en el ámbito laboral e institucional.
Recientemente se conoció que Snopek fue sobreseído de uno de los delitos que se endilgan cuando en una situación de violencia encerró a unos policías del 911. La fiscal Penal 2 de Violencia Familiar y de Género, Luján Sodero, presentó al Juzgado de Garantías 7 a cargo de Claudia Puertas, un recurso de apelación ante la resolución emitida en la causa.
Sobre el Juez de Personas y Familia, Víctor Raúl Soria, pesa un historial de denuncias por violencias de género. Soria fue denunciado por la defensora oficial Natalia Buira por violencia de género reiterada en ejercicio de sus funciones.
A raíz de la denuncia la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial prohibió el 24 de agosto del año pasado que el juez se acercara a ella.
El fiscal ante la Corte Nº1, Eduardo Sylvester, formuló acusación en contra del fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón por mal desempeño y solicitó que se inicie el proceso a fin de que sea removido del cargo que ostenta y se lo inhabilite para ocupar cargos públicos.
La acusación del Fiscal ante la Corte Nº1, se basó en seis hechos vinculados con mal desempeño por demoras en casos de abusos sexuales, de violencia de género, irregularidades en el manejo de dinero secuestrado, órdenes en causas de otras provincias y coacción a gendarmes e inoperancia e ineficacia procesal en un robo con armas, además del juicio político anterior solicitado anteriormente y las sanciones y sumarios que pesan sobre el funcionario denunciado.
Aparece también el Juez Federico Diez. La Multisectorial de Mujeres y otras organizaciones emitieron un comunicado repudiando que el juez q hace 5 años se encuentra denunciado por violencia de género por su expareja, reasumió en su cargo sin que se defina su situación judicial.
La Unión de Empleados de Justicia de la Nación presentó una denuncia contra el magistrado Federal Martínez Frugoni por violencia laboral y mal desempeño en sus funciones. Exigieron un Jury de Enjuiciamiento, suspensión preventiva y separación del cargo al Juez Federal de 1° Instancia.
Poder Ejecutivo
Respecto a funcionarios del Poder Ejecutivo se encuentra Facundo Humacata médico cirujano secretario del Ministerio de Salud. A principios de año se dio a conocer públicamente la denuncia que realizó la ex pareja del funcionario provincial y médico. La mujer, de 35 años radicó una denuncia donde expone maltratos y humillaciones perpetradas por el actual funcionario. La Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados elevó un pedido de informe al Ministerio de Salud Pública de Salta.
Daniel Nallar Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Salta fue denunciado por la delegada gremial Roxana Padilla, embarazada de ocho meses, aseguró que fue víctima de maltrato y gritos por parte del secretario de Legal y Técnica.
El abogado de la mujer explicó que su asistida trabajó muchos años en el Subsecretaría de Tránsito y en 2020 fue cabecilla de una manifestación ya que querían quitarles facultades a los agentes. Como consecuencia, se dispuso la cesantía de la mujer. Sin embargo, se necesitaba la intervención de un juez laboral para levantar el fuero gremial, esto nunca se realizó y la Municipalidad hizo efectiva la cesantía.
El letrado añadió que Padilla se encuentra en una situación vulnerable porque obviamente no cobra su sueldo, tiene dos hijos y se encuentra embarazada. Por este motivo, fue a la Municipalidad a solicitar explicaciones y en ese contexto habría sufrido hechos de violencia por parte de Daniel Nallar.
Poder Policial
Aunque las denuncias a hombres de las fuerzas de “seguridad” provinciales son numerosas no existen registros adecuados sobre la cantidad exacta de denuncias y menos un relevamiento sistemático. En el listado del Observatorio aparece el nombre deL comisario inspector Marcelo Valencia, que estaba a cargo de la Comisaría 41 de General Mosconi, acusado por una agente por acoso laboral, abuso de autoridad y violencia de género y el de Alberto Rubén Martínez, un cabo de la Policía de Salta, tenía que custodiar a una mujer que fue amenazada de muerte. Se metió semidesnudo en la cama de ella e intentó violarla. Quedó imputado por abuso sexual simple agravado.
Poder Clerical
Se encuentran denunciados por violencias de género, económica y psicológica que efectuaran las monjas carmelitas contra el Arzobispo Mario Cargnello, el cura Lucio Ajalla el obispo emérito, Martín de Elizalde, y el juez único del Tribunal Eclesiástico de la arquidiócesis de Salta, Loyola Pinto y de Sancristóval.
Por su parte el sacerdote Carlos Fernando Páez está sindicado como autor del delito de abuso sexual simple doblemente agravado por haber sido cometido por ministro de culto reconocido y encargado de la educación. Los curas José Carlos Aguilera y Nestor Aramayo también aparecen en el listado de violentos. Al igual que el religioso Eduardo Balbi.