La Sala II del Tribunal de Impugnación confirmó las penas impuestas por comercialización de estupefacientes dentro de la Unidad Carcelaria N°1 y por asociación ilícita.
La Sala II del Tribunal de Impugnación ratificó las penas por comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita contra los integrantes de la organización que funcionaba dentro de la Unidad Carcelaria N°1. La fiscal Mónica Poma representó al Ministerio Público Fiscal en esta instancia de revisión de la sentencia.
El juicio, que comenzó el 4 de agosto de 2025 y se extendió por diez semanas, concluyó con la condena a 17 personas, entre ellas ocho funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y personas vinculadas al establecimiento. Con penas de entre uno y diez años y seis meses de prisión.
La investigación y el juicio estuvieron a cargo del procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, quienes demostraron que el grupo funcionaba con jerarquías y funciones definidas para comercializar droga dentro de la cárcel y cometer otros delitos como exacciones ilegales.
Al resolver los recursos presentados por las defensas, el tribunal confirmó las condenas en doce casos. En otros cinco, se modificaron parcialmente las penas respecto de hechos de exacciones ilegales y concusión, aunque se mantuvieron los delitos principales. Entre las penas más altas figuran las de Sergio Moya (9 años y 6 meses), Francisco Bisceglia (10 años y 2 meses), Raúl Arjona (6 años y 8 meses) y Marcos Bucotich García (5 años y 8 meses).
En su alegato, el procurador García Castiella había remarcado la gravedad institucional de los hechos, destacando que la participación de personal penitenciario significó un abandono de sus funciones de custodia y un perjuicio para los derechos de las personas privadas de libertad. La resolución final ratifica así la existencia de una estructura delictiva organizada que operó al interior del pena.