El Gobierno provincial prorrogó por dos años más la Emergencia por Violencia de Género. La provincia sigue siendo una de las más azotadas del país por este flagelo, ubicándose el año pasado en el primer lugar en cantidad de femicidios teniendo en cuenta el número de habitantes. Garrik
El gobierno de Urtubey, durante el 2014 declaró la emergencia provincial en materia de violencia de género, tras haber sido solicitada por distintas agrupaciones sociales y políticas, ante el aumento de casos registrados en nuestra provincia. La declaración de la emergencia tuvo por objeto visibilizar el problema y se convocó a todos los sectores para analizar las acciones a seguir.
La Ley 7857, que declaro la emergencia y que tiene alcance en todo el territorio provincial, establece entre las principales medidas, la creación de cinco juzgados y cinco defensorías de Violencia Familiar y de Género, hogares de protección temporal como instancias de tránsito y albergue de las víctimas, la instalación de botones antipánico en toda la provincia y el establecimiento de “una red de contención social y sanitaria entre el Estado y organizaciones no gubernamentales” así como el promover “la construcción de una cultura pacífica y libre, fortaleciendo las medidas preventivas de violencia de género”.
En este marco también se creó el Observatorio de Violencia contra las Mujeres destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres en la provincia de Salta. El Observatorio tiene por misión el desarrollo de un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Números alarmantes
En julio pasado ingresaron a los tribunales salteños 668 causas por hechos de violencia doméstica, según lo informado por el Poder Judicial de Salta. Las cifras corresponden al seguimiento estadístico periódico que realiza la Corte de Justicia en esta materia.
De estos datos surgen que en el mismo mes del año anterior las causas registradas fueron 755 y en lo que va de este año 5832 causas. Desde el año 2006, cuando entró en vigor la ley provincial 7403 protección a las víctimas de violencia, las causas ingresadas suman 124.100 casos.
Las denuncias de violencia en el ámbito doméstico crecen, y los feminicidios, que son la manifestación más extrema de violencia, también. Desde hace un tiempo a esta parte los números muestran un caso por día de mujeres muertas por razón de su género en el país, frecuentemente en manos de su pareja o ex pareja. También los denominados “feminicidios vinculados” que son los asesinatos cometidos contra terceras personas (en general niños) para dañar “indirectamente” a la mujer.
Según datos de la Asociación Civil la Casa del Encuentro, durante el año pasado se registraron 286 femicidios en Argentina, es decir, una mujer muerta cada 30 horas. Asimismo, el impacto social que dejó fue enorme: 322 hijos e hijas huérfanos, 214 de ellos menores de edad.
Nuestra provincia es una de las más azotadas del país por este flagelo y no escapa del cuadro de violencia que se vive a nivel nacional, incluso más, la situación es alarmante si le agregamos las desapariciones, los abusos sexuales, y demás formas de violencia que sufren las mujeres a manos del hombre. Las estadísticas ubicaron a Salta en primer lugar por habitante, con 1,56 femicidios por cada 100 mil y tercera con 19 casos junto a Córdoba, precedida solo por la provincia de Buenos Aires, con 111 casos y Santa Fe con 23.
La Asociación Civil lleva adelante el registro de los casos publicados en las agencias informativas y en 120 diarios del país desde el año 2008. Contabiliza los homicidios de mujeres por razón de género, es decir, casos que no tienen que ver con robos, secuestros u otras situaciones de la llamada “inseguridad” urbana.
La ONG manifestó que desde el 2008 hasta el 2015 unas 2094 mujeres fueron asesinadas, a pesar de que en nuestro país rige desde hace seis años la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales.
La entidad reclamó la sanción de una ley que quite automáticamente la patria potestad a los femicidas, que se garantice el patrocinio jurídico gratuito especializado en el fuero penal y civil para víctimas y la urgente implementación de un plan nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, como está previsto en la Ley 26.485, sancionada en 2009.
El problema
La violencia hacia las mujeres se basa en una relación desigual de poder, y se magnifica cuando se desarrolla en lo que conocemos como patriarcado, que es el sistema social de valores, creencias y costumbres en el que el hombre subordina a la mujer. En este sistema las relaciones de género son jerárquicas y desiguales, y es el que, lamentablemente, impera en nuestra región.
La agresión puede ser ejercida física, psicológica, sexual, económica y hasta simbólicamente. Este tipo de violencia la perpetra el grupo social dominante sobre el dominado sin hacer uso de la fuerza física, para imponer determinados valores, idiosincrasias y así condicionar las relaciones sociales. El grupo dominado usualmente desconoce o consiente esta imposición, por esto se dice que es la más peligrosa, ya que no siempre se percibe.
Este tipo de violencia se disemina como un virus, que si no es atacado a tiempo infecta a toda la sociedad y aparece en todos los ámbitos de nuestras vidas: en la escuela, en la familia, en el trabajo, etc. Y una de sus “vías de transmisión” más eficaces es la propaganda y los mensajes que se difunden en los medios masivos de comunicación, principalmente los audiovisuales.
A través de estos mensajes se suele difamar, injuriar, discriminar, humillar, y hasta promover, directa o indirectamente, la explotación de las mujeres, atentado contra la dignidad de las mismas. En todos estos casos se empieza a legitimar y a construir patrones socioculturales reproductores de la desigualdad lo que deriva en un ejercicio de poder agresivo hacia ellas.