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S.O.S.

Las denuncias por violencia familiar que se judicializaron este año suman un poco más de 7500. Nuestra provincia sigue sin poder bajar los índices ni la cantidad de femicidios que la colocan en los primeros lugares a nivel nacional. (Garrik)

Unas 7.560 denuncias por violencia familiar ingresaron en los primeros nueve meses del año en los juzgados del distrito judicial del centro, que incluye a Salta capital y otros 12 municipios. La cifra implica un crecimiento del 7 por ciento con respecto al mismo período del año pasado, cuando se registraron 7.002 casos.

Las cifras corresponden al seguimiento estadístico periódico que realiza la Corte de Justicia en esta materia. Desde el año 2006, cuando entró en vigor la ley provincial 7403 protección a las víctimas de violencia, las causas ingresadas suman más de 125 mil casos.

La ley 7857, que entró en vigor este año, elevó a cinco el número de juzgados especializados en violencia familiar y de género. Dos de estos juzgados funcionan en la ciudad de Salta, y uno en las ciudades de Orán, Tartagal y Metán.

Los feminicidios son la manifestación más extrema de violencia hacia las mujeres. Nuestra provincia es una de las más azotadas del país por este flagelo y no escapa del cuadro de violencia que se vive a nivel nacional, incluso más, la situación es alarmante si le agregamos las desapariciones, los abusos sexuales, y demás formas de violencia que sufren las mujeres a manos del hombre. Las estadísticas ubicaron a Salta en primer lugar durante el año pasado por habitante, con 1,56 femicidios por cada 100 mil y tercera con 19 casos junto a Córdoba, precedida solo por la provincia de Buenos Aires, con 111 casos y Santa Fe con 23.

Prorroga emergencia

El gobierno de Urtubey, durante el 2014, declaró la emergencia provincial en materia de violencia de género tras haber sido solicitada por distintas agrupaciones sociales y políticas, ante el aumento de casos registrados en nuestra provincia. La declaración de la emergencia tuvo por objeto visibilizar el problema y se convocó a todos los sectores para analizar las acciones a seguir.

La Ley 7857, que declaró la emergencia y que tiene alcance en todo el territorio provincial, establece entre las principales medidas, la creación de cinco juzgados y cinco defensorías de Violencia Familiar y de Género, hogares de protección temporal como instancias de tránsito y albergue de las víctimas, la instalación de botones antipánico en toda la provincia y el establecimiento de “una red de contención social y sanitaria entre el Estado y organizaciones no gubernamentales” así como el promover “la construcción de una cultura pacífica y libre, fortaleciendo las medidas preventivas de violencia de género”.

En este marco también se creó el Observatorio de Violencia contra las Mujeres destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres en la provincia de Salta. El Observatorio tiene por misión el desarrollo de un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Números que alarman

Algunos números que dan cuenta de la violencia contra la mujer en la Argentina que no pueden obviarse.

En la Argentina hay 50 ataques sexuales por día. Durante 2015 se observaron 3746 violaciones, según la estadística nacional de delitos. Esta cifra representa una tasa de violaciones de 8,7 cada 100.000 habitantes.

En 2015 hubo 13.520 víctimas de delitos sexuales, sin contarse las violaciones consumadas. La tasa es de 31,3 cada 100.000 habitantes.

Entre 2008 y 2015 se registró un aumento del 78% de los femicidios, mientras que el incremento en el período 2014-2015 fue del 26%.

Además de las estadísticas oficiales, informes de la sociedad civil confirman esos números. El Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, dirigido por La Asociación Civil La Casa del Encuentro, señaló que, entre el 1° de junio de 2015 y el 31 de mayo último hubo 275 femicidios.

Dos de cada diez mujeres asesinadas en la Argentina habían presentado denuncias por violencia de género según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, vinculado con la Oficina de la Mujer, en la órbita de la Corte Suprema de Justicia.

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que se creó en 2006 dentro de la Corte Suprema de Justicia por iniciativa de la jueza Elena Highton de Nolasco, recibe unas 900 denuncias por mes. En el 71% de los casos, el agresor es o fue pareja de la víctima.

El 58% de los homicidas fueron parejas o ex parejas de las víctimas, mientras que otro 12% fue cometido por familiares. De esa manera, 7 de cada 10 mujeres fueron asesinadas por personas de su círculo íntimo.

Según la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, el año pasado se notificaron en territorio bonaerense más de 67.000 denuncias por violencia de género.

La ley Nº 26.485, ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conceptualiza cinco tipos de violencia de género y seis modalidades de violencia (según los ámbitos donde se manifiesta/n). En orden alfabético: violencia económica y patrimonial, física, psicológica, sexual y simbólica; violencia contra la libertad reproductiva, doméstica, institucional, laboral, mediática y obstétrica.

Ni Una Menos, «un grito colectivo contra la violencia machista», surgió en mayo de 2015 de un grupo de periodistas, activistas y artistas por la necesidad de decir «basta de femicidios», porque en la Argentina asesinan a una mujer cada 30 horas. La convocatoria -con el hashtag #NiUnaMenos- creció y se convirtió en una campaña colectiva. Miles de personas, cientos de organizaciones en todo el país y militantes de todos los partidos políticos se sumaron a Ni Una Menos el 3 de junio de 2015. Ni Una Menos se instaló definitivamente en la agenda pública y política.