La Sociedad Anónima que explota el peaje Cabeza de Buey enfrenta una grave denuncia en Comodoro Py y podría protagonizar el primer gran escándalo de corrupción de la gestión Milei. En Salta, a pesar de haber recaudado durante años, no logró revertir el estado deplorable de la ruta 9/34. Días atrás, la justicia metanense embargó el 40% de su recaudación diaria y, finalmente, la provincia se hará cargo de los arreglos.
Kim Im Porta
Si bien el catastrófico estado de la ruta 9/34 no puede considerarse ni de cerca una noticia, esta semana los hechos pusieron de relieve más que nunca la problemática. Primero fue el gobernador Gustavo Sáenz, quien adelantó en una entrevista televisiva que la provincia se haría cargo del arreglo de un tramo de la ruta que presenta un alto índice de siniestralidad. “La están cobrando a la gente para que se mate”, sostuvo el mandatario en una clara alusión a la empresa Corredores Viales S.A., encargada de administrar el peaje Cabeza de Buey.
Pocas horas después se conoció que la justicia de Metán ordenó embargar el 40% de los ingresos diarios de Corredores Viales S.A. por incumplir con la reparación del tramo de la ruta nacional 9/34 que va de San José de Metán a Yatasto. Se trata de 12 kilómetros en los que la ruta exhibe hendiduras, baches y deformaciones de todo tipo.
En abril pasado, el juez del Tribunal de Juicio, Sebastián Fucho, había impuesto una multa diaria de $2.500.000 a la empresa por no cumplir con una resolución emitida en el marco de un recurso de amparo. Sin embargo, la medida no tuvo efecto porque la empresa estatal, dependiente del Gobierno Nacional, dejó de usar sus cuentas bancarias. Por ello, el pasado miércoles, la secretaria del Tribunal, la abogada Valeria García, junto con una jueza de paz de General Güemes y una martillera de Metán, fueron a la estación de peaje para ejecutar la nueva medida.
Inicialmente, la medida estará en vigor hasta alcanzar los $75.000.000, y $15.000.000 en conceptos legales. El dinero debe ser depositado en una cuenta judicial y, en teoría, debería destinarse a la reparación de la ruta deteriorada debido al incumplimiento de Corredores Viales S.A.
No obstante, el reclamo del saenzismo no se quedará allí, ya que el primer mandatario provincial aseguró que exigirá a Nación el reembolso de los costos de reparación. “Yo me voy a hacer cargo, pero me van a devolver la plata”, aseguró. Esto es así, dado que Corredores Viales S.A. es una empresa que funciona como una sociedad anónima, pero con los recursos económicos que aporta el Estado y Vialidad Nacional. En sus siete años de existencia, enfrentó amparos, sentencias judiciales, denuncias por corrupción y hasta pedidos de disolución.
Una herencia macrista
Corredores Viales SA fue creada en octubre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, por iniciativa del entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich. Tenía como objetivo inicial hacerse cargo de la estatización del acceso Riccheri-Ezeiza-Cañuelas que estaba en manos de un consorcio liderado por el empresario kirchnerista Cristóbal López. Pese a las promesas de disolución de quienes conformaban los equipos técnicos y de especialistas viales del Frente de Todos durante la campaña electoral de 2019, la administración de Alberto Fernández mantuvo en pie a Corredores Viales y, en los últimos tres años, convirtió a la compañía en una operadora clave del negocio de los peajes.
Bajo la figura de una sociedad anónima que tiene como accionistas al Ministerio de Obras Públicas (51%) y a Vialidad (49%), la empresa se hizo cargo de las concesiones de rutas nacionales que venían de la época menemista y de los PPP viales heredados de la gestión de Mauricio Macri.
El Sindicato de Trabajadores Viales llegó a solicitar su disolución el año pasado. Como argumento, citaron que CV fue creada como una Vialidad Nacional paralela para regir los contratos de concesión de obra pública con una legislación ajena que no se ajusta a ley de procedimientos administrativos, el régimen de contrataciones de la administración pública y la ley de obras pública”.
Una prórroga sospechosa
Hace apenas tres meses, la empresa que explota el peaje Cabeza de Buey fue denunciada en Comodoro Py por presuntas irregularidades en la prórroga de un contrato de concesión. Se trata de un peaje del Corredor Vial Nª 18, vencidos desde 2002 según el pliego original, que también comprende el Puente Rosario – Victoria.
La denuncia fue presentada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y podría derivar en uno de los primeros escándalos de corrupción del gobierno libertario de Milei.
En la presentación se plantea un perjuicio millonario para el Estado, en la medida que será la empresa Caminos del Río Uruguay S. A. la que continuará cobrando peaje en las estratégicas Rutas Nacionales 12 y 14, y en la conexión física Rosario–Victoria, claves para el intercambio comercial con el MERCOSUR.
La CONADUV precisa en la denuncia que “la prórroga fue aprobada por la Resolución 144 de Vialidad Nacional, del pasado 8 de abril firmada un día antes que venciera el contrato”, cuestionando asimismo que como único argumento se esbozó que no existen operadores y que se llegó a esa conclusión sin haber llamado antes a una licitación pública.
También señala que la empresa Corredores Viales SA inexplicablemente no asumió la responsabilidad de la continuidad de la concesión y la recaudación de peajes, a pesar de estar obligada a hacerlo según su estatuto corporativo establecido en 2017 por decreto 794.
En la denuncia se lee: “nos encontraríamos frente a una maniobra tendiente a beneficiar a la empresa concesionaria, con una sospechosa demora en licitar. Este accionar es contrario a la transparencia que debe regir las contrataciones públicas y la continuidad del monopolio, contradice el discurso oficial de libre mercado ya que también existiría una violación a la ley de Defensa de la competencia, ya que con la prórroga se restringió la libre concurrencia”.
Imprudencia que cuesta vidas
Algunas semanas atrás, un fallo judicial ordenó garantizar condiciones de seguridad en el marco de una concesión a Corredores Viales S.A. El 8 de mayo de 2023 un camión excedido en altura embistió el puente peatonal que estaba instalado a la altura del kilómetro 61,5 de la ruta Panamericana, ramal Pilar. La estructura colapsó y la mitad del puente quedó derribada. Así permaneció durante varias semanas.
El Juzgado Federal de Zárate que conduce Adrián González Charvay recibió un pedido de amparo, presentado por varios vecinos de Pilar, entre ellos el intendente Federico De Achaval, ya que ni el Estado a través de Vialidad Nacional ni la concesionaria, Corredores Viales SA, procedieron a reconstruir el puente siniestrado. El resultado fue que tres personas perdieron la vida durante este tiempo intentando cruzar la traza de la autopista.