El dirigente radical, Roque Rueda, hizo circular un comunicado insistiendo en la situación de irregularidad que se vive en Tartagal, donde virtualmente no hay intendente.
En la jornada de ayer, el abogado que patrocina a los radicales que presentaron un amparo en la justicia para que se convoque a elecciones en Tartagal, Roque Rueda, hizo circular un comunicado a través de las redes sociales.
Reproducimos íntegramente el documento de Rueda:
QUÉ PASA EN TARTAGAL
La situación de Tartagal es una muestra lamentable de cómo algunos de nuestros políticos creen que pueden actuar como dueños, no como administradores, de lo público. Creo útil comentarla para que los ciudadanos podamos juzgar.
El 22 de octubre Sergio Leavy fue elegido diputado nacional. Se supo desde entonces que el 10 de diciembre, cuando asumiera en el Congreso, dejaría de ser intendente de Tartagal, porque así lo establece expresamente la Constitución.
Como esto se produjo faltando más de un año para la conclusión de su mandato, correspondía convocar a elecciones de Intendente para reemplazarlo. También lo dice expresamente la Constitución.
Es el Gobernador el que tiene la obligación de hacer la convocatoria. No la hizo. Pasó más de un mes, y el 29 de noviembre Leavy presentó al Concejo Deliberante un pedido de licencia por un año y una semana: desde el 5 de diciembre de 2017 hasta el 11 de diciembre de 2018.
El extraño período se explica fácil. El 6 de diciembre de 2017 Leavy debía jurar en Buenos Aires, y no podía hacerlo siendo Intendente en ejercicio. Por eso la licencia desde el 5. Desde ese día hasta el 11 de diciembre de 2018, su hermano, como Presidente del Concejo, quedaría a cargo en virtud de la “licencia” del Intendente. Llegado ese día, Leavy ya podía renunciar tranquilo a la Intendencia, porque, faltando menos de un año para la conclusión del mandato, no habría que convocar elecciones. Su hermano podría seguir a cargo de la Intendencia hasta el 10 de diciembre de 2019.
La maniobra era muy burda. Muy irrespetuosa de la Constitución y de los tartagalenses. De los salteños en general, porque ¿qué había que interpretar para que tuviese algún sentido? ¿Que Leavy se reservaba para diciembre de 2018 la decisión de si seguía en el Congreso como diputado por Salta o volvía a Tartagal como Intendente?
Pero además era equivocada desde lo jurídico: la Constitución es clara en que no corre la licencia para que asumir otro cargo electivo.
El Concejo Deliberante, sin embargo, con mayoría de su sector político, le concedió la licencia, y Leavy asumió el 10 de diciembre el cargo de Diputado Nacional. En ese momento, porque lo estipula con toda claridad la Constitución, Leavy dejó de ser Intendente de Tartagal. No hay licencia que valga.
Pero no terminó ahí la historia. Ante el revuelo que había causado la maniobra burda de la licencia, el 11 de diciembre (cuando ya no era Intendente), Leavy presentó una renuncia “a consideración del Concejo Deliberante”.
Leavy no tenía cargo de Intendente al que pudiera renunciar. Uno podría decir, de todos modos: “bueno, así se soluciona de una vez el asunto”. Pues no. El Concejo Deliberante, con mayoría suya, evitó tratar la renuncia y pasó a receso hasta abril.
Mientras tanto, el Gobernador mantuvo una actitud pasiva o más bien cómplice con todas estas maniobras, que no son otra cosa que una enorme muestra de desprecio por la Constitución y los derechos del pueblo de Tartagal.
Ante esa actitud, un grupo de dirigentes del radicalismo de Tartagal liderados por el Diputado Mario Mimessi requirieron primero por nota dirigida al Gobernador la convocatoria, y finalmente plantearon un amparo ante la Corte de Justicia.
En los últimos días, en declaraciones a la prensa, Urtubey manifestó que “no se puede” convocar a elecciones porque “desde la Provincia no podemos actuar como celadores de los municipios”, o “no somos un tribunal de alzada al que se pueda recurrir cuando los municipios obran mal”.
Es difícil creer que Urtubey, que es abogado, pueda pensar verdaderamente así. Más natural es creer que se trata de un acuerdo político con Leavy, que se pone por encima de la propia Constitución.
Es útil repetir: la atribución de convocar las elecciones corresponde al Gobernador. Decir lo que dice Urtubey es decir que sus atribuciones constitucionales pueden ser neutralizadas por maniobras burdas de los órganos municipales.
El Gobernador no necesita de la Justicia para ejercer las atribuciones que le confiere la Constitución. Las ejerce y punto, porque es su deber.
Si Urtubey pensase verdaderamente que las manganetas de Leavy y sus concejales le impiden cumplir su obligación constitucional (lo que resulta difícil de creer), pues entonces es él quien tendría que haber recurrido a la Corte. Si permite que las manganetas prosperen es porque quiere.