Tras blanquear la pérdida de 30 mil afiliados, el PJ Salta reunió en su sede de Zuviría a una parte considerable de su vieja guardia: intendentes del interior con pasado judicial y apellidos que se repiten de generación en generación. Una experiencia acumulada que, lejos de traducirse en renovación, empieza a parecerse a una jubilación anticipada del recambio.
Jerson De Cecco
El Partido Justicialista de Salta perdió 30 mil afiliados en los últimos años. Lo reconoció su propia vicepresidenta Soledad Troyano esta semana, sin que nadie se los preguntara con demasiada insistencia. En paralelo, circuló una foto tomada en la sede partidaria de calle Zuviría: el presidente del PJ local, Julio San Millán, reunido con un grupo de exintendentes peronistas del interior provincial. Aunque el motivo del encuentro no trascendió, a juzgar por la postal, la renovación de la conducción no estuvo en el temario.
Treinta mil afiliados no se van de un partido por capricho. Nadie en la sede de calle Zuviría explicó qué hicieron con esa fuga, pero sí encontraron tiempo para juntar a la vieja guardia.
Quien vio la imagen dudó del calendario. Podía ser 2026 o 2010, podía ser la época de Juan Romero, podía ser cualquier año intermedio: los rostros no cambian. Alguno en redes la comparó con un casting de El Marginal. Otro, más generoso, con una foto familiar de esas que se sacan una vez por década para comprobar que todos siguen vivos y, de paso, que todos siguen en algún cargo.
Una convención de longevidad
En el centro de la imagen, flanqueado por los bustos tapados de Juan Domingo y Eva Perón, aparece Julio San Millán, presidente del PJ Salta y uno de los ejemplares más antiguos del museo peronista local. Volvió la democracia y ahí estaba él: senador provincial en 1986 bajo la gobernación de Roberto Romero, ministro de Bienestar Social entre 1987 y 1989 con Hernán Cornejo, otra vez senador por Capital a fines de ese año y, desde 1991 y hasta 2001, senador nacional. Cuatro décadas después sigue discutiendo el futuro del partido desde la misma silla, o una parecida.
Alrededor suyo, la lista de invitados a la foto de la renovación funciona como un repaso de gestiones municipales que terminaron, en más de un caso, con una denuncia penal esperando en el escritorio del sucesor. El PJ salteño tiene esa costumbre curiosa: cuando necesita mostrar experiencia, recurre a la misma cantera de intendentes del interior, sin reparar demasiado en qué estado dejaron el cargo antes de subir a la foto grupal.
El prontuario detrás de la sonrisa
Leonardo Fabián “Nardo” García gobernó El Quebrachal hasta perder la intendencia en 2019 frente a Rolando Rojas, mientras en esa misma elección se llevaba una banca en el Senado provincial por el departamento Anta. Antes de irse dejó una acusación por sueldos municipales impagos, con un faltante estimado en 18,2 millones de pesos a valores actuales, y después una causa por presunto fraude: su sucesor denunció que García y su hermano, entonces secretario de Hacienda, habrían desviado fondos públicos para la campaña de 2019 mediante cheques por casi 40 millones de pesos que impactaron en el presupuesto de 2020.
Francisco “Pancho” Ibáñez, exintendente de Salvador Mazza, también figura entre los convocados y muchos recordaron que quedó envuelto en 2018 en un escándalo ajeno, pero incómodo: su sobrino, cabo de Gendarmería, fue detenido con un cargamento de 16 kilos de cocaína. El intendente de turno, Rubén Méndez, aprovechó el parentesco para atacarlo políticamente. Ibáñez tuvo que salir a aclarar que compartía apellido, no vínculo ni contacto, con el gendarme.
En otro rincón de la foto asoma Enrique Cari, de Guachipas. Fue procesado en 2013 por violación a los deberes de funcionario público y fraude a la administración pública. Su sucesor, Néstor Parra, detectó que una serie de resoluciones de nombramientos habían sido fechadas en 2010 pero notificadas recién en 2011, un desfasaje que terminó en tribunales.
Dante Omar Torres, de La Viña, otro de los que posó sonriente para la foto, protagonizó el capítulo más impúdico de la lista: fue condenado en 2019 a tres años de prisión por el robo de rieles del ferrocarril. Un llamado anónimo en 2011 alertó sobre un grupo desmantelando las vías cerca del puente ferroviario de La Viña, con sopletes, mazas y un tractor municipal incluido. Los operarios detenidos dijeron haber sido contratados por el propio Torres para trasladar el material a una finca de su propiedad. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 le dio la razón al fiscal y lo condenó; los otros diez implicados negociaron probation.
Por su parte, Marcelo Moisés, de Apolinario Saravia, enfrenta desde 2021 una denuncia del periodista Carlos Siles ante la fiscalía de Delitos Complejos y Económicos por la construcción del techo del polideportivo local, una obra que debía entregarse en agosto de 2017 y que, según Siles, se inauguró incompleta en abril de 2019, con parte de la cancha y el entubado pluvial todavía pendientes.
Herencia de sangre y cargos
El resto de la mesa completa el cuadro sin necesidad de fiscales, aunque no por eso resulta menos ilustrativo. Nancy Montero ocupa la tesorería del partido desde hace años. Luis “el Gringo” Mendaña y Miguel Calabró aportan trayectoria desde La Caldera, esa clase de trayectoria que se mide en décadas y no en gestión.
Entre apellidos repetidos, mandatos que se solapan y causas que se heredan de gestión en gestión, la mesa de Zuviría suma, entre todos sus integrantes, algo más parecido a un cuadro de honor por antigüedad que a un plan de sucesión.
Lo llamativo no es que estos dirigentes sigan activos: la vejez política no es delito, y varios de ellos podrían argumentar experiencia acumulada como mérito. Lo llamativo es que se los convoque, otra vez, bajo la bandera de la renovación, como si la palabra hubiera perdido su significado en el camino. Un partido que pierde 30 mil afiliados y responde reuniendo a los intendentes del ayer no está discutiendo el futuro: está actualizando el álbum de figuritas repetidas. La expectativa era de renovación. La foto, con todo respeto, dice otra cosa.