La detección del quinto caso de COVID-19 tiene daños colaterales: empezaron a circular versiones que vinculan a los poderosos de turno con la trata de personas. La noticia fue dada a conocer por CUARTO PODER el fin de semana y muchos han decidido mirar para otro lado.
Recapitulemos a lo que sucedió con la repatriada. Apenas se conoció la noticia de que una repatriada tenía el virus, un grupo de vecinos atacó a quienes residían en una casilla del humilde barrio Islas Malvinas, arrojando piedras hacia la vivienda y la ambulancia en la que se dispuso su traslado al Hospital Papa Francisco de la Ciudad de Salta. Todos denunciaron que nunca hubo control municipal del aislamiento y que, por pobres, carecen de insumos para el cuidado contra la enfermedad y, luego, tampoco los controlaron para evacuar una incertidumbre generalizada.
El escándalo prosiguió cuando se analizó el derrotero de la joven mujer que vino desde el sur del país. Es que la cuarentena iniciada en la capital fue interrumpida a pedido de autoridades oficiales y sin que se adviertan motivos justificados más que la influencia mal ejercida por desaprensivos.
Lo obrado con autorización del COCS y el Municipio nuevamente pone en tela de juicio los incumplimientos a las normas biosanitarias y del plazo de cuarentena por parte de funcionarios públicos. Irónicamente la Fiscalía Penal investiga a los agresores, pero no el delito de incumplimiento del régimen sanitario.
Hay muchos datos que faltan del caso. O que se ocultan. Por ejemplo, cuántos días estuvo la mujer en Buenos Aires para luego decidirse a circular hasta Salta.
Sí hay certeza sobre que esta persona no habría completado el período de aislamiento en la capital salteña y, por pedido del alcalde Martínez con anuencia de la ministra Medrano, habría sido retirada al cuarto día de su encierro junto con 11 personas en una camioneta municipal hacia el Valle de Lerma, desde una residencia del norte de la Ciudad de Salta.
Vecinas señalaron que la nueva víctima de contagio realizó la cuarentena con otra mujer, pero no se sabe si los nueve pasajeros restantes fueron sometidos a los protocolos para prevenir el contagi.
También manifestaron que, desde que las depositaron en el barrio, estas mujeres tuvieron contactos recurrentes con otras personas, sobresaliendo una fiesta que habrían realizado en su casilla el 1 de Mayo para festejar el día del trabajador y que se extendió hasta la madrugada.
No conformes con la displicencia para con la cuarentena, algunas las vieron transitar por negocios del lugar sin barbijos y sin adoptar recaudos de protección que son obligatorios.
Si bien estas conductas no parecen justificar la reacción violenta de quienes habitan en la zona cuando se conoció que se trataba de un nuevo caso de coronavirus, nueva información aporta otra visión sobre los motivos de la desmesura que comprendió la apedreada de la vivienda y de una ambulancia.
Para el escándalo
Los nuevos datos que podrían generar un cambio de rumbo en las apreciaciones iniciales y agigantan lo que ya es un escándalo son incompatibles con lo que se espera del pasado de un funcionario o de sus familiares.
Vecinas se quejaron no solamente de que se violara el aislamiento, sino también de que las jóvenes habrían sido visitadas por varios varones, incluyendo la pareja de una de ellas. De allí que aseguran que en el barrio Islas Malvinas se habría desarrollado una actividad prostibularia insólita.
Otros lugareños avanzaron con la versión de que las féminas que regresaron a Salta no habrían trabajado como mucamas de hotel en el sur del país, sino en locales donde la actividad sexual rentada y simultánea a las temporadas de residencia de jornaleros golondrinas.
La versión llegó a salpicar a la flamante primera dama del municipio, que estaría vinculada al gerenciamiento de uno de los últimos cabarets de Salta, llamado “Terra Nostra” y ubicado en calle Córdoba 580.
Este local fue clausurado a mediados de 2013, luego de que allí fuera sorprendido el ex Intendente de Salvador Mazza Carlos Villalba. En ese entonces fueron también allanados “Don Quijote” (Avenida Tavella 1959), “Rumy” (San Luis 435) y una casa de Villa San Antonio.
Francisco Chicho Russo, era el dueño de “Terra Nostra”, junto con su entonces pareja Viviana Gómez. También fueron detenidos Roberto Quintián, Mercedes Baigorria, Elida Noemí Arias y Marisel LLanes.
Todos fueron procesados con prisión preventiva por promoción de la prostitución y captación con fines de explotación sexual, en concurso real con explotación económica de las víctimas. La mancha del bajo fondo se les impregnó cuando se los acusó de explotar a 37 mujeres económicamente vulnerables que brindaban sus servicios sexuales y, según arguyeron, lo hacían “voluntariamente”.
Esta “voluntariedad”, opuesta como una defensa en el Juzgado Federal cuando se investigó la trata de personas, les permitió recuperar la libertad y continuar con su actividad, la que solamente es reprimida por normas contravencionales pero no dejan de ser cuestionables (Zafaron, Cuarto Poder, 12 de Junio de2014).
Viviana Gómez, la ex pareja de “Chicho” Russo, quien estuvo detenido por tráfico de drogas hasta hace poco tiempo, tendría cercano vínculo con la actual consorte del Intendente Enrique Martínez. Mientras algunos dicen que se trata de la misma persona, otros corrigen y dicen que la pareja del alcalde es hermana de Viviana y se llama Nancy Gómez.
Los escudriñadores del pasado de la primera dama de Rosario de Lerma se sugestionaron cuando se aportó la noticia de que Griselda Nancy Gómez, divorciada y de 50 años, fue condenada en Mendoza a 4 años de prisión al ser encontrada culpable del delito de promover o facilitar la prostitución. El juicio lo llevó adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza.
Esa causa había llegado a la fiscalía de Guaymallén cuando un llamado anónimo denunció que en un aviso se solicitaba «masajistas de sexo femenino con buena presencia», pero al llamar a los números que acompañaban el pedido se explicaba que «había que realizar trabajos sexuales».
Las versiones coinciden en la especulación de que la viajante contagiada conocía a la mujer o cuñada del alcalde por un pasado contaminado con estos antecedentes.

De no haber dado positivo el resultado del test Covid-19, esta situación no habría generado tantas elucubraciones. Pero las consecuencias finalmente alcanzaron a Josefina Medrano De la Serna, Ministro de Salud que fue desplazada de la coordinación del COCS y fue reemplazada por el Secretario General de la Gobernación Matías Posadas.

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