El único plan de la intendenta era recaudatorio: las fotomultas.

«Mejoren el tránsito, arreglen las calles, pinten ls sendas peatonales, tomen más personal de tránsito, coloquen semáforos, reductores, piensen en la gente».

Con esas palabras, la concejal Romina Arroyo instó a la gestión de Bettina Romero a hacer algo contra la siniestralidad vial.

Lo más parecido a un plan que había tenido Betti eran las fotomultos y apuntaban más que nada a recaudar guita: no iban a evitar accidentes.
En la sesión de ayer, después de que la Municipalidad de la ciudad de Salta decidiera no insistir con la implementación del convenio para las fotomultas acordado con Cecaitra (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina), los concejales capitalinos aprobaron un proyecto de resolución para que se retiren las cámaras y equipamiento instalados por la empresa en los distintos espacios de la ciudad.

La concejala autora del proyecto, Romina Arroyo (Salta Tiene Futuro), sostuvo que es una «falta de respeto» que aún la ciudad tenga esos elementos, y aseguró que «la problemática de la seguridad vial no se resuelve con una Cámara y una empresa» que realice las fotomultas.

«Le pedimos que saquen las cámaras a esta empresa que no está autorizada en la ciudad de Salta», reiteró Arroyo, ya que sostuvo este pedido durante la etapa de Manifestaciones.

El proyecto que se presentó sobre tablas fue respaldado por sus pares de bancada, como Santiago Alurralde (STF). El edil además planteó una inquietud al consultar quién se encargará de retirar el equipamiento ya instalado. «¿Quién paga todo esto? ¿La Municipalidad, los vecinos, la empresa?», preguntó.

Acto seguido expresó que «si algo no surtió efecto y no se pudo llevar adelante, los platos rotos no los tiene que pagar el vecino».

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