Después de 12 años, el gobierno Juan Urtubey, ahora preocupado por su candidatura presidencial, aún no ha sido capaz de garantizar equipamiento, recursos humanos y ambulancias para la población del departamento más pobre de la provincia, y uno de los más pobres del país. (Joaquín Vázquez)
El municipio de Rivadavia Banda Sur es reconocido por ser uno de los más pobres del país y por tener a uno de los intendentes más corruptos. Al mismo tiempo que se publican noticias referidas a mortalidad infantil como expresión de la pobreza estructural de la población local, se conoce el bochornoso enriquecimiento ilícito por parte del intendente y su pareja, quienes se convirtieron en multimillonarios con campos, vacas, camiones e inmuebles a partir del manejo de fondos públicos.
Uno de los indicadores que mejor expresa la realidad social que viven en Banda Sur es el “socio sanitario”, por eso la Resolución 00084/18 de la Defensoría del Pueblo de la Nación realizada a fines del año pasado, como respuesta a la Actuación N° 1450/16 y 2157/16 sobre “Afectación a Derechos de una Comunidad Aborigen”, elaborada luego de obtener información oficial de las condiciones de funcionamiento de los hospitales del municipio, resulta de gran importancia.
A partir de la Actuación abierta en 2016, donde se denuncia la gravedad de la situación de la salud pública, la Defensoría pidió informes al Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta y a los hospitales de Rivadavia Banda Sur y La Unión. En octubre de 2017 hubo respuesta del Hospital de Rivadavia Banda Sur “desconociendo las afectaciones descriptas”. Pero con respecto al Hospital de La Unión, localizado a 50 kilómetros de distancia del primero, en cambio, se reconoció la crítica situación socio sanitaria del departamento Rivadavia, realizando una descripción de la misma que se acerca mucho más a la realidad que se vive a diario en la zona.
El Hospital brinda asistencia a una población que oscila entre los 5000 y 7000 habitantes, de los cuales el 20% pertenece a “Pueblos Originarios”; entonces, no es solo un problema de “indígenas”, es decir, toda la población sufre la poca o mala atención médica, ya que el 80% de la población que se atiende en este nosocomio se reconoce como no-indígenas o autodenominados “criollos”.
La realidad del departamento Rivadavia es conocida: el área de influencia es muy amplia en extensión geográfica, con caminos en ocasiones intransitables, más aun en temporada estival como la actual, y una situación socio sanitaria que hacen del mismo el departamento más crítico del país, reconocida por la misma Defensoría que “ha constatado (esta situación) en visitas anteriores”.
El informe continúa, “el hospital de mención cuenta con DOS médicos para atender a toda la población descripta, aclarando, además, que según la OMS debería haber por cada MIL (1000) habitantes CUATRO (4) médicos”, los mismos son “médicos generalistas, es decir, sin una especialidad”. Ante esta falta, “se solicitó el envío de forma periódica de especialistas en pediatría, gineco-obstetricia, cirugía, clínica y psiquiatría, habiendo obtenido sólo respuesta favorable del Área Salud Mental y desde el Programa Materno Infantil que envió una obstetra”, pero que hace un año dejo de prestar servicio, es decir, desde fines de 2016, “ante una aparente falta de renovación de contrato”.
Continúa, “el nutricionista disponible también presta servicios en el Hospital de Rivadavia y, en aquellos casos que ameritan evaluación por parte de otras especialidades médicas, deben ser derivados al Hospital de Orán o a la Ciudad de Salta”. Lo mismo sucede con el control prenatal a todas las embarazadas “que ante la necesidad de una evaluación por parte de especialistas se realizan derivaciones al Hospital de Orán o a la Ciudad de Salta”. Pero, ante la situación de las mujeres embarazadas, aclaran que “el Hospital La Unión NO cuenta con las condiciones para realizar partos, es decir, no cuenta con quirófano, neonatología, incubadora, gineco-obstetra, ni con especialistas, realizándose la atención de aquellos partos que vienen en período expulsivo”.
Por la reconocida alta necesidad de traslados ante la falta de especialidades médicas, la Defensoría del Pueblo de la Nación solicitó información sobre la disposición de ambulancias y sus niveles de equipamientos. La realidad de las mismas también es terrorífica: “poseen TRES (3) ambulancias, encontrándose en funcionamiento y en condiciones de equipamiento solo UNA (1) por estar en reparaciones otras dos”, refiriendo que “la disposición de UN (1) solo móvil para la población de casi SIETE MIL habitante es INSUFICIENTE”.
Con ésta información brindada por los Hospitales, la Defensoría del Pueblo de la Nación concluye: “existen grandes limitaciones en el derecho al acceso a la salud de la población”. Y, agregando la información brindada como respuesta por el Ministerio de Salud de Salta, en noviembre de 2017, agrega: “Que, todo esto expresa una falta de personal médico y médico especializado para garantizar la atención de la población que de este nosocomio dependen”, y en relación al Hospital en particular: “está lejos de cumplir su misión”.
“Que, en relación a ello, vale recordar lo establecido por la OMS: un umbral de 23 médicos, enfermeras y parteras por 10.000 habitantes, “cifra mínima necesaria para prestar servicios esenciales de salud materna e infantil (…) Los países que no superan el mencionado umbral tienen dificultades para prestar una asistencia cualificada al parto de numerosas mujeres, así como servicios de emergencia y especializados en la atención a los recién nacidos y a los niños pequeños. Esto repercute directamente en la mortalidad de las mujeres y los niños”.
“Que, como consecuencia de esa falta de especialidades médicas, desde el Hospital La Unión y el Hospital Rivadavia surge la necesidad de derivar a los pacientes a centros mayores de referencia ya sea para tratamientos especializados, ecografías y consultas médicas específicas”.
“Que, dichas derivaciones implican traslados hacia el hospital de referencia en la localidad de Orán o a la ciudad de Salta, lo cual, requiere recorrido de entre 180 y 330 km respectivamente”.
Una vez descripta la pésima situación de la salud en Rivadavia Banda Sur, reconocida por los hospitales y por el Ministerio de Salud de Salta, la Defensoría nombra leyes, pactos internacionales y derechos no garantizados y violados por el Estado salteño gobernado por Juan Urtubey.
El Subsecretario General del Defensor del Pueblo de la Nación resuelve: “ARTICULO 1°.- RECOMENDAR al MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE SALTA, con relación a los Hospitales LA UNIÓN y RIVADAVIA de la Localidad Banda Sur, la dotación de recursos humanos especializados, equipamientos para la instalación de quirófano en la atención del parto y servicios de neonatología del recién nacido, y la dotación necesaria de ambulancias y vehículos para traslados, acordes a la población abarcada por sus áreas de cobertura”.
Al igual que las auditorías realizadas al municipio, como la publicada en diciembre de 2012, donde se reconoce y denuncia el vergonzoso manejo de los fondos públicos y del municipio por el intendente Cuenca; en 2016 la Auditoría General de la provincia realizó un crítico informe sobre el Hospital de RBS, que llegó a manos del Ministerio de Salud en abril de 2018, el cual contradice la respuesta oficial que el Hospital de RBS da a la Defensoría y que damos a conocer en esta nota; es decir, las pésimas condiciones del nosocomio y de la atención sanitaria, que negaron en reconocer oficialmente, fueron constatadas por la Auditoría General de la provincia: problemas edilicios, falta de agua potable, equipos en desuso, falta de profesionales y ningún objetivo cumplido por el área de prevención a cargo del Papa Nicolau, embarazo y vacunación de menores. Con lo cual, se reconoce por informes nacionales y provinciales, que tanto el Hospital de RBS como el Hospital de La Unión no funcionan como corresponde, violando derechos elementales de acceso a la salud.
Pero la situación de la salud en Rivadavia Banda Sur y La Unión no han mejorado; ningún funcionario se hizo cargo, no hubo respuesta por parte del ministro de Salud Roque Mascarello, ni del Secretario Marinaro Rodó, ni por Carlos Abeleira, de Primera Infancia, tan acostumbrados a negar la degradación de la salud pública por falta de presupuesto y a justificar todo, por “cuestiones culturales”.