La reciente apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal contra la decisión del Juez de Garantías 4, que otorgó arresto domiciliario a los jefes del Servicio Penitenciario en Salta, marca un episodio polémico en la investigación que involucra a 13 imputados. El Procurador Pedro García Castiella, y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt solicitaron la revocación de las sentencias del 18 y 19 de diciembre y la imposición de prisión preventiva.
La investigación, que se remonta al 7 de diciembre de 2023, señala a cinco funcionarios del Servicio Penitenciario por delitos como exacciones ilegales agravadas (concusión). Se les acusa de exigir dádivas a internos penados a cambio de favores relacionados con el régimen progresivo de la pena, como salidas transitorias, otorgamiento de salida a granja y cambios de pabellón. Además, se imputa la comercialización de estupefacientes agravada a varios acusados, incluidos guardiacárceles.
Desde el Ministerio Público Fiscal argumentan que la decisión del juez Antonio Pastrana de otorgar arresto domiciliario a los involucrados pone en riesgo el éxito de una compleja investigación que ha demandado tiempo, recursos y esfuerzos por parte del Estado. Se enfatiza la gravedad de los delitos cometidos por funcionarios públicos, destacando que estos casos requieren un análisis más estricto.
Los fiscales sostienen que los imputados abusaron de sus funciones y jerarquía, aprovechándose de la situación de privación de libertad de los internos. Detallan transacciones electrónicas y en efectivo, realizadas entre los funcionarios y los familiares de los internos, con el fin de obtener beneficios indebidos.
En su apelación, los fiscales cuestionan la interpretación del juez sobre los estándares de verosimilitud del derecho exigidos para la prisión preventiva, argumentando un error dogmático al confundir estos estándares con los requeridos para el dictamen fiscal de requerimiento de juicio.
El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, destacó precisamente la necesidad de acompañamiento de los demás estamentos del Estado en los esfuerzos del Ministerio Público, sin renunciar al resguardo de derechos y garantías individuales. También señaló que el escrito de prisión preventiva ya contiene los fundamentos necesarios y debe ser ponderado por el juez.
La apelación del Ministerio Público Fiscal, busca restaurar la prisión preventiva y garantizar que se haga justicia en un contexto de corrupción institucionalmente grave.