La Justicia volvió a darle una mala noticia a Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia, al rechazar el intento de frenar el decomiso multimillonario de bienes en la causa Vialidad. La Cámara de Casación cerró el camino hacia la Corte Suprema y dejó avanzar el proceso para recuperar 111 propiedades vinculadas al entramado de corrupción que durante años convirtió la obra pública en una especie de emprendimiento familiar con fondos estatales. El monto a decomisar supera los 684 mil millones de pesos, una cifra tan obscena que ya ni entra en una calculadora común.
Mientras la ex presidenta cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica, la Justicia sigue revisando el patrimonio acumulado alrededor de un esquema donde el Estado parecía funcionar como sucursal administrativa de Lázaro Báez. Los jueces Hornos y Barroetaveña rechazaron los recursos de la defensa, aunque Mariano Borinsky votó parcialmente en disidencia respecto de algunos bienes de los hijos de la ex mandataria. A esta altura, la discusión judicial ya no parece centrarse en si hubo
corrupción, sino en cuántas propiedades entran exactamente en el inventario del saqueo.
En tiempos donde la indignación pública apunta —con razón— a los desmanejos, negociados y privilegios de la política actual, conviene no practicar amnesia selectiva. Toda la corrupción de hoy no debe hacernos olvidar la del gobierno anterior, cuando la épica militante convivía cómodamente con hoteles, constructoras amigas y fortunas imposibles de explicar. Porque en Argentina cambian los discursos, cambian las banderas y cambian los relatos, pero la costumbre de algunos dirigentes de confundir el Estado con una caja personal parece resistir cualquier cambio de época.