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Reunión interinstitucional sobre Justicia Penal Juvenil Restaurativa

En el marco de la vigencia de la Ley 8097, “Régimen de Responsabilidad Penal para niñas, niños y adolescentes” y en cumplimiento del mandato de coordinación institucional dispuesto por Ley 8389, la Procuración General convocó a una reunión de trabajo con distintas autoridades con incumbencia en la materia.

Este miércoles, autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo provincial y de la Municipalidad de la ciudad de Salta, mantuvieron una reunión con el objeto de coordinar esfuerzos para atender las distintas problemáticas que se presentan en torno a los ilícitos en los que se encuentran involucrados niñas, niños y adolescentes, principalmente para desarrollar dispositivos y programas que incluyan prácticas restaurativas, para involucrar a las y los jóvenes en procesos de responsabilización cumpliendo una finalidad educativa y de reinserción comunitaria.

El encuentro tuvo como precedente inmediato, reuniones entre el procurador general, Pedro García Castiella y el intendente capitalino, Emiliano Durand, donde adelantaron su compromiso de trabajar en esta materia.

En la reunión de este miércoles, representantes de la Municipalidad de Salta, encabezados por María Juncosa, Coordinadora General de Relaciones Comunitarias, expusieron sobre las distintas actividades deportivas, recreativas, cursos y talleres educativos llevados a cabo en los barrios de Salta y se debatió sobre cómo podrían integrarse, con la intervención de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, a cargo de Carina Iradis, para que funcionen como programas restaurativos a los que se puedan derivar jóvenes en el marco del instituto de la remisión (art. 19 bis, Ley 8097), suspensión del proceso a prueba o sobreseimientos articulados (art. 8, Ley 8097), que dispongan las Fiscalías Penales Juveniles o los Juzgados Penales Juveniles.

La idea es poder articular acciones coordinadas para ampliar las posibilidades de respuesta en el sistema de justicia penal juvenil y que, mediante el abordaje individualizado y trabajo en territorio con las personas menores de edad, se procure disminuir la reiterancia en hechos delictivos, al tiempo que se hace foco en la prevención.

Expusieron su perspectiva jurídica de la importancia de esos dispositivos, la jueza Penal Juvenil Nadia Cruz, las fiscales penales Juveniles Carolina Hernández y Carolina Mateo Bellini y los defensores Penales Juveniles Carlos Flores y Adolfo Sánchez Alegre.

También se trabajó sobre la posibilidad de aumentar el alcance operativo del Programa de Abordaje Territorial, que se encuentra bajo la Dirección de Justicia Penal Juvenil del Ministerio de Seguridad y Justicia, por lo que tanto su directora, Ileana Ballesteros, como el Subsecretario de Políticas Penales, Jorge Javier Salgado, se comprometieron en coordinar con la Secretaria de Niñez y las autoridades municipales, para expandir el accionar del programa a los barrios más necesitados de la ciudad de Salta, poniendo a disposición los CIC y los equipos interdisciplinarios con los que cuentan.

La reunión estuvo coordinada por el Secretario de la Procuración General, Aldo Rubén Saravia. También participaron la Secretaria de DDHH de la Corte de Justicia, Blanca Ferri, el Secretario de la Defensoría General, Damián Cornejo, la Directora del Centro de Mediación del MPF, Nancy Valencia Donat, el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad y Justicia, Agustín Alejandro Bonari, el Subsecretario de Agencia de Juventud de la Municipalidad de Salta, Claudio Fernández, y profesionales de los equipos técnicos de la Municipalidad y de Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina) con asiento en Salta.

Por la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social participaron el subsecretario de Niñez, Cristian López Traficando, la directora general de la Niñez, Rosario Reales y la Directora de Fortalecimiento Familiar, Florencia Aguilera.

Por el Ministerio de Seguridad y Justicia, la directora general de Políticas Penales, Georgina Storniolo Pons.