Un informe da cuenta de cómo las políticas de «austeridad” implementadas en los últimos años hacen que la ciudadanía plena e igualitaria siga siendo una promesa incumplida para la abrumadora mayoría de las mujeres y comunidad LGBTQ. La situación luego de reformas laborales, tributarias y previsional. (Andrea Sztychmasjter)

El informe “Las políticas de ‘austeridad’ en la Argentina y su impacto diferenciado en las mujeres, travestis y personas trans” fue elaborado por el Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica, Red de Feministas del Sur Global DAWN y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), realizado por Patricia Laterra, Florencia Partenio, Corina Rodríguez Enríquez y Nuria Ape.

El trabajo los alcances de un panorama económico de ajuste y reformas esenciales que se vienen dando en el último tiempo en nuestro país, a través de políticas “neoliberales”: “La ola de reformas regresivas en Latinoamérica se encuentra signada por lo que los organismos financieros multilaterales llaman ‘nueva economía’ …bajo esta idea se esconde la premisa de manutención del modelo capitalista en el formato neoliberal, el cual depende de la reforma de los sistemas regulatorios nacionales y globales para que se adecuen a los intereses del capital, es decir, a las ganancias y los procesos de acumulación de las grandes corporaciones privadas”, sostienen.

El informe da cuenta de las consecuencias negativas de las reformas que se impulsan en el marco de estos procesos (laboral, tributaria y previsional) y el especial impacto para las mujeres, ya que implican un desfinanciamiento de la seguridad social –principalmente vía la reducción de las contribuciones patronales y los aportes previsionales.

Reforma previsional

El informe señala que en el tema de la Seguridad Social, las políticas de re-direccionalidad de recursos y activos constituyen un lento pero constante des-financiamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). A partir de ello desglosan varios puntos prioritarios sobre la forma en la que afecta las medidas tomadas hace 4 años por el gobierno a mujeres, trans y travestis.

  • Deterioro monetario del nivel de los beneficios sociales  

Por el cambio en la manera de estimar la movilidad se afecta y disminuye el potencial aumento de los beneficios sociales como lo son los haberes previsionales y las transferencias monetarias asistenciales. Esto último afecta a la población adulta mayor y a los/as beneficiarias de la política social que en su mayoría se encuentran comprendida por mujeres en situación de vulnerabilidad y en contexto de precarización.

  • Exclusión de trabajadoras/es informales o precarizadas

Desde el 2004 hasta el 2016 la moratoria previsional permitió la incorporación al sistema previsional de personas que no había acumulado los registros contributivos suficientes. Si bien el beneficio estaba igualmente disponible para varones y mujeres, accedieron mayoritariamente estas últimas (el 86% del total de beneficiarios/as que accedieron por esta ventana fueron mujeres)

“Esto fue el resultado directo de la sobre-representación de las mujeres en el empleo informal, y en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que implica trayectorias contributivas más débiles. En el marco de estas dos moratorias previsionales (Leyes N° 24.476 y 26.9706) el Estado Nacional reconoció esta problemática permitiendo el acceso a un beneficio contributivo, equiparable al haber mínimo recibido por aquellas personas que cotizaron durante su vida laboral en empleos formales. Esta moratoria fue reemplazada por la Pensión  Universal del Adulto Mayor (PUAM), creada mediante la Ley N° 27.260, promulgada mediante el Decreto Nº 881/2016. En la misma se determinó una prórroga de 3 años de la Moratoria Ley Nº 26.970 (con vencimiento el 23/07/2019), sólo accesible para el caso de las mujeres”, señalan.

  • Aumento de la edad para acceder a la Pensión Universal del Adulto  Mayor (PUAM)

Esta pensión marca un retroceso de los derechos adquiridos, esencialmente para las mujeres. Podemos mencionar entre los perjuicios:

– Aumento de la edad a partir de la cual se percibe el beneficio (de 60 a 65 años).

– Monto inferior a un haber mínimo previsional (80%) creando una discriminación entre quienes pudieron contribuir en su historia laboral y quienes no.

– No es compatible con la percepción de otro beneficio social, únicamente con la Asignación Universal por Hijo/a. En caso de tener derecho a obtener pensión por viudez deberá renunciar a la percepción de este beneficio.

Políticas sociales

En el informe aseguran que desde la Economía Feminista se ha insistido en la necesidad de incorporar la dimensión de los cuidados como un elemento central de los pisos de protección social, visibilizando y formalizando las prácticas de cuidado en los diversos componentes; se ha enfatizado en la relevancia de diseñar esquemas integrados que avancen hacia una universalidad no segmentada que alivie la tensión entre protección y méritos expresados en el mercado laboral; y se ha señalado la importancia de ampliar la titularidad de derechos de las adultas mayores.

En contraposición con esto señalan “se verifica un claro deterioro en el poder adquisitivo de los beneficiarios/as de las transferencias condicionadas por la modificación en la fórmula de actualización. Esto se  suma a la falta de debate y perspectivas de transformación de los elementos controvertidos de las transferencias condicionadas, desde el punto de vista de la autonomía de las mujeres”.

Las políticas de austeridad implementadas por la actual gestión también implican describen, la eliminación y fusión de programas asistenciales (Ellas Hacen, Argentina Trabaja, Desde el Barrio) y un recorte en la cobertura de otros programas, que aún con sus limitaciones, buscaban fortalecer las capacidades de las mujeres, mejorar su vínculo con el mercado laboral y sostener su autonomía económica.