Ana presidenta de la Fundación Cintia Fernández, emitió un comunicado sobre el femicidio de Andrea Neri dentro del penal. “¿Dónde está el Juez de Ejecución Penal, Dr. Martín Martínez ya que la Ley de Ejecución Penal le atribuye directa responsabilidad sobre los internos al magistrado?” se preguntó.
CARTA ABIERTA DE LA “FUNDACIÓN CINTIA FERNÁNDEZ” POR EL FEMICIDIO DE ANDREA NERI
La “Fundación Cintia Fernández”, Personería Jurídica Nº 129/16, en virtud de sus fines estatutarios vinculados a la lucha contra violencia de género y el femicidio, se ve en la imperiosa necesidad de manifestarse al respecto del asesinato de Andrea Neri en el Penal de Villa Las Rosas, Ciudad de Salta, en manos de quien fuera su pareja Gabriel Herrera.
Éste femicidio aberrante, representa de manera paradigmática, la situación sociocultural; política y carcelaria de la Provincia de Salta, destapando y dejando en evidencia los gravísimos defectos y las notorias responsabilidades, principalmente, por parte de los funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Poder Judicial. Sean por falta de idoneidad y competencia, como por ligereza, indiferencia o ignorancia injustificada, se omiten deberes esenciales por y para los que existe el Estado, hoy en cabeza de su gobernador Juan Manuel Urtubey.
Sorprendentemente persiste un mutismo y falta de autocrítica; una minimización del conflicto social que representa la violencia de género en escandaloso aumento y la malintencionada desviación de responsabilidades hacia funcionarios de menor competencia, quienes ostentan un marco de acción inferior, y que sin dejar de resultar responsables, debieran ser en menor medida respecto de quienes verdaderamente dirigen las políticas públicas de un Estado cada vez más ausente, derivado de un Gobierno que carece de todo tipo de plan de acción, principalmente en materia de prevención de los conflictos.
El cambio de administración carcelaria no es más que un hipócrita posicionamiento en la metodología de la minimización de conflictos permanentes y estructurales, que nos refuerza la tesis de que verdaderamente no les importa el hecho concreto, que no existe originalidad gubernamental, y que más temprano que tarde lamentaremos más momentos como éste.
El particular caso de Andrea Neri nos plantea, al menos, los siguientes interrogantes, a los que el sentido común en un principio nos responde evidenciando lo extremo de la situación.
1) ¿Cómo es que a un recluso, que ya tuvo un idéntico antecedente en el año de 2006, de matar a su pareja en el interior de la cárcel (de Metán) en circunstancias de la visita íntima, le permiten sin controles ni limitaciones, continuar usufructuando tal beneficio, con el agravante de que utilizara un arma blanca con la que ultimó a la víctima?
2) ¿Cuáles son las nuevas medidas que se tomarán para evitar éste tipo de desgracias evitables? ¿De verdad cree el Gobernador Juan Manuel Urtubey y la Ministra de Derechos Humanos Pamela Caletti que desplazando del cargo a los jefes de la cárcel se soluciona el problema?
3) ¿Donde está, quien hasta ahora no aparece ni ha dado la cara, el Juez de Ejecución Penal, Dr. Martín Martínez, quien tiene una determinante responsabilidad con lo sucedido? La Ley de Ejecución Penal le atribuye directa responsabilidad sobre los internos al magistrado, popularizado por su doble cargo, y su doble sueldo.
4) ¿Hasta cuando nuestra sociedad tiene que soportar: el aumento de la violencia de género; las mafias carcelarias y policiales; los amiguismos y lealtades entre la corporación judicial y los funcionarios públicos; la exclusión y la discriminación, en fin, la ausencia del Estado Democrático?
Cuando los funcionarios públicos se equivocan tan gravemente, omiten por desidia o lo que es peor, por desconocimiento injustificado, las más elementales funciones de su gestión administrativa, que como en el caso cuestan vidas humanas, deben al menos admitir su error y ante su gravedad, renunciar, pues el mal desempeño en sus funciones es evidente. Son entonces, indignos del cargo que ostentan y por tanto deben ser apartados. En el particular femicidio sobre el que nos pronunciamos, se pudo y se debió actuar para que la muerte no se produzca y sin embargo la dejadez; indiferencia; ignorancia y falta de coordinación de la grotesca burocracia estatal permitieron y siguen permitiendo injustas y evitables muertes.
Las consecuencias siguen siendo nefastas: un femicidio; una niña huérfana; familias destruidas, una sociedad descreída de la justicia y del Estado; un sistema carcelario que pasa factura de sus carencias con reos que están muy lejos de resocializarse por la ausencia de políticas verdaderamente inclusivas. BASTA DE IMPUNIDAD; BASTA DE FUNCIONARIOS INEPTOS; BASTA DE VIOLENCIA; BASTA DE INJUSTICIA!!!