La euforia de la ministra Figueroa por el hecho elemental de que ningún niño wichí haya muerto de hambre en un lapso de 60 días, además de exponer cuan bajos están los estándares en la cartera que conduce, provocó la inmediata respuesta de referentes originarios. Denuncian ocultamiento y discontinuidad en la asistencia alimentaria. (Nicolás Bignante)
Muchos podrían no entenderlo, pero tal vez Salta sea la única provincia del país en la que el gobierno celebra con exaltación que ningún niño wichí haya muerto de hambre en un período de dos meses. De hecho, dando por sentada la fiabilidad del cálculo oficial, este acontecimiento no se repetía desde hace 17 años. En palabras de la ministra de Desarrollo Social Verónica Figueroa, «la mortalidad cero por desnutrición en enero y febrero es el mejor indicador de una política exitosa». En su andadura por la prensa lisonjera la funcionaria destacó el «hecho histórico» y aseguró que, en el entorno gubernamental, están «más que contentos».
Pero mientras desde el ministerio le daban rienda suelta al regocijo, un piquete de originarios de Rivadavia Banda Sur sobre la ruta 13 ponía en evidencia lo endeble del relato oficial. Y aunque el desencadenante no haya sido un caso de desnutrición infantil, la disonancia con lo expresado en los partes estatales se tornó francamente indisimulable.
Los jóvenes padres de un niño wichí de cuatro meses denunciaron mala praxis en el servicio de Salud de Rivadavia Banda Sur. El bebé falleció el pasado martes luego de ser atendido en el centro sanitario de Santa Rosa, ubicado a 25 kilómetros de distancia, por un cuadro febril. En el lugar, le suministraron penicilina y dipirona, lo que -según su madre- provocó que comenzara a convulsionar. Pese al cuadro que presentaba, la profesional a cargo de la posta sanitaria le recomendó a la joven madre retornar a su hogar.
Horas más tarde, la mujer volvió a apersonarse en el centro de salud que esta vez se encontraba cerrado, por lo que acudió a la comisaría para solicitar una ambulancia. El niño no había mejorado y presentaba ronchas en su cuerpo.
La ambulancia fue derivada desde el hospital de La Unión. Una vez en el nosocomio, le volvieron a colocar un inyectable. Luego de tres horas sin mejoras, el profesional a cargo formalizó la derivación al hospital San Vicente de Paul en Orán, pero la criatura falleció a bordo de la ambulancia.
Para Jacobo Argamonte, referente de la Comunidad wichí de Santa Rosa, no se trata de un caso aislado. Muchas de las muertes y padecimientos del pueblo wichí simplemente quedan afuera de los radares del estado. «Una señora falleció también por causas similares. Sufría de presión alta y dolor de cabeza, fue a la sala a las 3 de la tarde, la vacunaron y como no se le pasaba la volvieron a vacunar y ahí falleció. El hecho no salió a la luz porque era una familia de muy bajos recursos», asegura.
El reclamo sobre la ruta 13 precipitó la visita del ministro de Salud Juan José Esteban, con quien criollos y originarios mantuvieron una breve conversa. De allí se llevaron la promesa de la construcción de un nuevo puesto sanitario para la localidad de Santa Rosa, donde residen más de mil familias según el último censo. El centro de salud actual, según la descripción de Argamonte, se encuentra en condiciones deplorables: «El edificio no tiene revoque, adentro las chapas se están pudriendo, los baños están en malas condiciones y el olor es insoportable. Está en muy mal estado».
Sobre el balance gubernamental el referente wichí destacó que: «Hay niños con bajo peso aquí en Rivadavia, tengo entendido que en Chañaral también falleció un niño en esas condiciones a comienzos de año». La comunidad a la que hace referencia se encuentra sobre el margen inferior del río Bermejo, donde también descreen del relevamiento oficial. «El gobierno siempre va a salir con esas palabras, pero hay chicos con bajo peso y en riesgo. Siempre ocurre en las comunidades», aportó a Cuarto Poder Andrés Puertas, de la Comunidad «El Chañaral».
En el extremo noreste las condiciones son aún más hostiles durante el verano y buena parte de la realidad originaria queda excluida de los sondeos estatales. Abel Lutsej Mendoza, Cacique de Santa Victoria Este y presidente de la UACOP (Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo), desmiente de manera rotunda los dichos de Figueroa. «Hace dos meses falleció una nenita que era la nieta del presidente del IPPIS Alejo Gallardo. Fue a fines de diciembre entrando a Enero», relata. «Otro caso (de muerte por desnutrición) se dio en la comunidad «La Magdalena», a 43 kilómetros de Santa Victoria, cerca de La Puntana. Como es lejos en zona rural, no hay señal y es una comunidad muy aislada. Eso fue hace un mes, en enero», asegura.
Según el relato de los familiares, el fallecimiento se dio como producto del estado de desnutrición del niño. Y al tratarse de comunidades aisladas, postergadas y sin acceso a la comunicación, no hay registro que dé cuenta de sus penurias. «Nosotros sospechamos que hay un plan de ocultamiento, porque todo lo que se está hablando ahora, se oculta. Incluso acá en Santa Victoria, el gerente Ariel Rojas que es nutricionista, para nosotros no es una persona grata, porque siempre ha ocultado esos hechos», añade Abel Mendoza.
Promesas
Tras la extensa caravana de originarios que llegó a la capital salteña a fines del año pasado, desde la cartera comandada por Figueroa prometieron ampliar la asistencia y triplicar el envío de mercadería. No obstante, esto parece haber quedado en la nada. En las comunidades de Rivadavia denuncian que se ha diferido la entrega de módulos alimentarios. «Yo denuncié todo lo que dijo la ministra Figueroa porque acá cada tres o cuatro meses recién llegan a repartir las mercaderías. Ella nos dijo en noviembre que iba a triplicar la mercadería, pero nunca lo hizo», remarca Mendoza.
«Ellos tienen un cronograma mensual, pero en realidad eso no ocurre. Yo sé cuando se reparte y sé lo que falta. El mes pasado, hubo bolsones que no estaban completos. Es decir, que faltaban productos. A otras comunidades ni siquiera llegaban», concluyó el cacique.