Mientras en Buenos Aires celebran un “blanqueo sin culpas”, en la frontera norte de Salta la medida suena como un guiño a las mafias. Con el recuerdo aún fresco del Fondo de Reparación Histórica —que prometió desarrollo y dejó corrupción—, el nuevo “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos” de Milei amenaza con convertir a Aguas Blancas y Orán en zonas francas del narcotráfico y el lavado. Un territorio donde el Estado retrocede, y la ilegalidad avanza con total libertad.
En el extremo norte de la provincia de Salta, donde el río Bermejo apenas separa a la ciudad argentina de Aguas Blancas de la boliviana Bermejo, la frontera no es una línea divisoria: es un colador. Allí, el contrabando y el narcotráfico dejaron hace rato de ser marginales y se convirtieron en la matriz económica dominante. No se trata de conjeturas ni exageraciones: según datos oficiales del Ministerio de Seguridad, por este paso informal cruzan diariamente entre 1.500 y 2.000 bagayeros, argentinos y bolivianos, que ingresan mercadería sin declarar, muchas veces con complicidad policial.
En este escenario, el anuncio del gobierno nacional de legalizar el uso de dólares no declarados bajo el pomposo título de “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos” encendió una alarma que nadie parece escuchar. Porque si en las grandes ciudades esto puede interpretarse como una invitación a blanquear dólares del colchón, en las zonas de frontera como Orán y Aguas Blancas el mensaje es otro: impunidad garantizada para lavar dinero del narcotráfico.
Milei, Adorni y la amnesia oficial
“Tus dólares, tu decisión”, repitió con entusiasmo el vocero presidencial Manuel Adorni. En el nuevo régimen, los escribanos ya no deberán informar operaciones sospechosas, las inmobiliarias no reportarán ventas, los concesionarios podrán vender autos sin declarar y hasta los consumos personales —en tarjeta, luz, gas, expensas— dejarán de estar bajo la lupa del Estado. Un apagón informativo sin precedentes en el país.
Lo que en la retórica libertaria se presenta como una defensa de la privacidad individual, en la práctica se transforma en una autopista abierta para el lavado de activos. Ya en 2016, un informe del Financial Action Task Force (FATF), organismo intergubernamental que combate el lavado de dinero, advertía que “los programas de amnistía sin controles ni trazabilidad son una puerta abierta para el ingreso de fondos provenientes del crimen organizado”.
Más aún: un estudio de la Universidad de Basilea (Switzerland) publicado en 2021, que analizó amnistías fiscales en 19 países, concluyó que “los regímenes de blanqueo sin exigencias de trazabilidad tienden a correlacionar con un aumento del crimen económico, especialmente en zonas de baja institucionalidad”.
¿Hace falta mayor ejemplo de baja institucionalidad que Aguas Blancas? Desde la intervención del municipio, en medio de escándalos de corrupción y vínculos con bandas criminales, hasta los múltiples operativos antidroga realizados por Gendarmería, todo indica que el Estado argentino ha perdido soberanía efectiva en ese rincón salteño.
La “reparación histórica” que ya fracasó
Para los habitantes del norte salteño, el uso del término “reparación histórica” evoca más sarcasmo que esperanza. En 2011, el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey anunció el famoso Fondo de Reparación Histórica (FRH), un paquete de obras para “salvar la deuda estructural” con los departamentos del norte. El resultado fue una lluvia de contratos inflados, obras inconclusas y empresas fantasmas beneficiadas por la cercanía política.
En Orán, Tartagal, Salvador Mazza y Aguas Blancas, las promesas del FRH quedaron enterradas en el barro. Obras como la planta depuradora de Yrigoyen o la electrificación a Tonono —anunciadas, licitadas y jamás terminado— siguen siendo monumentos a una estafa política. Como remate, ni una sola causa judicial vinculada al FRH llegó a juicio oral. ¿De qué reparación se habla ahora?
Contrabando, narcotráfico y la economía informal que se formaliza
Lo más inquietante del plan de Milei es que, en vez de luchar contra la economía ilegal, la absorbe. La legalización de la opacidad —porque eso es este “blanqueo”— no combate al delito: lo institucionaliza.
En Aguas Blancas, los bagayeros cruzan a diario con bultos de mercadería, pero también con cocaína y pasta base camuflada. La precariedad de los controles hace que las organizaciones criminales se valgan de los mismos gomones que usan los bagayeros para traficar droga, con la ayuda de guías que cobran por facilitar el paso. La Gendarmería decomisa lo que puede, pero la ecuación siempre es desigual.
En ese contexto, los dólares del narcotráfico necesitan destino: inversiones inmobiliarias, compra de autos, operaciones inmobiliarias. Exactamente los rubros que ahora el gobierno nacional liberó de cualquier obligación informativa. En lugar de cortar las rutas del dinero sucio, Milei decidió asfaltarlas.
Un informe de Global Financial Integrity (GFI, 2022) destaca que las regiones fronterizas con escasa vigilancia estatal “son particularmente vulnerables a la infiltración de capitales ilícitos cuando se flexibilizan los controles financieros, especialmente si coinciden con sectores de alta informalidad y corrupción local”. Podría haber sido escrito para describir Aguas Blancas.
El discurso oficial, anclado en la idea de “libertad financiera”, omite con premeditación que la libertad sin reglas no es libertad: es ley de la selva. Y en las selvas del norte salteño, esa ley la dictan los clanes narco. Allí donde el Estado se retira, otros actores ocupan el vacío: economías delictivas que ofrecen a los jóvenes las únicas oportunidades reales.
Lo advirtió hace tiempo el obispo de Orán, monseñor Luis Antonio Scozzina: “Las mejores ofertas económicas y financieras a los jóvenes las hace el narcotráfico”. Una verdad amarga, que ninguna política libertaria puede resolver con slogans.
Laboratorio de impunidad
Mientras las potencias del norte (EE.UU., Reino Unido, Alemania) buscan mecanismos para repatriar capitales offshore bajo estrictos controles, Argentina parece correr en sentido inverso. “Estamos convirtiéndonos en un laboratorio de impunidad”, denunció recientemente el economista francés Gabriel Zucman, uno de los principales investigadores globales sobre paraísos fiscales. En su visión, la propuesta argentina no es una política fiscal: es una renuncia deliberada al control estatal sobre los flujos de dinero.
En el norte salteño, donde la presencia del Estado ya es endeble, ese experimento puede convertirse en una tragedia. Porque aquí, cada medida que debilita los controles, fortalece a los contrabandistas y a los narcos.
Una frontera liberada… al crimen
El “Plan de Reparación Histórica” no repara nada. Más bien, perpetúa la injusticia. En vez de saldar deudas con los sectores vulnerables, legaliza la riqueza sospechada. Y mientras en Aguas Blancas los gomones siguen cruzando cada madrugada con mercadería, droga y sueños rotos, en la Casa Rosada celebran la libertad de no rendir cuentas.
Los habitantes del norte salteño ya conocen esa historia. La vivieron con el FRH. La están viviendo de nuevo. Porque cuando el poder central habla de “reparación histórica”, en el norte se traduce: corrupción para algunos, impunidad para otros, abandono para todos.