La empresa de participación estatal dedicada a allanar el camino a las mineras recibió del estado casi $280 millones este año. Su titular se opone a una eventual nacionalización del litio, pero no aporta una sóla idea para el aprovechamiento del recurso. En los próximos meses se proyecta construir gasoductos de millones de dólares para abastecer a las multinacionales. (Nicolás Bignante)
La pantomima provincialista desplegada en la legislatura en torno a la defensa del litio trajo aparejado un interrogante obvio: ¿Qué papel ha cumplido hasta hoy el estado provincial en la gestión y el manejo de los recursos mineros? A pesar de la desmentida oficial respecto de la existencia de un proyecto para nacionalizar el litio, diputados del saenzismo y de la oposición votaron rechazar “cualquier iniciativa legislativa o gubernamental que proponga nacionalizar los recursos propios de las provincias, por ser violatorias del sistema federal y de lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución Nacional”.
La repentina salteñidad de los legisladores contrasta de lleno con la política minera impulsada por la provincia a través de los referentes locales del PRO; partido con un particular modelo de vinculación con el capital. El ex-presidente de la Federación de Entidades Rurales y ex-titular del partido de Mauricio Macri en Salta, Martín de los Ríos, preside nada menos que el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable. La flamante secretaria de Minería de la provincia, Flavia Royón, es la vicepresidenta partidaria y el secretario de Industria, Comercio y Empleo, Nicolás Avellaneda ocupa el cargo de secretario. Su ex-compañero de partido Andrés Suriani protagonizó una lamentable puja en la cámara baja para quedarse con la presidencia de la comisión de Minería, disputa que el saenzismo saldó ungiendo a la ultra obediente Azucena Salva. Finalmente, el ex-concejal del PRO Alberto Castillo, conocido por defender y promover cuanto proyecto empresarial se le pusiera en el pupitre, recaló en la estratégica «Recursos Energéticos y Mineros de Salta S.A», más conocida como REMSa.
El papel de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria fue y sigue siendo un misterio para la mayoría de los salteños. Pero algo se puede asegurar más allá de todo interrogante: Poco tiene que ver con la participación del estado en la actividad minera. La empresa se define a si misma como “una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, responsable de administrar los recursos energéticos y mineros de la Provincia de Salta, dentro del marco de su objeto social”. En lenguaje corporativo, esto puede traducirse más o menos como la garantía estatal para el desarrollo de la renta privada.
Sin embargo, las partidas presupuestarias asignadas al abroquelamiento de los negocios mineros no son menores. El presupuesto asignado a la empresa REMSa para todo el ejercicio 2021 es de $277.437.593,00. De ese total, apenas $21,6 millones corresponden a «ingresos de Operación» (Ventas, transporte de Gas). El resto de las partidas son asignaciones del estado provincial: $152.577.280,00 ingresan en concepto de «Transferencias corrientes» y los $103.260.313,00 restantes como «Transferencias de capital».
En el desglose de gastos por objeto, el 20,8% corresponde a «gastos de personal», lo que implica un desembolso de $57.922.281,00. Además, un 41,5% ($115.385.699,00) se va en «Servicios no personales», otro 37,2% ($103.260.313,00) en «Bienes de uso» y el 0,31% restante ($869.300,00) en «Bienes de consumo».
A pesar de las ingentes sumas que la sociedad recibe del erario público, no posee participación alguna en las ganancias de la actividad minera. En la provincia de Jujuy, el JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) recibe como socio el 8,5% de las ganacias de «Sales de Jujuy», la empresa que está explotando litio en dos salares de Cauchari Olaroz. A pesar de los reclamos del pueblo jujeño por saber a dónde van a parar esos ingresos y del bajo porcentaje de participación en la ganancia litífera, la sociedad del estado de Jujuy parece estar un paso más adelante que la de Salta.
¡Dale gas!
Entre los anuncios más recientes que involucran al REMSa está el tendido de nuevos gasoductos en la puna para el abastecimiento de los proyectos mineros allí instalados. Uno de ellos tendría una extensión de 370 kilómetros, un caño de 20 pulgadas y un costo estimado en 400 millones de dólares. Claro que a la hora de explicar y justificar una inversión de semejante envergadura se apela a la necesidad de los habitantes del departamento Los Andes, aunque si ese fuera el objetivo real habría otras soluciones menos costosas. La realidad es que el abastecimiento de gas para las mineras de la puna se imputa año a año en las cuentas provinciales desde los años romeristas.
En la página oficial del REMSa esta intención ni siquiera se expresa con disimulo: «en vista de las futuras demandas de empresas mineras que buscan radicarse o iniciar explotaciones en La Puna salteña, se está evaluando la construcción de un gasoducto paralelo al de La Puna y Fénix que permita satisfacer las demandas de los emprendimientos venideros». Meses antes de dejar su cargo, el secretario de Minería Ricardo Alonso se había manifestado casi en idéntico sentido: “el desarrollo de la minería en la Puna requiere de nuevas fuentes de energía. El gasoducto actual se encuentra al límite de su capacidad, las plantas fotovoltaicas pueden ser un paliativo, no obstante, es prioritario el trazado de un nuevo gasoducto”. El comunicado concluía afirmando que «para compensar esa demanda, la oferta de gas debería provenir de la cuenca hidrocarburífera de las Sierras Subandinas y Llanura Chaqueña en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia».
Menem no murió
Una de las voces disonantes en la legislatura fue la del representante del Partido Obrero Claudio Del Pla, quien remarcó el contrasentido de rechazar una eventual intervención del estado nacional en el manejo de los recursos provinciales, sin cuestionar las leyes del menemismo y sus límites para el cobro de regalías. La ley 24.196 del año 1993 fija un tope del 3% en todas las provincias sobre el valor «boca mina», lo que podría haberse interpretado en todos estos años como una injerencia del estado nacional en la soberanía de las provincias. También garantiza a todos los emprendimientos mineros el goce de «estabilidad fiscal» por el término de treinta años, lo que involucra impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas, que tengan como sujetos pasivos a las empresas inscriptas.
La proclamada soberanía provincial de los recursos tampoco parece ir muy de la mano con las sucesivas «leyes de promoción minera» sancionadas en los últimos años, que no son otra cosa que regímenes de fomento basados en la condonación del pago de regalías. Una de las más recientes, la N° 8164 reglamentada el año pasado, prevé un mecanismo de compensación del porcentaje del costo de la obra que se ha declarado de beneficio público, con las regalías mineras a su cargo, en el porcentaje y en las condiciones que se determinen para cada caso concreto. Es decir, más facilidades para las multinacionales.
Hacen agua…
Si de marcos regulatorios se trata, de las provincias argentinas que integran la gran extensión de litio, Salta es la que mayor flexibilidad ostenta en sus políticas. Esto engloba, además del aspecto tributario, el costado ambiental. Los estudios e informes sobre el impacto de la extracción de litio han proliferado en los últimos años al mismo ritmo en que lo hicieron los emprendimientos mineros dedicados a esa actividad. Según se desprende del informe “Megaminería en el altiplano de Catamarca” -Marconi, Clark, Arengo y Genovese; 2017- para la obtención de una tonelada de este material en el llamado “triángulo del litio” -que comprende áreas de Salta, Jujuy, Catamarca y Chile- se necesitan 2.000.000 litros de agua. Si tomamos como referencia los tres proyectos litíferos más importantes de Salta (Enirgi Group, la francesa Eramet y la surcoreana Posco) y la producción anual proyectada por las empresas, el cálculo es estratosférico: 95 mil toneladas anuales de litio, sólo en tres emprendimientos.