Quizás sea por eso que se mira a esa actividad como una caja de la política, en donde los “encargados” no siempre figuran quienes se desenvuelven en la actividad partidaria, pero los parientes ligan algo poniendo el nombre.
Aún así, en la información oficial los que figuran son los que están con una actividad multimillonaria que se reparte, en el mejor de los casos, un 60% para ellos y un 40% para el estado.
Dr. Rodolfo Hugo Figueroa Adamo, en Urquiza 328, de Salta capital, es el encargado del registro de (maquinarias x 2).
Dr. Jorge Óscar Folloni, en Pellegrini 822, de Salta capital, tiene el registro de automotores y motovehículos.
Cdr. Jorge Faraldo del Val, en Belgrano 980, de la localidad de Oran, tiene el registro de maquinarias, automotores y motovehículos.
Dr. Federico Vanni, en España 171 de la localidad de Tartagal, tiene el registro de automotores y motovehículos.
Sra. María Cristina Alsina Garrido, en Corrientes 577 de Salta capital, tiene el registro de automotores.
Esc. María Patricia Orellana, en Belgrano 22 de la localidad de Cafayate, tiene registro de maquinarias, motovehículos y automotores.
Dr. Guillermo Fleming, en Pje. San Martín 27 de Salta capital, tiene registro de automotores.
Dr. Alfredo Carlo Clerici, en O’Higgins 1102 de Salta capital, tiene registro de motovehículos.
Dr. Luis Diego Zavaleta, en Tucumán 289 de Salta capital, tiene registro de automotores.
Dr. José Antonio Viñal Lacroix, en Tucumán 194 de Salta capital, tiene registro de automotores.
Cdra. Ana Gabriela Barrera, en San Martín 92 de la localidad de Metan, tiene registro de maquinarias, motovehículos y automotores.
Esc. María Florencia Blesa, en Córdoba 487 de Salta capital, tiene registro de automotores.
Dr. Carlos Martín Ramos, en Tucumán 382 de Salta capital, tiene registro de automotores.
De la información surge que los registros otorgados están ubicados unos al lado del otro.
¡La magia de la casta política!
Se puede ver con claridad como unos cuantos manejan el registro de maquinarias, moto vehículos y automotores.
Entender lo que significa que “lo privado” tenga la mejor y la mayor parte de lo que aportamos los ciudadanos o de lo que nos corresponde a todos como Nación y patria, aún en detrimento del estado, se perfila en la ponencia de Redacción La voz.
Un negocio millonario que el estado deja en manos privadas
De todos los aranceles que entran en juego para demostrar la posesión de un vehículo, hay algunos –establecidos por ley– que quedan de forma íntegra para el registro.
De todo lo recaudado en un mes, los Encargados de Registros descuentan esos aranceles y también los gastos de los elementos registrales utilizados en el período. Una vez detraídas esas sumas –en favor de los titulares– resulta una “recaudación remanente” donde una parte queda en el mismo registro, mientras que otra va a la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Justicia.
La forma en que se divide esa “recaudación remanente” es bastante particular: la normativa fija un esquema de montos mínimos y límites, en donde se establecen las sumas y porcentajes que le corresponden al registro en función de lo recaudado durante ese mes.
Más de $70 mil millones por año que cobran los registros seccionales por “aranceles de transferencias”, más el “informe de dominio” y los libre deuda, monto que se actualiza por inflación, porque todo está atado al precio en el mercado.
Si se tomara que en promedio las unidades cuestan 10 mil dólares y si se extrapolan al resto del país las condiciones de transferencia que operan en la Ciudad de Buenos Aires (donde no se paga Ingresos Brutos pero el llamado “Sellos”), en un año la compraventa también mueve:
$152 mil millonespara los organismos recaudadores provinciales.$7000 millonespara las policías que hacen la verificación policial.$6700 millonespara las entidades que hacen grabados de autopartes.$2500 millonespara las concesionarias de autos por el “formulario 08″.$680 millonespara los organismos de vialidad que entregan reportes varios.
Argentina es el segundo país más costoso para comprar y tener un auto, pues se requiere un 515,77% del salario anual promedio para mantener un vehículo cero kilómetros, según señaló un informe difundido en junio de 2022 por la consulta internacional de ScrapCarComparison
Algo de claridad pone el periodista Ignacio Cagliero en el año 2022 con datos oficiales del 2021, donde refriega los millonarios pesos que se queda el sector privado que manejan una operación obligada por el estado y tiene cautivos a una gran actividad donde los ciudadanos deben aportar para estar en la legalidad.
Los registros del automotor mueven año a año una caja millonaria que el Estado ve pasar de costado. Se trata de oficinas públicas que fueron tercerizadas hace décadas y adjudicadas con criterios poco transparentes que dieron origen a denuncias de distinto tipo. Allí el Estado obliga a los ciudadanos a realizar todos los trámites vinculados a la posesión de un vehículo pero se queda con una parte menor de la recaudación. Un sistema engorroso y caro para los usuarios que termina siendo usufructuado por manos privadas por una mera intermediación.
En total hay 1.555 Registros Seccionales de la Propiedad Automotor en todo el país que dependen de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Para tomar dimensión del nivel de actividad del sector, desde la Cámara de Comercio Automotor (CCA) informaron que durante el 2021 se patentaron 381.777 autos en todo el país, con el Fiat Cronos a la cabeza, un auto valuado en 2.386.000 pesos en su modelo más económico. Mientras que la transferencia de usados ascendió a 1.689.722 unidades, siendo el Volkswagen Gol Trend el modelo que más se vendió.
De todos los aranceles que entran en juego para demostrar la posesión de un vehículo, hay algunos –establecidos por ley– que quedan de forma íntegra para el registro. De todo lo recaudado en un mes, los Encargados de Registros descuentan esos aranceles y también los gastos de los elementos registrales utilizados en el período. Una vez detraídas esas sumas –en favor de los titulares– resulta una “recaudación remanente” donde una parte queda en el mismo registro, mientras que otra va a la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Justicia.
La forma en que se divide esa “recaudación remanente” es bastante particular: la normativa fija un esquema de montos mínimos y límites, en donde se establecen las sumas y porcentajes que le corresponden al registro en función de lo recaudado durante ese mes. Según la última actualización de los valores –que se anunció el 28 de diciembre de 2021 y entró en vigencia los primeros días de este año– si el registro recauda hasta 1.173.000 pesos (límite 1), se queda con el total de la recaudación. Pero si el monto se ubica entre 1.173.000 pesos (limite 1) y 2.042.000 (límite 2), al titular del registro le corresponde el 100 por ciento fijado para el límite 1 más el 60 por ciento del excedente.
Por poner un ejemplo: si la recaudación remante mensual –es decir todo lo recaudado en el mes descontando los aranceles y costos de registración que ya quedan para el registro– fuera de 2 millones de pesos, al titular del registro le corresponderían 1.173.000 pesos más el 60 por ciento del excedente, en este caso 496.200 pesos. Es decir, si la recaudación remanente de un registro fue de 2 millones de pesos, el titular del registro se queda con 1.669.200 pesos (83 por ciento) y el Estado con apenas 330.800 pesos (17 por ciento).
El esquema fija 6 límites donde el porcentaje de excedente que queda en manos de los titulares de registro va decreciendo a medida que la recaudación es mayor.
1: hasta $ 1.173.000
el 100 % de lo recaudado2: entre $ 1.173.000 y $ 2.042.000
$ 1.173.000 más el 60 % del excedente (y hasta $ 2.042.000)3: entre $ 2.042.000 y $ 2.305.000
lo que resulte de 1 y 2 más el 40 % del excedente de $2.042.000(y hasta $ 2.305.000)4: entre $ 2.305.000 y $ 2.705.000
lo que resulte de 1, 2 y 3 más el 25 % del excedente de $ 2.305.000 (y hasta $ 2.705.000)5: entre $2.705.000 y $2.967.000
lo que resulte de 1, 2, 3 y 4 más el 15% del excedente de $2.705.000 (y hasta $2.9677.000)6: entre $ 2.967.000 y $ 3.243.000lo que resulte de 1, 2, 3, 4 y 5 más el 10 % del excedente de $ 2.967.000 (y hasta $ 3.243.000)7: entre $ 3.243.000lo que resulte de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 más el 5% del excedente de $3 .243.000Puede llegar a ser el 15 % del excedente si durante el mes se superan las 350 transferencias realizadas.
Pero los encargados también están cubiertos por si las cosas no marchan bien algún mes. El artículo 5 de la resolución 2012/2021 que actualiza los valores de los emolumentos establece que cuando la recaudación mensual “no permitiere retener a su favor total o parcialmente las sumas adicionales dispuestas” los encargados “gozarán de un crédito ante el Ente Cooperador Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) para la adquisición de elementos registrales” con el fin de seguir realizando su labor.
Lo curioso, quizás, es que este modelo de negocio es el que promociona (supuestamente) el electo presidente Milei, pero según dicen, a contramano de sus ideas, “peluca” en el registro quiere meter mano, no se conoce si para que lleguen más recursos para el estado, como pretenden algunos legisladores nacionales que ya presentaron proyectos en el Congreso espantados por la guita que se quedan los “encargados” de los registros del automotor en todo el país, o si la idea que lo mueve al “electo” sea cambiar a los “privados” para que sean de su riñonada.
Pero los cercanos al “León” arriesgan que quiere simplificar el sistema inspirado en el estadounidense.
Lo cierto es que la mordida es grande y que los ofendidos de las políticas sociales se sienten cómodos con la caja que el estado les permite a “los mordisquitos” que se rajan las vestiduras cuando los niños o los viejos no tienen ni para superar el hambre o la pobreza.