La semana entrante comenzará a desarrollarse el diálogo en torno a la reforma política que propician legisladores de distinto signo. El Senado Provincial será el escenario donde se expondrán sobre la conveniencia y oportunidad de avanzar con iniciativas que se concentran en la eliminación de las PASO. (Leo Paredes)
No son pocos los que no están conformes con que el grupo que responde a Mashur Lapad; sea el que sea que dirija estas conversaciones, sobre todo los que dicen pertenecer a la riñonada saencista desde su génesis. El Ministerio de Gobierno, a cargo de Ricardo Villada, parece haber perdido la iniciativa, o tal vez la autoridad para gravitar en estos temas que les corresponden por la naturaleza misma de su cartera.
Los senadores Jorge Pablo Soto y Silvina Avilés aseguran que obran por designios del Gobernador. Con un análisis más que rudimentario, el legislador de La Viña afirmó que las PASO deben desaparecer porque tienen un costo aproximado de 800 millones que deberían destinarse a la salud pública.
En contrario a su argumento, el hombre es poblador notorio de un senado que se niega a aportar siquiera migajas de sus dietas al fondo solidario creado por el gobernador para ayudar a sectores castigados por la emergencia sanitaria.
Otros dirigentes consideran que solamente se trata de un mero globo de ensayo, un experimento o un sondeo, y que nada cambiará porque no existe margen para modificar las reglas de juego ni posibilidades de abrir el debate a una ciudadanía a la que hoy le repugna la política partidaria.
Por lo pronto, ya se escucharon críticas, nada menos que de los dos partidos tradicionales de Salta. El presidente del PJ, Pablo Kosiner opina que se trataría de un error eliminar las PASO, aunque el flamante jefe de la CAP Pablo Outes nada ha dicho del tema y su silencio hace sospechar que el gobernador no ha tomado decisión alguna.
Miguel Nanni, todavía conductor de la UCR se ha expedido en el mismo sentido de rechazo, pero su presidente virtual Mario Mimessi calla. El cristinista José Vilariño no comparte la vigencia de las PASO y quiere su derogación, lo que resulta compatible con un Partido para la Victoria comandado solamente por su figura y la de Sergio Napoleón Leavy y que podrían decidir sus candidaturas en una mesa de café.
Falta diálogo político que genere la masa crítica para tratar un tema de semejante calibre, y esto se advierte de considerar los proyectos que en solitario han presentado sobre este tema legisladores de distinta extracción política como Manuel Pailler (Senador del Frente de Todos), Germán Rallé (que preside un bloque saencista en diputados) o el propio vicegobernador Antonio Marocco.
Como se ve, son varios los que proponen que cada partido regrese al sistema de internas cerradas para dirimir candidaturas. Están preparados los partidos con expansión territorial para contener intereses múltiples de candidaturas en sus senos, cuando también coexisten con sellos sin estructura que prestan el carril electoral a cuanto dirigente muestra sus apetencias sin importar programas o ideologías? Sin dudas corren el riesgo de la diáspora cuando los personalismos busquen imponer bendecidos en las listas.
Colateralmente, también se acumulan pretensiones de prohibir las dobles candidaturas y de acotar las colectoras que han convertido el sistema vigente en una especie de ley de lemas que fue desterrada hace años por los efectos distorsivos que provocaba. En esa época, el elector no sabía quién finalmente era el beneficiario de su voto. Algunos se animan a hablar de la eliminación del voto electrónico, aunque esta hipótesis es remota.
Los disparadores
El detonante de la reforma política tiene origen en los anuncios del propio Gobernador que hace tiempo remitió un proyecto de reforma constitucional que contemplaba modificaciones al sistema electoral, la Corte de Justicia y la Auditoría General. La pandemia hizo trizas la posibilidad de concretar este deseo pues el primer mandatario, y el espinel político, no están en condiciones de instalar, expandir y profundizar las bondades de un nuevo pacto institucional que exige de una maduración que lleva tiempo y requiere un diálogo que no existe. Sin embargo, los de la segunda y tercera línea persisten en la voluntad de introducir el bisturí en la ley de las PASO.
El episodio que también aceleró el tratamiento de estos proyectos es la renuncia forzada del ex diputado nacional Juan Ameri, que puso en el debate la necesidad de erradicar la boleta sábana que permite que muchos indeseables de la política se cuelguen de una figura potable, o medianamente digerible para el electorado que es agredido y confundido por escasas propuestas disimuladas por amplias estrategias de marketing que en la mayoría de los casos se ha mostrado efectiva por los millones de pesos que las sustentan.
Paradojalmente, los prospectos de legisladores buenos esconden tras de sí a los resistidos o ignotos que no acreditan principismo, ideología o, cuanto menos, un recorrido personal compatible con la rectitud. Los partidos políticos han agravado la crisis a niveles impensados y no importan si son espectro nacional o local.
Otro factor que contribuye a repensar el sistema de representación es la descomposición de algunos gabinetes municipales jaqueados por concejos deliberantes hostiles o de mayorías contrarias integradas por defectos de confección de listas. La gobernabilidad está en juego en muchos distritos comunales.
En Aguaray los cuestionamientos judiciales del intendente Enrique Prado por el robo de caños de alto costo del gasoducto NEA, que se expusieron hasta en medios nacionales, y polémicas internas lo condujeron ya en mayo pasado a pedir la renuncia a todos sus funcionarios de gabinete. El Concejo Deliberante aquí ha iniciado el juicio político de Enrique Prado.
En la Capital Bettina Romero ya ha excluido de su equipo a varios funcionarios, que huyeron espantados por su mal carácter y la verticalidad exagerada con que conduce. Esta semana se aceptó la renuncia del Secretario de Cultura Gabriel Miremont, aunque antes ya habían desertado el Secretario de Prensa Guillermo Brandan Valy, el Secretario de Hacienda Emilio Savoy y las Subsecretarias María Emilia Ghiberti y Guadalupe Colque.
Son 15 sobre 21 los concejales que no comulgan con Bettina Romero, aunque su dispersión les ha impedido ser certeros en el jaque a su gestión.
Pero este fenómeno también se ha reproducido en Cafayate, donde Fernando Almeda invocó la necesidad de un recorte de gastos e hizo renunciar al Coordinador del Gabinete, al Director de Relaciones Institucionales, al Encargado de Prensa, al Encargo de Servicios Públicos y a los Secretarios de Turismo, Cultura y Deportes. Casi un autogolpe.
En San Carlos, los tres concejales han iniciado el juicio político contra el Intendente Héctor Raúl Vargas y tienen criterio unánime para llegar a la destitución.
En el caso de San Ramón de la Nueva Orán la situación es peor porque pone de manifiesto un debilitamiento de la figura de Pablo González, que hizo renunciar a todos sus secretarios y a quien se le impuso un Secretario de Obras Públicas romerista, como lo es el ex diputado Marcelo Bernard.
Esta situación hace recordar los tiempos en los que Marcelo Cil era Secretario de Municipios del gobierno de Juan Manuel Urtubey, cuando le exigió al entonces intendente de General Mosconi, Enzo Argañaraz, la designación en su gabinete de los secretarios de obras públicas, gobierno y hacienda. Una intervención encubierta que ahora muestra otra cara más sutil.
Sin tiempo para discutir
El tiempo para debatir no es el mejor. La pandemia ha concentrado los esfuerzos del gobierno y de todos los actores políticos. Cada intento de tratar temáticas distintas a las vinculadas con el COVID-19 y sus repercusiones económicas gravosas es considerado por muchos salteños como una distracción innecesaria. Sin embargo, está claro que las políticas de gobierno y la actividad parlamentaria no pueden detenerse por tiempo indeterminado.
La crisis sanitaria tendrá vigencia por mucho más tiempo de lo previsto y, ciertamente, existe la posibilidad de tratar todo lo que pueda mejorar el actual sistema de representación porque el Coronavirus tendrá muchos infectados ejerciendo su derecho a sufragar el año que viene. Los legisladores tienen tiempo para ello y no implica una falta de respeto el avanzar con el tratamiento de estos proyectos, siempre que otorguen prioridades a lo urgente y lo importante.
Los dirigentes tienen la responsabilidad de analizar si es pertinente desdoblar elecciones o unificarlas; de mejorar el sistema electoral prohibiendo dobles candidaturas; de acotar los números de listas para evitar saturación de postulaciones; de eliminar las listas sábanas y de otorgar mayor confiabilidad al sistema de boleta electrónica. Todos ellos también saben que la última palabra la tiene Gustavo Sáenz.
Lo que faltan son los argumentos sólidos. Desde el criterio ahorrativo de Soto, hasta el pregón de fortalecimiento de partidos ya casi fenecidos que enarbola Avilés, nadie ha explicado con solvencia cuáles serían las bondades de una reforma en tiempos de una crisis inédita. Si estos son los propulsores, la iniciativa está condenada al fracaso.