Carlos Zarzuri, trabajador mantero y Convencional Constituyente representante de la Izquierda explicó cuáles son las propuestas que defienden para que el poder popular se vea reflejado en la próxima Constitución. Andrea Sztychmasjter

 

La reforma que comenzara a abordarse a fines de septiembre está llegando a término luego de cumplido el plazo de 60 días que tenían para sesionar e introducir los cambios a la Constitución.

En términos generales la grieta entre oficialismo y oposición se volcó en el debate y no se llegó a mayores acuerdos entre los bloques constituyentes. Por ejemplo se criticó que el oficialismo no haya querido incorporar una clausura transitoria para que se limite el actual mandato del gobernador.

De no quedar expreso en el texto de la Constitución, el mandatario podría al igual que sus dos antecesores poder renovar por 12 años en total su gestión. Uno de los puntos relevantes por haberse tratado largamente justamente la perpetuidad del poder en los diferentes estamentos.

Otras de las aristas álgidas tiene que ver con la aminoración en el debate de la crítica política sobre lo que será incorporado, dejando y atribuyendo una vez más al poder judicial -no elegido por el voto popular- la interpretación de diferentes puntos de los articulados.

Como así también se avizoró una carencia de la verdadera voz de la ciudadanía y una concreción real  de los beneficios que traerá a la sociedad la reforma, algo que justamente fue atribuido como fundamento primario para agilizar la misma.

 

“La burguesía no es tonta”

Al tomar juramento como Convencional en reemplazo de Daniela Planes, el profesor en Ciencias Políticas y vendedor ambulante desde su niñez Carlos Rubén Zarzuri manifestó su solidaridad con manterxs, docentes ocupadxs y desocupadxs, jóvenes y mujeres que pelean por sus derechos y por la defensa del Medio Ambiente.

El representante asumió luego que Planes renunciara para cumplir con una posición política e ideológica de rotación de bancas que caracteriza a la izquierda. No atornillarse a ninguna banca, ni personalismos es lo que pregonan.

 

Carlos Zarzuri describió que su análisis político de la reforma lo encuadran en un enfoque general de contexto latinoamericano con grandes revueltas como en Chile y Ecuador. Para ellos el llamado a una reforma obedece a una forma de maquillar una bronca popular que se agrava con los grandes índices de desocupación e inflación, sumado a la crisis sanitaria y educativa:

“La burguesía no es tonta, nos presentan esta reforma como que cambiará la vida de salteños y como que están abiertos al diálogo y son democráticos pero en el fondo vemos que se sostienen a los mismos funcionarios de Urtubey y Romero”. Señaló el vendedor ambulante que el problema es el régimen sistémico: “Hoy en Salta no hay trabajo, incluso hasta profesionales con título no pueden acceder a un empleo y lo que vemos es que solamente se incrementa el presupuesto en seguridad y no en educación o el sector social que es donde debería importarles”.

 

Zarzuri en dialogo con este medio explicó que presentaron sus propuestas y proyecto de su programa político y de lo que considera debe ser incorporado a esta reforma para que la voz de la mayoría se vea reflejado, cuestión que no está sucediendo: “La reforma parcial de la constitución de Salta que se lleva adelante y de la cual denunciamos desde un primer momento como maniatada y restrictiva, propuesta a la medida del gobernador Gustavo Sáenz-PJ y el Romerismo-PJ, que en lugar de convocar a una asamblea constituyente libre y soberana para que el pueblo decida, planteó reformar unos pocos artículos a su medida para hacer parecer que cambia algo”, detalló.

 

Obligatoriedad de escuela pública y hospitales públicos

 

El Convencional describió que desde el Frente de Izquierda Unidad desde la banca del MST presentaron proyectos alternativos en cada uno de los puntos de la reforma:

“Para terminar con los privilegios de la casta política consideramos que se deben limitar con una única posibilidad de relección, es decir, dos mandatos como máximo y después volver a la actividad al mismo tiempo que el gobernador y todos los funcionarios políticos, jueces, diputados, etc. Terminar con las dietas millonarias deben equivaler al salario de una docente directora de escuela con 10 años de antigüedad y al mismo tiempo, que para legislar sobre  lo público; como salud y educación, los políticos y funcionarios deben estar obligados por ley a educar a sus hijos en la escuela pública y atenderse ellos y sus familias en el hospital público, porque de esa manera conociendo mejor la realidad de la salud y la educación se van a preocupar de que el presupuesto sea necesario y suficiente para que funcionen”.

 

Contra el nepotismo

 

Respecto al cargo de gobernador/a para evitar las prácticas de monopolio del poder, la izquierda plantea que no podrá nombrar a familiares directos en primer grado en puestos del poder ejecutivo. Asimismo que en la mitad de mandato- dos años- este obligado por la constitución a convocar por referéndum consulta popular para ver si hay continuidad o no en su cargo.

Justicia que no es justa

En relación con la justicia, que es el único de los tres poderes que no es electo por el voto democrático de la población, el profesor de ciencias políticas describió: “Creemos que el sistema para su elección no debe ser indirecto a través del Consejo de la Magistratura, sino en una elección en fecha separada de la elección política. Que tanto jueces como fiscales deben llegar a un período de seis años, de manera que se hagan recambio tales por la voluntad del voto popular, que es el único poder soberano y sin sueldos de privilegio. De esto hay ejemplos en distintos lugares del mundo: en catorce estados de los Estados Unidos se vota a los jueces, en Japón cada nueve años se lleva adelante el plebiscito para decidir si la Corte Suprema continua o no. En algunos cantones de Suiza, en Perú, Bolivia, Rusia, mediante la participación popular se designa a jueces y fiscales, como lo proponemos desde nuestro espacio político”.

Anulación del Senado

“Con respecto a la legislatura venimos proponiendo que se tiene que anular el Senado, la cámara que representa, lo más retrógrado, la casta política y es antidemocrática, actualmente en todo el senado provincial, una sola mujer ocupa una banca. Esta propuesta también la hacemos para el senado nacional, sentido en que no es proporcional a la población a diferencia de la legislatura que proporciona los votos que se sabe que en el senado cada departamento que tienen la misma representación no acorde con la población eso establece una desigualdad en la ponderación del voto así que proponemos su eliminación”, consideró.

 

Una Auditoría Independiente del poder de turno

En relación a la Auditoría General consideran que tiene que ser un organismo de control independiente, con una integración minoritaria del poder ejecutivo. “Que el principal bloque opositor tenga hoy siete integrantes en total, dos por el principal bloque opositor, uno por el segundo bloque opositor y que en caso de no haber segundo bloque opositor, que los tres  sean designados por el bloque opositor, uno por el bloque oficialista y que otros tres integrantes se elijan por la sociedad civil, aportaría que se lleve a cabo una suerte de control social sobre los números de la provincia,  los fondos públicos y su aplicación. Es así que proponemos que uno fuera designado en forma democrática por el ámbito de la Universidad Nacional de Salta, uno designado por la Red de Defensa de los Derechos Humanos y otro por los trabajadores de la propia Auditoria General, manteniendo la  independencia del gobierno, como una forma de control para ver si se respeta el gobierno en la atención a los derechos humanos básicos.

Los trabajadores de la propia Auditoria son quienes conocen y ejercerán el control de manera directa, por eso es necesario incluir en la constitución una cláusula, que asiente que el poder ejecutivo tiene que garantizar la dotación de personal suficiente de la auditoria sin precarización laboral para que se puedan en forma efectiva garantizar los controles habilitar en forma anual el presupuesto provincial, su ejecución, las cuentas de las empresas del estado, las cuentas de las empresas privadas, concesionarias de servicios públicos y también las cuentas de los municipios”.