La devaluación y el incumplimiento de los plazos de obra derivan en desembolsos millonarios de la provincia a empresas contratistas por actualizaciones de precios. Mientras el pacto fiscal sirve como excusa para sostener en situación de precarización a miles de trabajadores, en otras áreas del estado el desvalije tiene rienda suelta. (Nicolás Bignante)
El pacto de austeridad implementado en noviembre de 2017 por el gobierno provincial, marcó el inicio de una etapa colaboracionista y de acompañamiento al gobierno de Cambiemos que se extendió a rincones insólitos de la economía provincial. A través de decreto 1603/17 se impulsaría la «Modernización y asignación eficiente de recursos públicos», que es la forma de referirse elegantemente a los ajustes en tiempos de marketing político. El freno a las designaciones en el estado, los aumentos salariales por decreto y otros recortes administrativos tenían como objetivo mitigar y absorber el recorte de $3.600 millones propugnado desde Nación. Salta, al igual que otras provincias, debió emprender un camino de austeridad para equilibrar un rojo financiero de 44.000 millones en 2018. Las designaciones en la planta estatal, entre otras cosas, se encuentran congeladas a seis meses de haber supuestamente culminado con dichos objetivos.
La premisa de las buenas prácticas y la asignación eficiente de recursos llegó a niveles insospechados cuando en diciembre de 2018 se eliminaron por decreto las tarjetas de salutaciones de fin de año y los agasajos para empleados públicos. «Los gastos de recepción, cortesía, homenajes, impresión de salutación, agasajos y similares no podrán ser afrontados con gastos públicos» rezaba, por entonces, la nota dirigida al Administrador del Servicio de Administración Financiera.
No obstante, no todo es achique y resignación de gastos en la administración «U» desde la implementación del decreto 1603/17. De noviembre de 2017 a la fecha se aprobaron 256 redeterminaciones de precios para empresas de obra pública, se otorgaron viáticos en moneda extranjera para 110 comisiones oficiales y se decretaron 24 adendas de prórroga de alquileres y extensión de subsidios.
Mientras el año pasado los estatales perdían como en la guerra recibiendo aumentos por decreto muy por debajo de la inflación, algunas empresas contratistas del estado actualizaban los precios de sus obras inconclusas desde hace 5 o 6 años. En algunos casos específicos, entre los que pueden contarse obras enmarcadas en el Fondo de Reparación Histórica, los valores se quintuplicaron desde la fecha de contratación a la actualidad.
Sólo en la última quincena se aprobaron ocho actualizaciones por un total de $2.590.465,50. Allí figuran obras como: Refacción del centro de Salud de Villa Primavera -$432.682-, construcción de sobretecho en la escuela 4419 de Campamento Vespucio -$200.965-, terminación del complejo municipal de Molinos -$516.014- o la nueva unidad educativa de Misión San Francisco -$142.055-.
Algunas de las obras mencionadas acumulan cinco o seis redeterminaciones en los últimos años. El paso del tiempo, el incumplimiento de los plazos establecidos por parte de las empresas contratistas y los sucesivos procesos devaluatorios, derivaron en desembolsos millonarios por parte de la provincia. Uno de los ejemplos más escandalosos es el del Nuevo Paseo Ferial de la Ciudad de Orán, inaugurado el jueves pasado por el gobernador Juan Urtubey. La obra comenzó en abril de 2013 en el marco del Fondo de Reparación Histórica con un presupuesto inicial de $2.500.000. En los registros oficiales, la obra figuraba como: «Nuevo Mercado Municipal de S.R.N. Orán», pero bajó de categoría a «paseo de artesanos» el año pasado. La última actualización de precios disparó el presupuesto oficial a un total de $17.977.162,72. Para una obra consistente en galerías con habitáculos comerciales para los feriantes de Orán, el monto resulta estrafalario; más aún si se considera que sólo una quinta parte de los comerciantes del mercado municipal podrá trasladarse a las nuevas instalaciones. El desconcierto de los oranenses fue todavía mayor al descubrir que la cartelería de obra que se mantuvo hasta el día jueves correspondía al Plan Belgrano y no al gobierno de la provincia.
Una situación idéntica se vive en la ciudad de Tartagal, donde una obra de importantes dimensiones como el nuevo Instituto de Arte y Cultura, exhibe la identificación correspondiente al Plan Belgrano con un presupuesto cercano a los $60 millones. La obra originalmente estuvo ligada al Fondo de Reparación Histórica con un valor inicial de $45.000.000.
El martes pasado, por otro lado, se oficializó un nuevo desembolso para la contratista EVERARDO G. BENAVIDEZ por la construcción del nuevo instituto terciario 6.023 Alfredo Loutaif de Orán, una obra finalizada en 2017 pero que tuvo un adicional de $1.155.193,01 el año pasado. Por esos adicionales, la provincia continúa pagando actualizaciones al día de hoy. Ejemplos similares pueden encontrarse a lo largo y ancho del territorio provincial.
A los desmanejos en los fondos para la obra pública deben sumarse una importante cantidad de adendas (agregados) que modifican aspectos cruciales de ciertos convenios y contratos entre la provincia y privados. Mediante estos decretos se extienden subsidios a entidades o fundaciones, se prorrogan y se aprueban nuevos gastos de alquileres.
Entre los últimos agregados se encuentra la actualización del alquiler que la provincia paga en Buenos Aires por el local de la Delegación Casa de Salta, donde el miércoles pasado el gobernador Juan Urtubey selló su alianza con el referente de Consenso 19 Roberto Lavagna. Por el espacio ubicado en calle Roque Sáenz Peña al 900, la provincia paga una cuota mensual de $33.000.
El arzobispado de Salta fue también destinatario de este tipo de beneficios. A través del decreto 738 se extendió a lo largo de todo el 2018 un contrato de locación que el ministerio de educación mantuvo con la iglesia católica para el funcionamiento del colegio secundario 5031, en la localidad de El Galpón. Por dicha prórroga se pagaron más de $150.000 al arzobispado de Salta.
Los convenios de colaboración, por su parte, también son modificados mediante adendas que prevén nuevos subsidios a entidades de todo tipo. Mediante el decreto 691 se otorgó a la Parroquia San Jorge, una institución perteneciente a la Arquidiócesis Católica Apostólica Ortodoxa, la suma de $180.000 para la refacción del techo del salón parroquial de usos múltiples y otros trabajos de pintura.
Desde la implementación del «decreto de austeridad» los vuelos oficiales no aflojaron ni un sólo mes. De finales de 2017 a la fecha se aprobaron y liquidaron viáticos para 110 comisiones oficiales en dólares, euros, libras esterlinas, yuanes, francos y reales. Destinos como Austria, Alemania, Brasil, China, Inglaterra y Estados Unidos figuran en el itinerario de viajes de funcionarios de primera y segunda línea. Según la última actualización de la escala de viáticos, cada integrante de la comisión puede disponer de entre u$s200 y u$s300 diarios en el exterior, sumas que engrosan severamente el gasto político cuando los viajes se extienden por 20 o 30 días.
Los dispendios millonarios de la provincia atraviesan todas las áreas del gobierno y supieron sostenerse no obstante los «esfuerzos» del ejecutivo por mostrarse equilibrados en el gasto público. La solvencia fiscal proclamado en 2017, sigue siendo un objetivo al que han contribuido tanto más los trabajadores y la ciudadanía en general, que la clase política y sus socios.