Las inquietudes de los evaluadores que eligieron la terna para un nuevo juzgado de Minas y en lo Comercial deja en evidencia qué perfil se está buscando: alguien que absorba la presión por aprobar la explotación del litio a favor de capitales extranjeros. (Nicolás Bignante)
La convocatoria a concurso público para ocupar el cargo de Juez de Minas y en lo Comercial de Registro, ya tiene a sus ternados, según consta en la resolución N° 1365 del Consejo de la Magistratura. Sergio Luis Arias Cataldi, Gonzalo Javier Castañeda Nordmann y María Victoria Mosmann son los candidatos a presidir el juzgado; cuyas competencias son claves en el funcionamiento de la actividad minera en Salta. El otorgamiento de concesiones de explotación minera, el establecimiento de las indemnizaciones que correspondan a los propietarios por los daños causados durante la exploración y el mantenimiento de los registros de actividad minera, son algunas de las atribuciones de este juzgado.
Preguntas ficticias, no tan ficticias
María Inés Diez, representante del Ministerio Público, mira fijamente a Sergio Arias Cataldi, imagina un escenario ficticio y lanza el interrogante: “A usted le llega una denuncia de que, en la puna salteña, en una explotación minera, están derivando el agua que utilizan hacia Chile. ¿Usted se trasladaría hacia el lugar? ¿Mandaría a alguien? ¿Haría que le traigan un informe?”. El postulante se toma unos segundos y responde: “Yo asistiría personalmente, en ejercicio de mis facultades, a verificar cuál es el problema. Porque también hay mucha gente mal intencionada eventualmente”.
A la concursante Dolores Alemán Ibáñez, la consejera le planteó un interrogante en base a un escenario todavía más pintoresco:
- M.I.D.: Hay una explotación de litio, cuyo proceso se está tramitando en el juzgado por el que usted está concursando y se da una manifestación de ambientalistas con muchos periodistas en el juzgado. De alguna manera, llegan hasta usted y le hacen una serie de cuestionamientos ¿Como actuaría? ¿Los atendería? ¿Qué haría?
- D.A.I.: Yo creo que el juez, respecto de los medios de comunicación, tiene que actuar dentro de un marco institucional y de acuerdo a las políticas de la institución a la que pertenece. Con las pautas de comunicación que tiene la corte. Nosotros tenemos una oficina de prensa. Yo por lo menos, veo siempre los comunicados que son muy buenos…
- M.I.D.: Perdone que la interrumpa, pero a usted le llegan los periodistas, tiene una manifestación con bombos y platillos en su juzgado. Usted trata de esquivarlos, pero de repente se encuentra frente a uno o dos periodistas ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? No le dan tiempo de ir a la oficina de prensa.
- D.A.I.: Bueno, sí. Los atendería y trataría de dar las explicaciones del caso con la mayor prudencia. Pero si pudiera hacerlo a través de la oficina de prensa, lo haría a través de esa vía. Si hubiera que calmar alguna situación, los atendería.
- M.I.D.: Gracias.
La postulante no quedó ternada.
Con María Victoria Mosmann fueron todavía más específicos. En esta ocasión quien pregunta es Abel Cornejo, presidente del Consejo de la Magistratura:
- A.C.: Usted como jueza de minas da una concesión de explotación y notifica esa resolución. En un juzgado civil del distrito judicial del centro un grupo ambientalista interpone un amparo en contra de la concesión que usted acaba de notificar y le mandan un oficio ¿Cómo procedería como jueza?
- M.V.M.: ¿Mandan un oficio diciendo que se suspenda? ¿Como una medida de no innovar?
- A.C.: Es un amparo para que usted deje sin efecto la concesión que dio.
- M.V.M.: Me hace pensar en dos cosas…
- A.C.: Eso, que piense está bien…
- M.V.M.: No habría un problema de competencias, yo tengo el trámite minero que es competencia del juez de minas, la cuestión ambiental no es competencia del juez de minas; eso sería a través de la vía ordinaria y el fuero ordinario, o sea el fuero civil.
- A.C.: Es correcta la respuesta, pero ¿por qué?
- M.V.M.: Porque la ley 25.675 dice que…
- A.C.: Eso está bien, pero además, ¿por qué?
- M.V.M.: Por el artículo 87… bueno… por el artículo 87 acá podrían elegir el juez que quisieran.
- A.C.: ¿Y? ¿Además de eso? ¿Qué pasa con el tema de la resolución suya? ¿Es una resolución judicial o no?
- M.V.M.: La de la concesión de la mina, sí.
- A.C.: Es una resolución judicial…
- M.V.M.: Y el amparo no procede en contra de resoluciones judiciales, expresamente previsto en la constitución local.
- A.C.: Entonces no diga nada más, ahí está.
Mosmann, una de las que obtuvo mejor puntaje, estuvo señalada el año pasado tras presentarse a concursar por el cargo de juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. En aquella oportunidad se supo que, tanto ella como María Alejandra Gauffin, conocían de antemano el fallo que se utilizó como ejemplo para el examen. Las denuncias derivaron en amparos y la Corte Suprema ordenó que el polémico concurso se rehaga.
Las preguntas de los integrantes del consejo, que se reiteraron a lo largo de las 12 entrevistas, parecen presagios de situaciones futuras: amparos, manifestaciones y preguntas de la prensa. Quien ocupe el cargo deberá estar preparado para afrontar esas situaciones.
El otorgamiento de concesiones de explotación minera, el establecimiento de las indemnizaciones que correspondan a los propietarios por los daños causados durante la exploración y el mantenimiento de los registros de actividad minera, son algunas de las atribuciones de este juzgado.
El boom del oro blanco
En el territorio provincial hay casi 900.000 hectáreas para la extracción de litio que explotan varios emprendimientos mineros de capitales foráneos. Entre los más destacados se encuentra el del Salar del Rincón a cargo de la firma canadiense Enirgi Group y considerado el más grande del mundo. La francesa Erament, por su parte, tiene proyectada una inversión de U$S 400 millones en los salares Centenario – Ratones para este año. Por otro lado, la coreana Posco, prevé comenzar a operar en dos plantas donde se procesará el material extraído del salar de Hombre Muerto, en la puna salteña. La inversión rondaría los U$S 450 millones, según difundieron los partes oficiales luego de la reunión entre los asiáticos, el gobernador Juan Urtubey y la ministra de Producción Paula Bibini.
Desde las esferas del poder son conscientes desde hace tiempo que el boom del litio llegó para quedarse. A eso concretamente parecía referirse el mandatario provincial cuando propuso equilibrar las cuentas fiscales “fomentando la inversión y la producción”; maniobra que, además, le sirvió para establecer límites con el ajuste dispuesto desde la Casa Rosada.
Ahora bien, los estudios e informes sobre el impacto ambiental de la extracción de litio han proliferado en los últimos años, al mismo ritmo en que lo hicieron los emprendimientos mineros dedicados a esa actividad. Según se desprende del informe “Megaminería en el altiplano de Catamarca” -Marconi, Clark, Arengo y Genovese; 2017- para la obtención de una tonelada de este material en el llamado “triángulo del litio” -que comprende áreas de Salta, Jujuy, Catamarca y Chile- se necesitan 2.000.000 litros de agua. Si tomamos como referencia los tres proyectos citados anteriormente y la producción anual proyectada por las empresas, el cálculo es estratosférico: 95 mil toneladas anuales de litio, sólo en tres emprendimientos.
El procedimiento de extracción deja muy en claro esta realidad: “Se realizan pozos dentro de los salares y se extrae la salmuera que es una solución sobresaturada. Después se la vuelca en unos piletones de evaporación. El resultado es que tendremos salares cada vez más secos, como ocurre en Chile. Se trata de humedales donde el agua cumple un rol fundamental para la fauna y los sistemas microbianos” explicó a Cuarto Poder Enrique Derlindati, doctor en ciencias biológicas.
La publicidad oficial -con su respectivo rebote en los medios tradicionales- habla de desarrollo productivo y de la creación de cientos de puestos de trabajo; panorama que contrasta fuertemente con la realidad de algunas plantas de extracción que ya están en funcionamiento, como la de Hombre muerto, donde hoy trabajan cinco operarios o la de Llullaillaco, manejada por una veintena de hombres.