El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) tuvo una primera presentación en Salta que demuestra una regresión si se compara con el desempeño logrado en 2013 por el PO. De igual manera, el FIT, a nivel nacional y provincial, desde 2011 se mantiene como la izquierda anti-capitalista más votada. (Franco Hessling)
Si se toma como referencia la inesperada elección que hizo en la provincia el Partido Obrero (PO) en 2013, los resultados de ayer demuestran una regresión cuantitativa. Hay dos elementos cualitativos que la contrapesan: se desarrolló el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), por supuesto que anclado en la estructura mayor del PO, y el FIT se mantiene como la fuerza de izquierda anti-capitalista más votada, tanto en la provincia como en el país. Desde 2011, el FIT se constituyó y aún está integrado está integrado por el PO, el Partido Socialista de los Trabajadores (PTS) e Izquierda Socialista (IS).
La tendencia de resultados oficiales conocidos anoche indicaba que en la disputa por la diputación nacional, en la que Pablo López buscará retener su banca en octubre, el FIT obtuvo alrededor del 8% de los sufragios de las PASO.
La otra que intentará continuar en su escaño es la actual senadora por el departamento capital, Gabriela Cerrano, quien ayer cosechó aproximadamente 5% de los votos. Tuvo un desempeño resonante dentro de la cámara más palaciega de la Legislatura provincial pero eso no se trasladó a la elección de ayer, muy por debajo del frente oficialista, Unidad y Renovación, que encabezó la elección rondando el 45% de los votos.
En tercer lugar, Claudio del Plá también ansía renovar su lugar actual en la Cámara Baja de la Legislatura local. Ayer conquistó cerca del 5,5%, quedó muy rezagado en la compulsa hegemonizada por Bettina Romero (10%) y Manuel Santiago Godoy (8%). En el plano doméstico, el Concejo Deliberante capitalino, Cristina Foffani se alzó con alrededor del 6% de los sufragios. El cuerpo capitalino se renueva íntegramente cada dos años, en 2013 el PO tuvo 9 bancas sobre 21, en 2015 contó con tres, y en con estos resultados, el FIT podría conseguir una para el período 2017-2019.
Una de las claves para que los partidos tomados por asalto hace cuatro años se unieran para deslegitimar al PO como fuerza de distinción fue que los candidatos de la fuerza provincial, ahora integrados en el FIT, son los mismos desde hace varias elecciones. Con el argumento de que “son los mismos de siempre”, el resto de partidos y alianzas de arribistas intentaron que el PO fuera igualado a ellos para que la población desmoralizada se convenciera que éste no representa una alternativa, que tiene sus mismas prácticas y que encima son menos “operativos” en la “gestión” del Estado. El clima de desencanto con la política de conjunto, como si todos hiciesen las mismas cosas, es una ventaja para los que ya tienen el poder, conviene decir que el PO es más de lo mismo.
En aquel 2013, sólo por traer algunos números para parangonar, Pablo López atesoró el 19,11% de los votos en la toda la provincia, sólo superado por el 20,57% de Guillermo Durand Cornejo y por encima del 19,05% de Evita Isa, la candidata del Partido Justicialista. En Capital, donde históricamente se congrega alrededor del 40% del electorado, López fue el candidato más votado con el 28,39% de los votos.
El “fracaso” inventado
Los dobles estándares son más utilizados de lo que se cree: están los ciudadanos de primera y los de segunda (como los pueblos originarios), están los que pregonan una moral ascética pero se comportan como libertinos (como Alfredo Olmedo) y, sólo por mencionar algo más, están los que observan corrupción sólo en ciertos partidos, negando incluso evidencias contundentes (dialéctica que les cabe los kirchneristas-peronistas con los macristas y viceversa). Ahora sumemos un nuevo doble estándar para analizar lo sucedido en Salta en los últimos años con la izquierda anti-capitalista de extracción trostkista, referenciada principalmente en el Partido Obrero (PO).
La lectura más simplista diría que desde la antológica victoria de 2013, el PO recayó en una serie de decisiones desafortunadas -en términos de oportunismo político- y acabó llevando al fracaso el respaldo que la ciudadanía había volcado en las urnas. Una mirada un tanto más incisiva permitirá decir que esa primera lectura obedece al siguiente doble estándar: se instaló la idea que el PO, por vivar las ideas del socialismo, en dos años -entre 2013 y 2015-, debía cambiar de modo auspicioso la realidad de los salteños -basándose en la idea que tenían nueve concejales sobre veintiuno que hay en la capital, la senadora por la misma jurisdicción, tres diputados provinciales y un diputado nacional-; se le concedió dos años a una fuerza minúscula para que “cambie la realidad”, al tiempo que a otros partidos pretendidamente populares, como las innumerables manifestaciones peronistas, se les viene perdonando que no hagan lo que dicen desde hace más de sesenta años, pese a que no sólo hicieron una buena elección legislativa en un distrito marginal (Salta representa menos del 3% del padrón electoral nacional), sino que muchas veces gobernaron la nación, la provincia y el municipio.
Planteado ese trasfondo para el análisis, volvamos a 2013. Cuando el PO irrumpió en el fragmentado elenco político salteño, que se dividió entre un Rodolfo Urtubey resistido, un Olmedo que venía de posicionarse como segunda fuerza en la elección a gobernador de 2011, y un Juan Carlos Romero que pretendía renovar su banca en el Congreso nacional, la oligarquía política salteña comprendió que no podía permitirse polarizar con una izquierda sin intenciones de negociar. En el PO se canalizó voto bronca, es cierto, pero también se cosechó el fruto de haberse mantenido impoluto de los vicios comunes a esos partidos y referentes tradicionales (sin clientelismo, sin asistencialismo, sin corrupción, sin coacción, sin extorsión y sin punterismo). A esa actitud la mencionan como “independencia política”, y por esa característica es que la estrategia discursiva de la oligarquía política fue unificada: no negar sus propios vicios políticos, sino tratar de igualar a la izquierda con esas prácticas.
¿Qué significó que la oligarquía política salteña comprenda que no debía polarizar con esa izquierda? Que pusieran todos sus medios a disposición, de manera unificada, para que el paso del PO por las instancias legislativas mencionadas fuera analizado como un “fracaso” (el doble estándar que antes mencionábamos). Entonces nadie recuerda que Romero tiene una decena de causas por corrupción, que Urtubey malgasta dineros públicos en posicionarse personalmente en los medios nacionales, o que Manuel Santiago Godoy presidió la Cámara Baja provincial el último quinquenio, justificando las sórdidas decisiones de Romero, primero, y de Urtubey después. Toda la culpa de los pesares salteños era del PO, que desde 2013 a 2015, sin ningún cargo en poderes ejecutivos, no había podido instalar una sociedad igualitaria, tal como indican sus ideales. Decían.
Ahora bien, pese a ese doble estándar, el PO extremó su principio de “independencia política” y mostró falta de destreza para imponerse en el Concejo Deliberante capitalino, único organismo parlamentario en el que tenían una primera minoría (9 ediles sobre 21 totales), lo que hacía suponer como obvia su hegemonía política. No pudieron alzarse con la presidencia del cuerpo legislativo, ni siquiera colocaron a alguno de sus ediles entre las autoridades, y fracasaron en explicar esa situación a la ciudadanía. Ciertamente, los dueños de los grandes medios de comunicación salteños estaban unidos en la cruzada de la oligarquía política, empeñada en foguear el discurso del “fracaso” del PO. Aún más, todas las avanzadas que se votaron y aprobaron, fueron demoradas y hasta vetadas por el entonces intendente y actual vicegobernador, Miguel Ángel Isa (límites a las multas por infracciones de tránsito para recuperar rápidamente los vehículos saqueados en los canchones, entre otras).
En el corto plazo, a cuatro años de aquella histórica elección, el PO paga caro su aferramiento a principios políticos propios de una ideología socialista con poco lugar en el sentido común salteño y argentino (como la mencionada “independencia política”). Sucede que está extendida la idea de que la política representativa debe avocarse exclusivamente a solucionar problemas inmediatos de la población, algo que el PO no pudo realizar en su apogeo (2013-2015). Sin negar que ésa sea una de las responsabilidades de los cargos electivos, la izquierda anti-capitalista desarrolla una estrategia política más allá de la “gestión” de soluciones para los problemas de la ciudadanía. Aunque esa estrategia pueda ser loable y coherente, dejó de lado ese otro costado de administración de acciones concretas, tan redituable para los espacios políticos sin tantos principios y con más oportunismo.
En el mediano plazo, el modo de construcción política basada en principios como la independencia ante los partidos que defienden el capitalismo -sea en sus variantes salvajes o sea con las de “rostro humano”-, los dirigentes del PO proyectan que es la forma de mostrar una alternativa real.
Es justamente por esa independencia que Pablo López rechazó la expulsión al diputado kirchnerista Julio De Vido con el mismo tesón que repudió el pago a los fondos buitres, las leyes de persecución a la protesta social del gobierno nacional anterior (Proyecto X y ley anti-terrorista), y el “dietazo” que se arrogaron los legisladores del Congreso este año.