Como si la democracia salteña se desangrara por su partida, los diputados históricos salientes se suben el precio entre referencias autobiográficas y acusaciones tardías. Aquí algunos motivos por los cuales no van a ser tan extrañados como sugieren.
El inminente recambio legislativo que culminará con la carrera de un puñado de añosos ya se palpa en el lamento de los derrotados y en otras manifestaciones lameloides dentro y fuera del recinto. Aunque abundaron las insinuaciones y cruces sobre la trayectoria política de los legisladores, el tono autorreferencial de la última sesión de la cámara baja bordeó el onanismo.
Por más inaudito que parezca, hay quienes pronostican insalvables pérdidas democráticas y una brutal caída en el nivel de las discusiones legislativas tras la jubilación de los «históricos». Algunos, empalagados de verborragia, se atrevieron a catalogar el fenómeno como «fuga de cerebros», aunque el contenido de los últimos debates no haya dado ni por asomo con la talla de la definición. Instaurar el día provincial de las iglesias evangélicas, declarar al cebil colorado como árbol histórico y adherir a la ley nacional que reconoce el «derecho a recibir educación sobre folklore», fueron algunas de las iniciativas propuestas en la última asamblea; aunque, como se dijo, el grueso de los conceptos vertidos estuvo referido a los propios legisladores.
Particularmente, la expropiación de un inmueble en Cerrillos para la construcción de una planta de líquidos cloacales disparó un racimo de señalamientos que bien podrán haberse hecho a su tiempo. La corrupción ligada a la obra pública y las nefastas consecuencias que supuso para la economía provincial se pusieron sobre la mesa a días de que muchos de los responsables de la catástrofe se vayan a sus casas. Tal parece que el estigma eterno de los planes fallidos de obras durante la gestión «U», sólo se trae a colación cuando no representa peligro alguno para sus antiguos promotores.
Si algo quedó claro durante la sesión del pasado martes 5 de octubre es que ninguno de los jeques salientes acusará recibo por su responsabilidad en el cataclismo social y económico de las últimas décadas. Cuando se le dio la palabra, el siempre oficialista Pedro Sández sostuvo: “Como legislador de hace varios años, no me puedo hacer cargo de las políticas mal llevadas. En el departamento de Anta, el municipio de Quebrachal, no tiene cloacas, al igual que los pueblos intermedios de Gaona y Talavera… eso es realmente lamentable y hay fondos que se fugaron».
Pero las palabras del diputado anteño se estrellan contra su historial de férreo defensor de negocios como el frustrado Fondo de Reparación Histórica, un antecedente que comparte con el repentinamente crítico Ramón Jesús Villa. En una conferencia orquestada por la secretaría de Prensa y Comunicación años después del lanzamiento del mentado plan, el representante del departamento más pobre del país declaró: “cuando el Gobernador recorrió el departamento hablaba de una reparación histórica, por eso reivindico la actitud de Juan Manuel Urtubey al cumplir con su palabra”.
Pero el más necesitado de redención, a juzgar por sus acotaciones más recientes, parece ser el sempiterno Manuel Santiago Godoy. Sin que nadie se lo preguntara, sacó a relucir que tiene vigentes 110 proyectos desde que llegó a la cámara, los que repartidos en sus 22 años como legislador contabilizan apenas 5 proyectos por período. Sin embargo, en el repaso de su carrera, el legislador de notable versatilidad ideológica omitió una serie de capítulos.
Cap. I: Primero la familia
Su desempeño en la función pública inició en 1984 como Juez de Instrucción Formal durante la gobernación de Roberto Romero. De allí saltó a la secretaría de Gobierno bajo la órbita del ministro Marcelo López Arias. En 1986 fue designado asesor del IPSS, cargo que ejerció hasta 1994. Fue Coordinador Regional de Relaciones Institucionales del Ministerio de la Producción en el período 1995-1999 y desde entonces ocupa una banca en la Cámara de Diputados de la provincia.
Sus 37 años de facturación ininterrumpida al estado le significaron un inexorable desgaste que se tradujo en el abandono de la aventura electoral de este año, aunque para entonces ya había dejado bien ubicada a su prole. La agencia de acomodamiento familiar en la que convirtió al estado tuvo como primer beneficiario a su hijo Santiago, quien pasó de la secretaría de Defensa del consumidor a la secretaría de Gobierno y de allí a otros cargos públicos de menor exposición. Su otro hijo Lucas supo tributar los beneficios de encontrarse siempre en los lugares más privilegiados de las listas. Fue así que saltó de la legislatura provincial al congreso de la Nación en diciembre de 2019, luego de que su padre le cediera la CAP del PJ a Pablo Outes. No menos exitosa fue la carrera de su hija Natalia, una abogada que se desempeña desde 2018 como directora de Inversora Juramento, la empresa que fundó el fallecido Jorge Horacio Brito en 1990 y que posee ochenta mil hectáreas en Salta. Demás está aclarar que, por más privado que parezca el cargo, funciona sobre un entramado de vínculos estrechos con el poder y el estado.
Cap. II: Transparencia, ante todo
En el año 2011, el cuñado de Godoy, asesor de la Cámara de Diputados y apoderado del Partido Justicialista, Luis Alberto Díaz, protagonizó uno de los más escandalosos fraudes vinculados a la compra-venta de tierras en Salta. Según la cédula parcelaria de la matrícula 12449 de la localidad de Tolloche, en el departamento de Anta, Díaz recibió 445 hectáreas el 26 de noviembre de 2007 con una hipoteca de $50.000 y las vendió a un santafesino (Antonio Cristian Fenosa) por $180.000 un año y medio después pese a que el decreto de adjudicación prohibía enajenar esas tierras por 10 años.
Díaz había declarado estar soltero a pesar de que se encontraba casado desde 1978 con Graciela Godoy, hermana del «indio», un artilugio que le permitió evadir cuestionamientos. Luego del escándalo los lotes sospechados fueron desadjudicados.
Un poco más adelante en el tiempo, en 2020 para ser precisos, el ex Secretario Administrativo de la gestión Godoy, José “Pepe” Alfieri, denunció ante la policía local que dos personas armadas lo despertaron en su domicilio de calle Junín al 1300, y que en forma violenta le robaron 20 millones de pesos que guardaba en su domicilio. Específicamente en la denuncia, el ex funcionario precisó que le sustrajeron 170 mil dólares y 30 mil euros, en un robo que hasta hoy no fue esclarecido, como tampoco habría sido justificado el origen del dinero. A pesar de que el secretario debía haber presentado una declaración jurada, jamás se llegó a dilucidar si se trataba o no de dinero público, por lo que sus pares decidieron montar una escena de «preocupación» involucrando nada menos que a la Auditoría General de la Provincia. No hace falta aclarar cuál fue el derrotero de la investigación.
A lo largo de su carrera legislativa, el «indio» enfrentó severos cuestionamientos por el uso discrecional de «fondos reservados», una suerte de agujero negro en la disposición de los recursos públicos. Pasajes de avión, estadías, alquileres, eventos, servicios de catering, son algunos de los ítems que podrían encuadrarse en la nebulosa de los «gastos reservados». El año pasado también estuvo en el ojo de la tormenta por haber sido receptor de las primeras vacunas disponibles en el país. Por entonces la explicación del diputado giró en torno a su edad (73 años), aunque reconoció que, a diferencia de cualquier mortal común, el inmunizante le fue llevado a domicilio.
Cap. III: El grupito del fondo
Junto a los salientes Pedro Sández y Ramón Jesús Villa, el «indio» supo consentir y acompañar todos y cada uno de los lineamientos del poder político, lo que implicó entre otras cosas argumentar a favor de los fondos de Reparación Histórica y del Bicentenario. En el caso del primero, se creó en noviembre de 2011 por ley provincial 7691. El objetivo de su constitución fue generar financiamiento para realizar obras de infraestructura, saneamiento, educación, salud, entre otras.
El ambicioso plan que debería haber concluido en 2015, tenía prevista una financiación con los recursos provenientes de títulos de deuda. La ley autorizó al Poder Ejecutivo a emitirlos y colocarlos en el mercado local e internacional por un monto total de hasta 220 millones de dólares.
A una década del aparatoso acto inaugural llevado a cabo en la ciudad de Embarcación, los ejemplos del fracaso se encuentran a raudales. Algunas obras fueron directamente borradas de los registros, otras jamás llegaron a concluirse o pasaron a formar parte de otros planes de obras, tal es el caso de: la planta depuradora de Orán, el mercado municipal de Orán, la terminal ómnibus de Morillo, la Escuela de Educación especial de Cnel. Juan Solá, la planta de líquidos cloacales de Pichanal, la colectora máxima de Pichanal, la planta depuradora de Yrigoyen, entre otras.
Cap. IV: Un tipo ubicuo
El post-urtubeycismo encontró al «indio» trabajando en un nuevo designio: el partido «Igualar». En declaraciones a Godoy/12: el diputado aclaró que ideológicamente se ubican como un “partido progresista, y con una mirada hacia la participación y el involucramiento del Estado como actor principal”. Y añadió que es «una opción más, en el marco de la crisis de los tradicionales partidos políticos. Una opción moderna, que busca formar a sus cuadros en gestión, en política, y que toma lo mejor del yrigoyenismo, porque hay gente que viene del radicalismo, y del peronismo”.
El zigzagueo ideológico constante lo condujo de la derecha neoliberal más rancia, al centrismo urtubeycista para recalar finalmente en un engendro progresista que, ahora dice, tiene alguito de Yrigoyen. Tal parece, a la luz del mensaje electoral, que en el albergue de la política no siempre hay amparo para la desvergüenza y la ubicuidad.