Un hombre procedente de Tucumán ha sido acusado de llevar a cabo estafas a través de grupos de Telegram. En dichos espacios, promocionaba descuentos del 50% para pagar servicios y facturas.
Se llevó adelante un proceso judicial por una maniobra fraudulenta que operaba a través de internet, ofreciendo beneficios engañosos para el pago de servicios. Todo comenzó tras la recepción de denuncias que alertaron sobre actividades irregulares en un grupo de Telegram denominado en su momento “Realeza Salteña XX”. En ese espacio se promocionaba un supuesto servicio muy atractivo: abonar cualquier factura con un descuento del 50% sobre su valor real. El mecanismo que presentaban era sencillo: la persona interesada debía transferir ese monto reducido a una cuenta bancaria indicada por quien administraba el grupo, y poco después recibía el comprobante que acreditaba que su cuenta había quedado saldada por completo.
Detrás de esa propuesta se ocultaba un delito organizado. La estafa era posible porque quienes manejaban el grupo obtenían de manera ilegal la información confidencial de tarjetas de crédito pertenecientes a terceras personas. Con esos datos ajenos, realizaban el pago total de las facturas de quienes confiaban en el servicio, mientras se quedaban con todo el dinero que habían recibido de estos últimos.
A partir de las denuncias, se inició una investigación detallada que permitió identificar los perfiles digitales y cuentas bancarias vinculadas a la actividad, además de rastrear importantes movimientos financieros que ascendían a sumas millonarias. Como resultado de este trabajo, se llevó adelante el juicio abreviado contra Eber Manuel Pucheta, quien fue acusado como responsable de haber cometido reiterados hechos de estafa mediante el uso indebido de datos de tarjetas de crédito, conducta tipificada en el artículo 173, inciso 15 del Código Penal.
Tras prestar su declaración y reconocer los hechos, se llegó a un acuerdo entre las partes. La jueza del distrito Centro, Paola Marocco, resolvió entonces dictar sentencia: condenó al imputado a tres años de prisión con ejecución condicional, lo que implica que no deberá permanecer en la cárcel siempre que cumpla con ciertas reglas de conducta establecidas por la justicia.
Además, en concepto de reparación integral por el daño causado, deberá abonar la suma de 14 millones de pesos. Este dinero tendrá como destino fines sociales y humanitarios, y será distribuido entre las áreas de Salud Pública y Defensa Civil para ser utilizado en beneficio de la comunidad.