El Gobierno nacional dice que las rutas dejarán de financiarse con recursos públicos y pasarán a manos privadas. En Salta, sin embargo, no hay empresas haciéndose cargo de las rutas nacionales y el antecedente de las concesiones menemistas tampoco ofrece demasiadas certezas.
El Gobierno nacional volvió a poner en discusión el futuro de las rutas nacionales, pero esta vez con una definición que abre más preguntas de las que responde: según el vocero presidencial, Adrián Ravier, el Estado dejará progresivamente de hacerse cargo de la infraestructura vial y el mantenimiento quedará en manos de inversores privados. La explicación oficial es que se trata de un “cambio de paradigma” hacia un modelo que, según el funcionario, tuvo éxito en otros países.
La novedad llega pocos días después de que el propio Gobierno reconociera que los fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles no están siendo destinados a las obras viales para las que fueron previstos. Mientras tanto, el tributo continúa cobrándose y volvió a aumentar este viernes. La discusión sobre el destino de esa recaudación, por lo tanto, sigue abierta: Ravier tampoco explicó qué ocurrirá con los recursos del SisVial ni con el dinero que permanece colocado en instrumentos financieros.
El nuevo esquema anunciado tampoco parece tener, al menos por ahora, un correlato concreto en Salta. No hay empresas privadas haciéndose cargo de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, ni inversiones privadas que estén reemplazando las obras que dejaron de ejecutarse desde Nación. La ruta 9/34, deteriorada durante años y convertida en uno de los ejemplos más visibles del abandono de la infraestructura vial nacional, continúa siendo una responsabilidad que el Estado no logra resolver.
La idea de que el capital privado pueda hacerse cargo de las rutas tampoco es completamente novedosa en la Argentina. Durante el menemismo se implementó un amplio esquema de concesiones de rutas nacionales, bajo el argumento de que los privados permitirían mejorar la infraestructura y garantizar el mantenimiento mediante el cobro de peajes. El resultado estuvo lejos de constituir una solución definitiva: hubo cuestionamientos por el estado de las rutas, renegociaciones de contratos, subsidios y modificaciones sucesivas del esquema.
El punto central, entonces, es cómo funcionaría ahora el modelo que propone el Gobierno. Ravier habló de inversiones privadas, pero no explicó qué rutas serían atractivas para esos capitales, bajo qué condiciones se otorgarían las concesiones, quién asumiría las obras iniciales ni cómo se garantizaría el mantenimiento de corredores que tienen una importancia estratégica pero que pueden no resultar rentables por sí mismos. Tampoco quedó claro qué papel conservará el Estado en aquellos caminos donde el negocio privado no aparezca.
Mientras esas preguntas permanecen sin respuesta, las provincias siguen enfrentando las consecuencias del deterioro de la red vial nacional. En Salta, donde buena parte de la actividad productiva depende de corredores que conectan regiones, fronteras y centros urbanos, el problema no se resuelve simplemente anunciando que llegarán inversores privados. Por ahora, la promesa de las “rutas privadas” es apenas eso: una nueva definición del Gobierno nacional que todavía no encuentra un solo kilómetro concreto de ruta privada en territorio salteño.