El procurador Pedro García Castiella, ratificó la acusación contra el juez de Orán por su actuación ante la fuga de Lino Ademar Moreno, condenado a prisión perpetua en 2010 por ser el sicario que asesinó a la productora rural Liliana Ledesma en septiembre de 2006.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que Pedro García Castiella se expidió sobre la necesidad de admitir la acusación oportunamente efectuada contra el juez Edgardo Laurenci por su actuación ante la fuga del condenado.
El pasado 28 de septiembre, el procurador general acusó ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados a Laurenci por haber otorgado una salida transitoria -de la cual nunca regresó- al preso que había sido condenado a prisión perpetua por el crimen de Ledesma.
García Castiella consideró que el accionar del juez constituyó mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de sus deberes como magistrado jurisdiccional, en relación con la fuga de Moreno, por lo que solicitó su destitución.
Por el crimen de Ledesma, el 3 de noviembre pasado fueron condenados a prisión perpetua los hermanos Delfín Reynaldo y Raúl Amando «Hula» Castedo, como coautores del delito de «homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas».
Justamente, Laurenci formó parte de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán que estuvo a cargo de este juicio -que sufrió siete suspensiones por maniobras de la defensa-, junto a sus pares Raúl Fernando López y Claudio Alejandro Parisi.
Tal como lo prevé la Ley 7138, el Jurado de Enjuiciamiento corrió vista al denunciado para que conteste la acusación y ofrezca pruebas, e hizo lo propio al procurador general.
En respuesta de esa vista, García Castiella ratificó hoy su posición y se expidió sobre la admisibilidad formal de la acusación, ya que ese es el sentido de la opinión que se le requirió en esta instancia -hecho que implica solicitar la apertura formal del procedimiento de enjuiciamiento y la suspensión preventiva del acusado-.
En el escrito presentado esta mañana se destacó que la acusación formulada cumple adecuadamente con los requisitos legales, pues individualizó correctamente al magistrado que se acusa.
Además, contiene una exposición clara y precisa de los hechos en que se funda, una adecuada relación entre el contenido fáctico y las normas que se enuncian, y una explicación somera de las causales constitucionales y legales previstas, por lo que se solicita el juicio y, por último, un adelanto de la prueba que se ofrece para la instancia de debate.
El procurador general señaló que resulta relevante, pertinente y conveniente que el Jurado se expida sobre la admisión de la acusación, para que la sociedad salteña tenga la oportunidad de conocer, mediante la correspondiente audiencia de debate oral y pública, los graves hechos denunciados.
Asimismo, se visualice la prueba que allí se producirá, la defensa que pueda articular el denunciado y, en definitiva, la valoración sobre si Laurenci está o no en condiciones de seguir ejerciendo la magistratura jurisdiccional.
Se trata del incidente de Ejecución de Sentencia de Moreno, quien fue condenado en 2010 al ser considerado el «sicario» que asesinó a Ledesma.
Moreno cumplía la pena de prisión perpetua en la Unidad Carcelaria 3 de Orán, en Salta, pero hace unos meses el juez Laurenci le otorgó una salida transitoria de la cual nunca regresó.
Por el homicidio de Ledesma, en ese primer juicio de 2010 fueron condenados también a la pena de prisión perpetua María Gabriela Aparicio, Aníbal Tárraga y Casimiro Torres, mientras que Patricia Guerra recibió una pena de diez años de prisión y Juan Moreno de cuatro años de prisión efectiva.
El crimen de Ledesma fue cometido el 21 de septiembre de 2006 en una pasarela peatonal de la localidad de Salvador Mazza, ubicada en la frontera entre Salta y Bolivia, donde recibió siete puñaladas, dos de ellas mortales -en el estómago y en el corazón-.
A la vez, le hicieron un tajo que comenzaba en el labio superior y terminaba abriendo el inferior, dejando al descubierto dientes y encías, lo que fue interpretado como un mensaje mafioso.
Días antes de ser asesinada, la víctima había denunciado públicamente a los Castedo y al entonces diputado provincial Ernesto Aparicio -hermano de la condenada María Gabriela y fallecido en 2013- por cerrar un camino vecinal que unía Salvador Mazza con Bolivia, para utilizarlo para traficar drogas.
De acuerdo con las pesquisas, el clan Castedo era dueño de 28 mil hectáreas en dicha localidad salteña y campos de similares proporciones del lado boliviano, y se cree que contaban con la protección del exjuez federal de Orán, Raúl Reynoso, condenado en marzo de 2019 a 13 años de prisión.