A pesar de su cercanía con el macrismo, el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, no estuvo exento del espionaje. 

 

El encargado de su seguimiento fue Franco Pini, miembro de la banda de Marcelo Sebastián D’Alessio. Resulta que Pini utilizaba sus claves personales para buscar en las bases de la Dirección Nacional de Migraciones las entradas y salidas del país de distintos blancos que se había trazado la asociación ilícita que tenía al falso abogado como referente. Entre ellos estaba Rosenkrantz, su exsocio Gabriel Bouzat, la actual vicegobernadora bonaerense Verónica Magario y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Por esa causa, el Juez Ramos Padilla le abrió procesamiento a él también.

El interés sobre los movimientos de Rosenkrantz apareció semanas antes de que el jurista se incorporara a la Corte Suprema. Pini ingresó el 25 de julio de 2016 cuatro veces a la base de datos de Migraciones para revisar las entradas y salidas del país de Rosenkrantz y de Bouzat. Lo hizo usando distintos criterios de búsqueda.

Rosenkrantz se sumó al Supremo Tribunal el 22 de agosto de ese año.

El 6 de febrero del año pasado, cuando Ramos Padilla allanó a D’Alessio en el country donde vivía, encontró en su poder el resultado de las búsquedas sobre el socio de Rosenkrantz. En esas copias, D’Alessio había resaltado en color rojo los viajes de Bouzat a Panamá y en amarillo las visitas a Paraguay.

En la indagatoria, Rolando Barreiro, compinche de D’Alessio, declaró que el falso abogado le había contado que estaba monitoreando los viajes de los dos jueces designados durante el gobierno de Mauricio Macri, Rosenkrantz y Rosatti y que les iba a costar explicar tantas visitas a Panamá. Fuentes cercanas a Rosatti desmintieron que haya pasado más que una vez por Panamá.

“Si la búsqueda tuviera que ver con la posibilidad de que una persona tuviera cuentas o empresas off shore, conocer sus destinos en el exterior es clave”, afirmó Ramos Padilla.

Además de Rosenkrantz y Bouzat, Pini husmeó en los movimientos migratorios del extitular de la Aduana Juan José Gómez Centurión, de la entonces intendenta de La Matanza y actual vicegobernadora bonaerense Verónica Magario y del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

También revisó los viajes de dos despachantes de aduana, Juan Pablo di Pierro y Gabriel Traficante, así como los del secretario ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Pablo Ariel Toviggino.

Pini utilizaba sus credenciales como integrante de la Prefectura, para espiar a quienes eran blancos de la banda de D’Alessio.

Si bien hay una coincidencia temática en los intereses, no se pudo determinar todavía cómo era el vínculo entre Pini y el grupo que tenía una terminal en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), no hay mensajes entre Pini y D’Alessio u otro integrante del grupo. Aunque es claro que Pini abusó de sus funciones para obtener información de acceso restringido, que, casualmente, después aparecía en poder de la organización de D’Alessio. Con este procesamiento queda claro que D’Alessio tenía anclajes en distintos resortes del Estado.